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La Fiscalía Quinta Delegada ante el Tribunal Superior de Bucaramanga decidió dejar en firme la acusación que el Fiscal 34 de Derechos Humanos realizó con una de las presuntas piezas claves de la masacre del 16 de mayo de 1998, en Barrancabermeja por miembros de las Autodefensas Unidas de Santander y Cesar (Ausac) en alianza con miembros de la fuerza pública. Se trata de José Eduardo González, entonces subjefe de seguridad de Ecopetrol, hizo parte activa en un supuesto plan para “exterminar la actividad guerrillera en Barrancabermeja”.
Vea: Veinte años de verdades negadas en Barrancabermeja
Ese 16 de mayo de 1998, paramilitares e integrantes del Ejército, la Policía y el DAS, incursionaron en los barrios El Campín, El Divino Niño, El Campestre y María Eugenia, ubicados en la zona suroriental del municipio de Barrancabermeja, Santander. El arribo a estas zonas se realizó a bordo de varios vehículos en los cuales subieron a un número indeterminado de civiles que eran señalados de ser colaboradores o simpatizantes de la guerrilla. Quienes no acataban la orden eran asesinados en el mismo lugar, según las pesquisas judiciales.
Hoy se desconoce el número exacto de las personas desaparecidas, pero en los expedientes señalan que fueron 25, y que otras siete fueron asesinadas. Hasta la fecha han sido hallados 10 cuerpos; ocho han sido identificados y entregados a sus familiares. González es investigado por los delitos de homicidio agravado y desaparición forzada, sin embargo, la Fiscalía se abstuvo de imponerle prisión preventiva pues consideró que no había pruebas suficientes para ordenarla.
En su decisión sobre González, la Fiscal Delegada consideró que la defensa quiso restarle importancia a los relatos de los paramilitares que señalaban la intermediación que hizo el excapitán desde su posición como subdirector de seguridad de la refinería de Ecopetrol con las autoridades de policía, DAS y Ejército para que estas últimas no intervinieran en la incursión paramilitar. La Fiscalía afirmó que los testimonios en cuestión eran verosímiles.
En marzo de 2016 fue declarada la responsabilidad administrativa del Estado (Ejército Nacional, la Policía Nacional y el DAS) por la "grave omisión de su deber constitucional de participar activa y eficazmente en la defensa de los derechos humanos de la población, al permitir la ocurrencia de la masacre y no desplegar acción alguna para salvaguardar la vida de los habitantes del puerto petrolero que fueron asesinados durante estos hechos".
Por estos hechos, actualmente se encuentran también en etapa de juicio por su participación en la masacre Oswaldo Prada Escobar, Oficial de inteligencia del batallón Nueva Granada; Antonio Daza Camargo, Comandante de la Base Pozo Siete; y John H. Guzmán Santos, Comandante de la Base Termoeléctrica, así como el Coronel de la Policía Joaquín Correa López, Comandante operativo de la policía en el Magdalena Medio.
El colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, representante de las víctimas señaló que a pesar de que esta decisión contra el excapitán González se toma más de tres años después de que se presentaron los recursos de apelación por parte de la defensa, "saludamos con esperanza de justicia la decisión adoptada y reafirmamos nuestro compromiso y exigencia tanto a la justicia ordinaria como a la justicia transicional para que se conozca toda la verdad y se vincule e identifique efectivamente a la totalidad de miembros de la fuerza pública y organismos de inteligencia del Estado que concertaron con los paramilitares la comisión de esta masacre".