El asesinato de Karina García Sierra, candidata a la alcaldía de Suárez (Cauca), a manos de disidentes de la extinta guerrilla de las Farc en una acción coordinada, al parecer, por Leder Johany Noscue, alias Mayimbú, pone sobre la mesa el riesgo inminente en el que están los aspirantes a cargos públicos de cara a las elecciones de octubre próximo. Según una alerta temprana de la Defensoría del Pueblo conocida por este diario, disidencias como la de Mayimbú están en 123 municipios de Colombia y en 23 de ellos se corre un riesgo “extremo” que merece acciones inmediatas del Estado. Pero los disidentes del Acuerdo no son los únicos que ponen en peligro a los candidatos.
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Según el documento hay, por lo menos, otros cinco actores armados ilegales que “tendrían capacidad de injerencia o perturbación de los comicios de octubre próximo”. Entre ellos están el Eln, el Epl o Pelusos, las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Agc) o Clan del Golfo, los grupos que surgieron tras la desmovilización de las autodefensas unidas de Colombia (Auc), como los Caparros, los Pachenca, los Rastrojos, la Oficina; así como los grupos de delincuencia organizada Los Pacheli, La Constru, Coordillera, entre otros.
El monitoreo identificó 258 hechos violentos que sucedieron entre el 1 de enero y el 15 de agosto de este año y que podrían estar vinculados a los comicios de octubre próximo. El documento señala, con preocupación que 13 personas asesinadas en ese lapso “tenían algún tipo de relación con el proceso electoral siendo pre-candidatos, candidatos, miembros de colectividades políticas o líderes sociales”, pero también tiene registro de 192 denuncias de amenazas y 10 ataques, bien sea al candidato mismo o a su sede.
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De todos estos hechos, la Defensoría agrega que, en mayor medida las víctimas son los candidatos a alcaldías y que en el 60% de los casos, los presuntos responsables son registrados como “grupos armados con injerencia local o regional pero que no se cuenta con información clara de su conformación o estructura”. Es decir: desconocidos. Sin embargo, añade que en el resto de casos sí ha logrado esclarecerse qué grupos han estado detrás de los hostigamientos, amenazas y asesinatos de los líderes políticos regionales que están en campaña.
Clan del Golfo
Están presentes en 213 municipios, la mayoría de ellos al norte del país, en lugares como Urabá y Chocó, pero también en el sur del Meta y el norte de Nariño. En 46 de los municipios en los que ejercen control social y político la Defensoría identificó un riesgo “extremo” para las próximas elecciones. Según el documento “sí tienen el interés de demostrar su poder local para las próximas elecciones, pero sin actos que generen mayor visibilización”. Estarían detrás de, por lo menos, 19 casos de violencia contra candidatos.
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Eln
Esta guerrilla es el segundo grupo armado que podría generar mayor riesgo para las próximas elecciones. Hace presencia en 148 municipios del país, principalmente en el Pacífico, en el oriente de los llanos, al sur de Bolívar y en Catatumbo. Según el documento, “han proferido públicamente en diversos territorios, intimidaciones contra personas contrarias a sus posiciones políticas de cara a las próximas elecciones; de hecho, a nivel municipal, han intentado presionar algunos sectores políticos”, comportamiento también observada por parte de disidencias de las Farc y el Epl. Estarían detrás de, por lo menos, 31 casos de violencia contra candidatos.
Disidencias de las Farc
Los frentes de la extinta guerrilla de las Farc que se apartaron del Acuerdo también representan un gran riesgo para los comicios de octubre próximo, pues hacen presencia en 123 municipios. En todos los departamentos del sur del país, desde Valle del Cauca, Tolima, Cundinamarca, Arauca y Casanare, hasta Nariño, Amazonas y Vaupés podrían poner en riesgo las elecciones. “Mediante hechos de violencia y amenaza pública” intentan incidir en política, reza el documento. Además, agrega que estarían detrás de, por lo menos, 17 casos de violencia contra candidatos.
Epl o Pelusos
La extinta guerrilla del Epl dejó varias disidencias, que las autoridades identifican como “Pelusos”. Según la alerta, estos grupos estarían detrás de, por lo menos, 11 casos de violencia contra candidatos y líderes políticos.
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Grupos post Auc y GDO
De la desmovilización de las Auc —paramilitares— surgieron también nuevos grupos de reincidentes, como Caparros, Pachenca, Rastrojos, la oficina del Valle de Aburrá, así como otros grupos más pequeños que han sido denominados por las autoridades como grupos de delincuencia organizada (GDO), entrelos que están Los Pacheli, La Constru, Cordillera y otras bandas. Los post-Auc hacen presencia, por lo menos, en 114 municipios y estarían detrás de 23 crímenes contra candidatos; mientras que los GDO están en 58 municipios. En estas zonas, dice el documento, “hay una alta injerencia de redes de corrupción local que trabajan de la mano con estos grupos para lograr controles políticos locales”.