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La cumbre convocada ayer, con el fin de espantar el fantasma de la guerra verde que se cierne sobre el occidente de Boyacá, tuvo un gran ausente: Pedro Nel Rincón, alias Pedro Orejas. El esmeraldero fue detenido justo cuando se movilizaba hacia Chiquinquirá (Boyacá) para formar parte del encuentro citadas para evitar un nuevo conflicto en esa zona tras el atentado perpetrado el pasado 9 de noviembre, precisamente, en su contra.
El empresario fue capturado a 500 metros del casco urbano de Maripí (Boyacá) por agentes del CTI de la Fiscalía. La justicia lo investigan por los delitos de concierto para delinquir y porte ilegal de armas. De acuerdo con las autoridades, durante un allanamiento realizado el 30 de abril de 2008 en una finca de su propiedad, ubicada en Boyacá, se encontraron 10 tulas repletas de armas, al parecer, de propiedad de bandas criminales.
Por ello, las autoridades investigan los presuntos nexos del empresario con grupos ilegales, precisamente, con la estructura del fallecido Pedro Oliveiro Guerrero, alias Cuchillo, con quien en su momento se vinculó con su hermano Ómar. Hasta su muerte, en diciembre de 2010, Cuchillo fue amo y señor de los Llanos Orientales.
Y, al parecer, fue uno de los responsables del ataque perpetrado en 2010 en contra del zar de las esmeraldas, Víctor Carranza, fallecido este año y reemplazado en la cima del gremio de los esmeralderos, precisamente, por el mismo Pedro Orejas, quien ayer en la tarde fue trasladado de su imperio en el occidente de Boyacá a Tunja, donde será procesado. Hoy, a las 11 de la mañana, se espera que se realice la audiencia de legalización de captura e imputación de cargos en su contra.
No es la primera vez que el esmeraldero enfrenta un proceso en su contra. De hecho, desde hace 25 años, el esmeraldero Pedro Nel Rincón ha tenido problemas con la justicia. El 23 de noviembre de 1988 fue condenado por el Juzgado Primero Especializado de Tunja a 10 años de cárcel por el delito de porte ilegal de armas. Sin embargo, gracias a varias tutelas interpuestas, no estuvo preso ni la mitad de ese tiempo.
En 2008, en medio de una purga para acabar con los ejércitos privados, la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad le quitó la licencia a Gemacol, la empresa que hasta ese momento se encargaba de su seguridad. Luego, el 22 de marzo de 2009, fue detenido por el asesinato de Miguel Pinilla, perpetrado el 1° de mayo de 2008. Pinilla era el escolta del esmeraldero Maximiliano Cañón y hermano del exconcejal de Pauna (Boyacá) Luis Enrique Pinilla. Fue asesinado frente a casi 30 personas, al parecer, por Pedro Orejas.
Pese a los testimonios en su contra, el esmeraldero fue absuelto y dejado en libertad el 30 de diciembre de 2009. Ese mismo año fue investigado por la desaparición de Yesid Ernesto González Cuéllar, de quien no se ha vuelto a saber nada desde que, en octubre de 2006, se reunió en Pacho (Cundinamarca) con Oswaldo Sánchez Achury, alias Wálter, un cuestionado lugarteniente de Orejas.
El esmeraldero fue vinculado al proceso e, incluso, se le escuchó en indagatoria. No obstante, y pese a algunos señalamientos en su contra, fue absuelto el 3 de diciembre de 2009.
Sin embargo, tras varias investigaciones, las autoridades pudieron constatar que en estos dos procesos hubo todo un complot para favorecer a Orejas y que tuvo como una de sus protagonistas a la fiscal Mónica Patricia González, quien fue sobornada para que ayudara al esmeraldero a salir bien librado en uno de estos dos casos. González ya fue condenada por estos hechos. Por su parte, el ente investigador sigue analizando si reabre estos procesos contra Orejas.
La cumbre
Pese a su ausencia, esta semana fueron convocados varios encuentros para que entre los esmeralderos y el Gobierno se lleguen a acuerdos que eviten una nueva guerra verde. En entrevista con El Espectador, el gobernador de Boyacá, Juan Carlos Granados, indicó que el fin no es otro que “recomponer un proceso de paz que lleva 23 años y en el que vale la pena hacer todos los esfuerzos para mantenerlo”.
Y solicitó vehemente que el Estado haga presencia permanente en el occidente de Boyacá. “Desde el Ministerio de Minas se tiene que reglamentar la actividad esmeraldífera. Debe haber presencia de la Superintendencia de Seguridad y Vigilancia para revisar las empresas que proveen los esquemas de seguridad. Y también de la justicia para que pueda determinar, para el bien de los empresarios que realizan sus actividades desde la legalidad, quiénes actúan al margen de la ley para limpiar el negocio, porque si no perjudica un departamento que vive en paz”. Ahora, los esmeralderos intentan salir de una crisis que tiene como protagonista a un hombre preso.
Sebastián Jiménez Herrera
jjimenez@elespectador.com
@juansjimenezh