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La Sala Laboral de la Corte Suprema resolvió un choque de trenes que se había presentado entre la Sala Penal y la Sala Civil por el caso del exsenador del Partido de la U, Martín Morales Diz. Mientras la primera lo condenó a 25 años y dos meses de prisión por nexos con Las Águilas Negras y narcotráfico, la segunda tumbó esa condena por considerar que en este caso no se había aplicado la doble instancia contra aforados. Sin embargo, en decisión unánime, la Sala Laboral zanjó ese pleito y dejó en firme la condena contra el excongresista. (En contexto: Apelan fallo que tumbó la condena de 25 años contra exsenador Martín Morales)
En su decisión, la Sala Laboral concluyó que la Sala Penal sí tenía plena competencia sobre los aforados constitucionales hasta que las salas especiales de Instrucción y Juzgamiento, creadas en el Acto Legislativo 01 del 18 de enero de 2018, entraran en funcionamiento. Es decir, sí podía emitir una fallo condenatorio. Morales Diz, a través de una tutela, alegó que le vulneraron sus derechos al debido proceso, a la doble instancia y a la igualdad. Y para ello, expuso un paralelo entre su proceso y el de Luis Alfredo Ramos, procesado por parapolítica.
¿La razón? Que, aunque en ambos casos se presentó ponencia el mismo día, 19 de abril de 2018, él fue condenado mientras que el caso de Ramos aún sigue en estudio y fue enviado a la nueva sala de juzgamiento en primera instancia. Y la Sala Civil compartió dichos argumentos y por eso tumbó la condena. No obstante, el presidente de la Sala Penal, magistrado Luis Antonio Hernández, presentó un documento para reversar un fallo de tutela que tumbó la condena contra el excongresista. Y la Sala Laboral le dio la razón. (Le sugerimos: Por no aplicar la doble instancia, Corte Suprema tumba condena contra exsenador Martín Morales)
La Sala Penal lo encontró responsable de los delitos de concierto para delinquir agravado; tráfico, fabricación o porte de estupefacientes; tentativa de homicidio agravado; y porte ilegal de armas y munición de uso privativo de las Fuerzas Armadas. Morales Díz, sin embargo, fue absuelto por el delito de homicidio agravado. Sumado al fallo en su contra, el congresista también fue multado con 46.600 salarios mínimos legales mensuales vigentes (más de $36 millones).
Morales Diz fue acusado por supuestamente integrar una organización criminal, con su antecesor en la alcaldía de San Antero, Wilmer Pérez, y ocho personas más, entre quienes hay políticos y paramilitares. Esta estructura habría funcionado entre el 2005 y hasta mayo de 2012, cuando ya era senador. El expediente habla de tres envíos de cocaína con destino a Centroamérica por 1.200, 1.500 kilogramos y 2.000 kilogramos cada uno. También fue investigado por haberse aliado con Las Águilas Negras para la expansión de ese grupo en la zona, lo que habría implicado entrega de armas. (Lea también: Exsenador Martín Morales acusa a la Corte Suprema de discriminación racial)
Además, fue procesado por haber contado con el apoyo de las Autodefensas, específicamente con el Bloque Montes de María, con el fin de llegar a la alcaldía para el periodo 2004-2007, sucediendo a Pérez, quien fue condenado a 56 meses por firmar el Pacto de Ralito. En el juicio, Morales Diz se declaró inocente y aseguró que su caso se originó por un “testigo mentiroso”. “Soy inocente. No soy ni asesino, ni paramilitar ni soy mafioso. Soy un padre de familia, un hombre casado, un buen hijo y un buen hermano”, dijo en su momento.