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Son dos frentes de batalla en los que se mueve el Centro Democrático para tratar de demostrar que la campaña de Óscar Iván Zuluaga fue infiltrada por el gobierno de Juan Manuel Santos. El primero es en la Fiscalía, donde el pasado miércoles el abogado Jaime Granados interpuso una denuncia por siete delitos contra el jefe de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), almirante (r) Álvaro Echandía, y dos funcionarios de esa entidad por, supuestamente, haber orquestado la operación que ellos denominaron “Penetración”. (Vea: “¿Por qué ahora todo en el caso 'hacker' es sospechoso?”: Álvaro Echandía)
El segundo es en la Corte Suprema de Justicia, en el marco del proceso contra el expresidente Álvaro Uribe, en el que se ha tomado testimonio a 17 personas para lograr esclarecer qué sucedió durante la contienda presidencial en 2014. Fue en este escenario donde se abrió un nuevo capítulo el pasado 9 de noviembre, cuando el exdirector del CTI Julián Quintana rindió declaración bajo juramento. (Vea: "Ecos de las declaraciones del exdirector del CTI por el caso ‘hacker’")
Poco se sabía al respecto hasta que Quintana salió a los medios de comunicación a reiterar lo que dijo en la Corte: que el caso hacker nació de información que le entregó el almirante (r) Echandía y que la DNI estuvo detrás del proceso investigativo. Asimismo, que Echandía lo había citado cuatro días antes de rendir declaración en su casa y le había pedido que no mencionara el rol que cumplió la DNI a cambio de nombrarlo director de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF).
Quintana también se atrevió a decir ante La W Radio que nunca se demostró la filtración al proceso de paz en La Habana y que a Luis Alfonso Hoyos fue al único que le encontraron pruebas de que conocía las actividades ilícitas que realizaba el hacker Sepúlveda. Asimismo, aseguró que jamás violó la reserva del proceso al filtrar información por el respeto a la presunción de inocencia. Un panorama muy distinto al de mayo de 2015, cuando el exdirector del CTI aseguraba públicamente que Hoyos era el “autor intelectual” de todo este entramado. Por esas palabras fue denunciado y el Tribunal Superior de Bogotá lo obligó a retractarse.
El testimonio de Quintana creó un caos político. El Centro Democrático salió a asegurar que esa era la prueba de la infiltración del gobierno Santos en su campaña de 2014. Sin embargo, Echandía en entrevista con este diario, negó todo lo dicho por Quintana, consideró que sus argumentos eran “infantiles” y que violaban todos los protocolos de seguridad que debía conocer por ser exdirector del CTI. Además, dijo que nunca ofreció un cargo público y que era ilógico que le pidiera a Quintana ocultar información cuando existen documentos sobre la forma en que la DNI adelantó una operación en la que descubrió que uno de sus agentes, Wilson Torres, estaba traficando información confidencial con Andrés Sepúlveda.
El proceso en la Corte Suprema contra Uribe comenzó el 26 de agosto de 2014 cuando el director de la Red de Veedurías, Pablo Bustos, lo denunció por los señalamientos que en su contra hizo el hacker Andrés Sepúlveda, quien dijo que el expresidente supuestamente sabía que estaba interceptando la mesa de diálogos de paz. El expediente ya lleva más de dos años y se han recibido 17 testimonios, entre ellos el de la periodista Vicky Dávila, familiares de Andrés Sepúlveda, Luis Bernardo Alzate —primer abogado del hacker—, agentes de inteligencia y el general (r) Rito Alejo del Río.
En 2015 la defensa del expresidente Uribe solicitó que se decretara resolución inhibitoria —es decir, que cesara la investigación— porque, aun con los testigos, no se había probado relación alguna con el hacker. Asimismo, que se compulsara copias al exdirector del CTI Julián Quintana, al fiscal del caso Daniel Hernández y al exfiscal general Eduardo Montealegre, para que se investigara si junto al gobierno Santos filtraron información para entorpecer la candidatura de Zuluaga. La Corte aún no ha respondido la solicitud, pues decidió que terminaría de recolectar las pruebas —está pendiente una inspección judicial a la DNI— y oír a todos los testigos.
El caso quedó en punto muerto por 10 meses, hasta que Quintana habló hace dos semanas. Con ese testimonio fue que Zuluaga denunció al almirante (r) Echandía y dos agentes de la DNI identificados como Lucho y Charly. Según la denuncia de 40 páginas, “la campaña presidencial de Óscar Iván Zuluaga en 2014 fue infiltrada por el Gobierno a través de la DNI. La operación se denominó ‘Penetración’ y fue comandada por el propio director de la DNI, el almirante Álvaro Echandía. La infiltración se dio mediante oscuros personajes de la inteligencia de Estado como Andrés Sepúlveda, Yesid González, Rafael Revert, Daniel Bajaña, alias Lucho, alias Charly y otros funcionarios de la DNI”. (Vea: "Oscar I. Zuluaga presentará denuncia por supuesto complot contra su campaña presidencial")
En la denuncia se establece que todo comenzó con una reunión ocurrida el 2 de mayo de 2014 entre Quintana y Echandía. En ese encuentro le pasaron al exdirector del CTI información sobre las actividades de Sepúlveda. Tres días después se allanaron las oficinas del hacker. Según lo relatado en el documento, Quintana le dijo a la Corte que siempre estuvo acompañado de un equipo de la DNI que terminó por presentarle al testigo estelar del proceso: el hacker español Rafael Revert, el mismo que grabó el video en el que aparecen Zuluaga y Sepúlveda hablando de actividades ilegales y aparentemente de cómo perjudicar el proceso de paz.
“A efectos de conocer la fuente, alias Juancho, de la DNI, le pide a Julián Quintana que se desplace a un hotel en el barrio Chapinero (cincuenta y algo con séptima, refiere el testigo) y le indica que alias Charly lo va a recibir. En el hotel, alias Charly, quien se cuida de no aparecer en cámaras de circuito cerrado de televisión, lo llevó a una de las habitaciones en donde se encontraba Revert. Allí comienza una entrevista a la hasta entonces ‘fuente’ de la DNI. Revert comenzó por mencionar que conoció a un amigo de nombre Yesid González. Él lo contactó con Andrés Sepúlveda”, se lee en la denuncia radicada en la Fiscalía.
Además, se precisó que Revert en ese encuentro le entregó el video que terminó, según el Centro Democrático, definiendo el futuro de las elecciones, pues supuestamente fue filtrado a la revista Semana y publicado el 17 de mayo de 2014. En la denuncia se relató que en su testimonio Quintana indicó que le había generado mucha sospecha que durante la investigación “pareciera que alguien le iba poniendo migajas para que él las fuera encontrando”. Es decir, le iba entregando con cuentagotas las evidencias del caso hacker.
Según la denuncia, el exdirector del CTI le dijo a la Corte que no era usual que el director de la DNI le entregara información directamente a la Fiscalía y que le dijera que los hackers Rafael Revert y el ecuatoriano Daniel Bajaña ya “trabajaban” con la DNI. El argumento de Zuluaga y su abogado Granados es que estos hechos son similares a los del caso por el cual condenaron a María del Pilar Hurtado y Bernardo, al afirmar que los organismos de inteligencia no pueden ser utilizados para propósitos personales y que no pueden interceptar comunicaciones –para ellos la grabación del video que hizo Revert es una interceptación– sin la orden de un juez.
Ya la Fiscalía tiene en sus manos la denuncia contra Echandía por los delitos de soborno a testigo, fraude procesal, violación ilícita de comunicaciones, perturbación de certamen democrático, peculado, prevaricato y abuso de la función pública y concierto para delinquir agravado. A su vez, el abogado del director de la DNI, Jaime Lombana, también denunció a Julián Quintana por haber filtrado información que está bajo reserva. (Vea: "Julián Quintana utilizó al CTI para perseguir al uribismo": Jaime Lombana)
El caso hacker revivió por cuenta del testimonio del exdirector del CTI, el mismo que dos años atrás declaraba con vehemencia que desde el Centro Democrático se intentaba afectar los diálogos de paz y que hoy deja en el aire la hipótesis de que el almirante (r) Echandía, desde la DNI, infiltró una campaña presidencial para beneficiar a Juan Manuel Santos.