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El Consejo de Estado condenó a la Nación a pagar una millonaria indemnización en favor de la monja Leticia López Manrique, quien fue acusada del homicidio de la religiosa Luz Amparo Granada Bedoya, tras considerar que la mujer estuvo privada de la libertad de manera injusta. Granada fue asesinada en la sede las Adoratrices del Barrio la Candelaria de Bogotá, en el mes de noviembre de 1999.
La investigación penal en contra de la religiosa inició el 31 de marzo del año 2000, cuando la Fiscalía Quince Seccional de la Unidad Segunda de Vida dictó en su contra medida de aseguramiento y el 23 de junio del mismo año expidió resolución de acusación.
De acuerdo con las versiones de sus compañeras, la hermana Leticia López Manrique era la única que faltaba en el templo para la celebración del año nuevo, luego de ocurrido el crimen, por lo que la declararon sospechosa de la muerte de su colega.
El 23 de abril de 2001, la mujer fue absuelta por el Juzgado Catorce Penal del Circuito de Bogotá. Sin embargo, dicha providencia fue revocada por el Tribunal Superior del Distrito de Bogotá, entidad que la condenó a pagar una pena principal de 14 años de prisión.
Frente a la decisión, la familia y la defensa de la hermana López Manrique impusieron un recurso de anulación ante la Corte Suprema de Justicia quien la absolvió del delito que se le imputaba y ordenó su libertad inmediata.
(Lea aquí: Detienen a dos sospechosos del secuestro de monja colombiana)
17 años después, el Consejo de Estado le dio la razón a la novicia, así o argumenta la ponencia del magistrado, Danilo Rojas Betancourth: “Por haber sido la persona que estuvo injustamente privada de la libertad, con todas las incomodidades y sufrimientos que la restricción al mencionado derecho fundamental conlleva, sin que sea necesario aportar pruebas adicionales para acreditarlo, pues así lo enseñan las reglas de la experiencia”.
De acuerdo con el proceso la imputación y la codena a 14 años de prisión a la monja Leticia López Manrique se basó en testimonios y no se hizo referencia a pruebas contundentes: “la acusación en su contra se había fundado en meras sospechas y conjeturas”.
Por lo que el alto tribunal ordenó: “Condenar a la Nación - Fiscalía General de la Nación a pagar por concepto de perjuicios materiales en la modalidad de daño emergente a favor de la señora Leticia López Manrique la suma de doce millones quinientos sesenta y seis mil ochocientos noventa y ocho y a favor de la señora Blanca Cecilia López Manrique la suma de dos millones doscientos diecisiete mil cuatrocientos dieciocho pesos”.
El 15 de noviembre de 1999 el CTI encontró en un paraje del kilómetro 15 de la antigua vía a Villavicencio un cuerpo envuelto en unas cobijas y prensado en cajas de cartón. Para el fiscal del caso esta era una prueba de que alguien cercano a la comunidad religiosa era el asesino, pues materiales similares a esos permanecían en las bodegas de la residencia de las monjas.