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Ayer 3 de febrero, El Espectador reveló que la extradición del exguerrillero del Eln Luis John Castro Ramírez, alias El Zarco, confeso reclutador de víctimas de falsos positivos en el Tolima durante 2008, se dilató tanto que quedó en libertad en España, donde fue detenido en 2019, por orden de la Audiencia Nacional. El mismo tribunal de justicia español ordenó que se archivara el proceso y, horas más tarde, el ministro de Justicia Wilson Ruiz Orejuela dio a entender que su traslado a suelo colombiano, definitivamente, no tiene futuro.
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“La extradición de Castro Ramírez fue aprobada por la justicia española en abril del 2020 y desde ese momento se puso en conocimiento de la Interpol para que un funcionario lo recibiera en Madrid, para traerlo a Bogotá. La Interpol adujo que, por medidas adoptadas por ambos países como consecuencia de la pandemia, no se pudo traer oportunamente. Pero quiero hacer énfasis que este Ministerio adelantó todos los trámites para su extradición e hizo los requerimientos a la Interpol para que ese proceso fuera efectivo”, aseguró Wilson Ruiz Orejuela.
Además, el ministro de Justicia indicó que tanto él como representantes del ministerio de Relaciones Exteriores pusieron “todo su empeño” para que alias El Zarco volviera a suelo colombiano a pagar por los crímenes que se le atribuyen. El caso de Luis John Castro Ramírez, quien durante la década del 2000 fue guerrillero del Eln, llegó al despacho de Wilson Ruiz a principios de octubre de 2020, cuando tomó posesión por orden del presidente Iván Duque. De acuerdo con la Audiencia Nacional de España, días después de su nombramiento, el 29 de octubre, se informó a las autoridades colombianas de que había un termino de 15 días para hacer efectivo el traslado o quedaría libre, como finalmente ocurrió.
“Mediante correo de 24 de junio de 2020, finalizando el Estado de alarma, se interesó de Interpol planes para materializar la entrega y por providencia de 29 de octubre de 2020 se estableció un término de 15 días con apercibimiento de que, transcurridos, se acordaría la libertad del reclamado”, explicó la Audiencia Nacional de España, tribunal de justicia con jurisdicción en todo el país ibérico que el pasado 28 de diciembre decretó la libertad del Zarco. De acuerdo con los registros en poder de este diario, la extradición del exguerrillero fue aprobada por primera vez el 4 de octubre de 2019.
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Desde entonces se produjo una serie de dilaciones por parte del Gobierno colombiano y por súplicas de El Zarco, quien logró que se suspendiera su extradición a principios de 2020 mientras el Ministerio del Interior español resolvía si le concedía -o no- asilo. Durante el proceso, además, se trabó el traslado ante la emergencia por coronavirus en Europa, la cual obligó a que se cerraran los aeropuertos durante principios y mediados del año pasado. La Audiencia Nacional reveló que “autoridades colombianas establecieron del 9 al 14 y del 17 al 22 de diciembre para darle tramite a la extradición”, cosa que nunca ocurrió.
De acuerdo con uno de los interrogatorios registrados de alias El Zarco ante la Fiscalía, el exguerillero tenía como principal escenario los municipios de Coyaima y el Guamo, y la vereda Potrerito, de Ibagué, en el Tolima. Según su testimonio, todo comenzó cuando conoció al sargento Rubiel Bustos Escarraga, alias Mauricio, quien le habría dicho que “le colaborara” para llevar a buen término su proceso de desmovilización del Eln. Y esa colaboración se trataba, según la Fiscalía, de la ejecución extrajudicial de seis personas en la finca Los Mangos de la vereda Potrerito de Ibagué, en 2008. Por estos hechos, el ente investigador abrió un proceso penal contra el coronel (r) Javier Vallejos.
Por otro lado, en el mismo comunicado, el ministro de Justicia aseguró que “se encuentran en trámite la extradición a los Estados Unidos de cuatro presuntos cabecillas de esa organización al margen de la ley, quienes son requeridos por el Departamento de Estado por delitos relacionados con narcotráfico”. Se trata de Yamit Picón Rodríguez, señalado miembro del frente Nororiental del Eln; Francisco Ruiz, posible articulador y enlace de narcotráfico del frente Manuel Vásquez Castaño; José Gabriel Álvarez, quien se encargaría de coordinar reuniones con organizaciones internacionales; y Henry Trigos Celón, que habría distribuido drogas en Cúcuta.
De acuerdo con Wilson Ruiz Orejuela, solo falta el pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia, la cual deberá rendir concepto frente a cada uno de los cuatro casos en mención. Según sus palabras, desde octubre de 2020, cuando tomó posesión, el ministerio de Justicia ha autorizado 11 extradiciones a diferentes países con los que se tienen tratados vigentes. Actualmente se está evaluando el traslado de Maritza Lorza, abogada de narcotraficantes que, según la DEA, intentaron colarse en el listado de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) para obtener beneficios como la no extradición.
La Cancillería, por su parte, también se refirió al tema de alias El Zarco señalándo que “actuó en el ejercicio de sus funciones como canal diplomático, y en coordinación con el Ministerio de Justicia, transmitiendo oportunamente todas las comunicaciones y notificaciones generadas en este caso, entre las autoridades españolas y colombianas”. Sin embargo, aclaró que en el caso de España, la coordinación y gestiones para el traslado de una persona se hace directamente entre las oficinas de Interpol Colombia y España, prescindiendo del canal diplomático.
“La Cancillería, transmitió oportunamente tanto la decisión sobre la concesión de extradición de abril de 2020, como la comunicación de octubre de 2020 de poner a disposición a Alias El Zarco para su traslado a Colombia. Esta última decisión fue comunicada debidamente al Ministerio de Justicia, que la transmitió a su vez a la oficina de Interpol Colombia, encargada de coordinar directamente con Interpol España el traslado”, indicó, aclarándo que la oficina de Interpol Colombia solicitó a su homóloga en España varias prórrogas para el traslado y, a su vez, le pidió a la Cancillería que transmitiera, por el canal diplomático, varias solicitudes de prórroga, que fueron transmitidas a las autoridades españolas.
Finalmente, la entidad diplomática indicó que seguirá trabajando con el Ministerio de Justicia, transmitiendo oportunamente todas las comunicaciones y realizando las gestiones diplomáticas relacionadas con este caso.