![Algunas peticiones han resultado insólitas para los jueces. / Archivo El Espectador](https://www.elespectador.com/resizer/v2/LU3GDM3H6JFCLAZLCY6MJWTFPE.jpg?auth=f9b405ea678a8f4de176407d24207050f543fd29be96c9bfebb3461338ed2416&width=920&height=613&smart=true&quality=60)
La tutela es considerada como uno de los grandes avances constitucionales para garantizar los derechos fundamentales. Sin embargo, la medida se ha convertido en una herramienta muchas veces mal utilizada, que solamente atiborra de folios, con las solicitudes más insólitas, a los ya congestionados despachos judiciales.
Los casos que han llegado a las altas corporaciones son tan insólitos que han sido objeto de burla por lo curioso de las peticiones. Sin embargo, algunos ciudadanos han logrado beneficiarse. Hace poco se registró el caso de “Negro”, el primer canino que interpuso una tutela en Colombia. Un perro de raza criolla que se encontraba abandonado en las calles del barrio Paseo de la Feria, de Bucaramanga. Entre varias personas hicieron una recolecta para llevarlo a una veterinaria, donde le hicieron radiografías y, posteriormente, fue operado. Pero la colecta no alcanzó para los gastos de la rehabilitación y el posoperatorio de “Negro”.
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Por esta razón, Ludwing Mantilla Castro, abogado y director de Santander por la Naturaleza, decidió encargarse de la primera tutela interpuesta por un perro en Colombia. El juez tercero laboral del circuito de Bucaramanga, Luis Orlando Galeano Hurtado, negó la petición tras establecer que el animal no es sujeto de derechos fundamentales y, por tanto, no se puede exigir su protección por medio de una acción de tutela. El abogado aseguró que impugnará la decisión.
Pero no todos los casos son descartados por los tribunales. El Consejo de Estado, por ejemplo, falló una tutela en la que se pedía la nulidad de una norma expedida por la Policía en 1997, que permitía el uso del bigote únicamente a los oficiales desde el grado de capitán, los suboficiales y personal del nivel ejecutivo a partir de sargento segundo o intendente respectivamente.
La Sección Primera, con ponencia de la magistrada María Claudia Rojas Lasso, consideró que dicha disposición violaba el derecho de igualdad de los miembros de la Policía Nacional, ya que arbitrariamente impedía a unos miembros de la institución usar bigote.(En contrexto: Consejo de Estado tumbó la norma que limitaba el uso de bigote en la Policía Nacional)
Otro caso fue el de un paciente en Bogotá que fue diagnosticado con una adicción al sexo. Este logró una sentencia que obligaba a su EPS a proveerle una muñeca inflable con repuesto. La curiosa petición del paciente a la EPS – Sanitas, fue avalada por un juez quien consideró que, de no suplirse esta necesidad, se estaba violando el derecho a la salud, según registró en un informe la Comisión de Regulación en Salud (Cres)
En el informe de la organización Cres también se registra un caso en Montería, por ejemplo, de un paciente que requería lentes tuteló a la EPS porque la montura suministrada no cumplía con las condiciones ergonómicas que le favorecían y en la demanda exigió una montura Puma de $800.000.
Otro paciente pidió un carro para superar sus limitaciones físicas y uno más el pago del arriendo para poder aliviarse. Las peticiones fueron rechazadas por improcedentes.