El escándalo más reciente de “chuzadas”, que se dieron dentro de la misma Fiscalía desde su plataforma Esperanza, puede llegar a ser mucho más grande de lo que ya se ha descubierto. Por ahora está llamado a juicio un general retirado de la Policía (Humberto Guatibonza); están bajo investigación los coroneles (r) Jorge Humberto Salinas y Carlos Andrés Pérez, y el mayor (r) Luis Quiroga Cubillos, todos del Ejército; así como la hacker Marialicia Pinzón Montenegro, quien aceptó colaborar con la justicia para tratar de salvarse. Está detenido el exfiscal Fabio Martínez Lugo, quien se declara inocente, y un excoordinador de una sala de interceptaciones, Luis Carlos Gómez Góngora, quien aceptó cargos. Pero falta.
::Laude Fernández, investigado en caso “chuzadas”, fue apartado de su cargo en la compañía BRG::
Esta semana la Fiscalía hizo un minucioso allanamiento de 16 horas en las oficinas del Berkeley Research Group (BRG) en Colombia. El pasado 9 de julio, quien era su representante legal, Laude Fernández, se entregó a las autoridades al conocer que había una orden de captura en su contra. Tras imputarle tres cargos (concierto para delinquir agravado, violación ilícita de comunicaciones y violación de datos personales), la Fiscalía vio la necesidad de revisar el material que podía haber en las instalaciones de la compañía y, hacia las 2 de la tarde del lunes 15 de julio, agentes del grupo especial de investigación, del laboratorio forense y del grupo de contadores del CTI llegaron a hacer su labor.
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El Espectador conoció todos los detalles de esa diligencia, después de la cual el fiscal del caso dejó clara una cosa: que Laude Fernández, exdirector de Inteligencia del DAS, no actuó solo y que BRG podría terminar bastante comprometida en esta historia. “Seguimos en la posible identificación de otros autores, coautores y partícipes. No son hechos aislados que se puedan atribuir a la mera conducta del señor Fernández, sino a una conducta contextualizada en el marco de, lo que cree la Fiscalía, (fue) la participación de la investigación de una empresa que es la compañía BRG”, expresó el fiscal Armando Colmenares Duque ante la jueza que declaró legal la inspección.
No se trata de un allanamiento en cualquier empresa. BRG es una multinacional de seguridad, con presencia en 16 países y cuatro continentes, enfocada en la asesoría de empresas en litigios, finanzas corporativas y operaciones estratégicas. Con el lema “Inteligencia que funciona”, BRG se vende a sus clientes como conocedora de sectores industriales como construcción, energías, servicios financieros, contratación gubernamental, salud y telecomunicaciones, entre otros. En la oficina colombiana, dirigida hasta hace poco por Laude Fernández, se ofrecían servicios relacionados con investigaciones internas y sobre fraudes, análisis forenses de datos e inteligencia empresarial.
Las víctimas y las empresas involucradas
El servicio de inteligencia empresarial fue el que, supuestamente, contrataron las dos empresas que han resultado salpicadas en este escándalo: Avianca y el Grupo de Energía de Bogotá (GEB). Aquí la Fiscalía encontró un patrón: las personas que fueron interceptadas ilegalmente desde la plataforma Esperanza —ha señalado el mismo organismo investigativo— estaban inmersas en algún pleito con empresas que recurrieron a BRG. En el caso de Julián Pinzón, piloto de Avianca y vicepresidente del sindicato Acdac (Asociación Colombiana de Aviadores Civiles), era uno de los líderes de la huelga de 2017. Avianca contrató a BRG en mayo de ese año para “hacer un informe de riesgo sindical”.
El 3 de noviembre de 2017, el entonces presidente de Avianca, Germán Efromovich, se reunió con el representante de BRG, Laude Fernández. El 1° de diciembre del mismo año, reseñó la Fiscalía, comenzaron los procesos disciplinarios contra los pilotos sindicalizados y, dos semanas más tarde, una fuente no identificada le dio a Luis Carlos Gómez Góngora, en esa época coordinador de la Sala Diamante, un número telefónico para interceptar en el marco de un caso de desaparición forzada que se abrió en 2011 y estaba quieto desde 2014. Ese número resultó ser del piloto Pinzón, quien fue despedido por Avianca y reintegrado a su cargo en julio de este año, por orden del Tribunal Superior de Bogotá.
La segunda y la tercera víctimas hasta ahora identificadas de esta red de “chuzadas” son Lucio Rubio, ciudadano español y director de Enel Codensa para Colombia, y Felipe Jaramillo Londoño, un abogado y arquitecto. Enel Codensa, estableció la Fiscalía, tiene un pleito con el Grupo de Energía de Bogotá ante un tribunal de arbitramento por un tema de dividendos, en el cual hay más de $8,2 billones en juego. Jaramillo, por su parte, representa a personas que tienen pleitos con el Grupo de Energía de Bogotá por unas indemnizaciones que esta empresa les adeuda, a raíz de la instalación de redes eléctricas en terrenos rurales. Para obtener información de ambos, el GEB contrató los servicios de Laude Fernández y de BRG.
Entre febrero y mayo de 2018 fueron los acercamientos y las negociaciones. El contrato se suscribió el 22 de mayo de ese mismo año y, tres días después, Gómez Góngora presentó en la Fiscalía un informe bastante parecido al que le permitió interceptar al piloto Pinzón: una fuente humana se le acercó y le dio dos números telefónicos que prometían resolver el caso del robo de $100.000 a un taxista, ocurrido en 2013. Ese mismo día, el teléfono de Lucio Rubio quedó interceptado desde la plataforma Esperanza. El de Felipe Jaramillo fue intervenido el 13 de julio. En los informes que BRG entregó a sus clientes, la información salía de “fuentes humanas confidenciales”, sin dar mayores explicaciones. Avianca y GEB han manifestado que se consideran víctimas de este entramado.
Estas tres líneas telefónicas interceptadas ilegalmente tenían otro punto en común: el funcionario a cargo de los procesos era Fabio Martínez Lugo, fiscal delegado ante jueces especializados desde 2012. Fue capturado el 9 de mayo de este dentro del propio búnker de la Fiscalía y, aunque negó su participación en estos hechos, fue enviado a La Picota mientras las indagaciones continúan. Gómez Góngora fue detenido en diciembre pasado y ya aceptó cargos. En junio de este año recibió una condena a ocho años y cuatro meses en prisión. La Fiscalía ha dicho que esta era una “red de espionaje corporativo”, por la cual ya están bajo la lupa 2.700 líneas que han sido interceptadas desde la plataforma Esperanza.
Detalles de la inspección
Comenzó el lunes 15 de julio hacia las 2 de la tarde. A los agentes del CTI, que eran más de 10 de distintas especialidades, los recibieron 11 empleados del Berkely Research Group, pero quienes se encargaron de atenderlos fueron Pilar Benítez Charry, consultora sénior de la empresa, y Olga Zoraida Moreno Coronado, directora asociada de BRG. Para ese momento, Laude Fernández aún fungía como representante legal de la compañía y estaba en los trámites para pasar de la cárcel Modelo a detención domiciliaria; después del allanamiento BRG notificó que lo separaba del cargo para que se defendiera. Fernández, por su parte, insiste en su inocencia.
La Fiscalía se llevó en total 26 elementos, entre los que hay cuatro computadores. Sacaron copias también de facturas, transacciones, catálogos y los documentos relacionados con 275 casos que ha manejado la compañía, incluidos aquellos donde se detectaron irregularidades con la sala de interceptaciones de la Fiscalía: Avianca, Enel Codensa y Grupo de Energía de Bogotá. Lo único que los contadores del CTI pidieron, sin éxito, fue la información de contabilidad desde 2016. Se encontraron con que BRG tenía un laboratorio de informática forense y que en él había más de 500 discos duros o unidades de almacenamiento, que revisaron uno a uno.
El allanamiento no se limitó a buscar pruebas en la oficina de Laude Fernández. Los investigadores tomaron documentos o sacaron copias de los despachos de Pilar Benítez Charry, de Olga Zoraida Moreno Coronado y de Jesús Arturo Barbosa, asociado sénior de la compañía. En el espacio de este último se hallaron las carpetas “Jesús Caso Enel”, “Jesús Caso Enel 2”, “Jesús Caso Procolombia”, “Jesús Caso Enel 3” y “Jesús Caso Enel 4”. Hacia las 7:30 de la noche, los delegados de BRG pidieron a la Fiscalía copias de algunos elementos recolectados para no afectar sus actividades empresariales. El fiscal Colmenares, luego de confirmar con sus investigadores que ello no afectaría las pruebas recaudadas, dio luz verde.
El abogado Juan Pablo Flechas Hernández, abogado de BRG y miembro del bufete Prías Cadavid, llegó a la diligencia casi desde el inicio, en la cual estuvo también la Procuraduría. Desde entonces, el litigante le dejó claro al fiscal, así como lo hizo luego por teléfono, que se oponía a la manera como fue hecha la inspección. En criterio de Flechas Hernández, “la recolección de los documentos excedió los términos de la orden que fue presentada”. La Procuraduría no respaldó ese argumento: el allanamiento, tal cual se hizo, era un camino adecuado para esclarecer si BRG incurrió en prácticas ilegales para rendir informes a los clientes que la contrataron. Pero Flechas Hernández insistió.
Sus argumentos
El abogado de BRG Juan Pablo Flechas Hernández pidió a la jueza que legalizó el allanamiento de las oficinas de la consultora, ubicadas en el norte de Bogotá, que la diligencia se declarara ilegal. Según Flechas Hernández, en la orden de registro hubo problemas de forma. En detalle, Flechas Hernández indicó que los miembros del CTI habrían podido examinar, además de las instalaciones de BRG, ubicada en la oficina 602 del edificio AR, todo el sexto piso, donde también funcionan empresas como la sede del Tecnológico de Monterrey. “Se violaron los derechos de muchas personas que no tienen nada que ver con la investigación”, señaló el defensor de la multinacional. Sin embargo, la Procuraduría señaló que solo se allanó BRG.
Ahora están en manos de la Fiscalía varios contratos de grandes empresas que pagaron por los servicios de consultoría de BRG, más allá de Avianca y el Grupo de Energía de Bogotá. Entre esas empresas se encuentran marcas tan reconocidas como Cemex, Allianz, Organización Corona, Olímpica, Argos, Conconcreto, Codiscos y Prabyc ingenieros; y dos grandes firmas de abogados: Brigard & Urrutia, la empresa que estructuró la filial de BRG en Colombia, y DLA Piper Martínez Beltrán, la cual dirige Néstor Camilo Martínez, hijo del exfiscal general. “(Los contratos) no tienen ninguna clase de relación con los hechos que están siendo investigados en este proceso. Se violó el derecho constitucional del secreto profesional entre BRG y sus clientes”, aseguró el abogado de BRG.
El abogado de Laude Fernández, Carlos Andrés Gómez, no se explica por qué las oficinas de los demás miembros de BRG fueron allanadas si en las investigaciones de la Fiscalía solo se han mencionado funcionarios del propio ente investigador.
Fernández va a juicio
Laude Fernández viene siendo investigado por estos hechos desde octubre del año pasado. En ese momento, la Fiscalía lo vinculó a las pesquisas que ya estaban en curso por los servicios de interceptaciones ilegales que supuestamente ofrecía el coronel (r) Jorge Humberto Salinas. La hipótesis del ente investigador —que reposa en la acusación que le leerán a Fernández la próxima semana— consiste en que el representante de BRG en Colombia “fue uno de los usuarios de los servicios de esta empresa criminal” y que “desde su posición de contratista externo en temas de seguridad de Avianca, contactó a Salinas para conseguir información de diversos pilotos sindicalizados”.
Al parecer, Gómez Góngora, exjefe de una sala de interceptación de la Fiscalía, presentó a Fernández con uno de sus funcionarios: el agente del CTI Roberto Carlos Montenegro. En el encuentro, le preguntaron a Montenegro si conocía a alguien que trabajara en seguridad privada. El agente del CTI habría sido entonces, el enlace entre Fernández y “un viejo conocido suyo”, el coronel (r) Salinas. El primer pedido del entonces director de BRG fue recaudar información “de los trabajadores sindicalizados de Avianca de la época en la cual sucedió el paro de trabajadores (…) contenida en sus conversaciones de Whatsapp”, así como datos que le permitieran prever los pasos que fueran a dar los pilotos durante la huelga.
“En específico, el señor Fernández solicitó información sobre el representante legal de Acdac, capitán Jaime Hernández, y su vicepresidente, Julián Pinzón”, para lo cual, incluso le habría dado los números de celular de los pilotos a Montenegro para que Salinas los interceptara en el programa Fénix que diseñó la hacker Marialicia Pinzón, según reza en el escrito de acusación en contra del exdirectivo del DAS. Ante esta evidencia, la Fiscalía lo llamó a juicio por cinco cargos: utilización ilícita de comunicaciones, acceso abusivo a un sistema informático, interceptación de datos informáticos, uso de software malicioso y violación de datos personales.