Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
0:00
/
0:00
Didier Tavera, gobernador de Santander hasta el pasado 31 de diciembre, será dejado en libertad. La Fiscalía investiga al exmandatario regional por presuntas irregularidades en la contratación del Programa de Alimentación Escolar (PAE) de 2016 y desde el pasado 11 de diciembre el Tribunal Superior de Bogotá le había impuesto una medida de aseguramiento para impedir que suscribiera más contratos que pudieran comprometer las finanzas del departamento. No obstante, su abogado solicitó que se le quitara esta medida, pues al no ser más gobernador, la razón por la que Tavera estaba privado de la libertad se caía de su peso.
(Lea también: Gobernador de Santander, Didier Tavera, tendrá casa por cárcel mientras su proceso avanza)
El juez que estudió la solicitud estuvo de acuerdo con el abogado de Tavera y le revocó la medida de casa por cárcel. No obstante, el exmandatario seguirá siendo investigado por la Fiscalía por unos meses. Si encuentra pruebas suficientes, el ente investigador radicaría un escrito de acusación en contra de Tavera, luego de lo cual se conocerá si el político santandereano es llevado a juicio.
El contrato que enreda al Tavera es de más de $35.767 millones y fue celebrado entre la Gobernación de Santander —a través de la Secretaría de Educación— y la Cooperativa Multiactiva Surcolombiana de Inversiones, en ese entonces propiedad del llamado Zar del PAE de Santander, Germán Trujillo Manrique, hoy condenado a tres años de prisión. Con el convenio se buscaba asegurar la alimentación escolar a 124.892 estudiantes de 82 municipios no certificados de Santander.
(Lea también: Zar del PAE en Santander fue condenado a tres años de prisión)
En medio de los procesos que se han desenvuelto alrededor de este, ya han sido judicializados varios funcionarios de la Gobernación de Santander, como Aníbal González, coordinador del PAE; Ana de Dios Tarazona, secretaria de Educación para la época de los hechos, y Luisa Fernanda Flórez, representante legal de la Cooperativa Surcolombiana de Inversiones, empresa era la encargada de ejecutar el multimillonario contrato.
Desde 2016, cuando se suscribió el contrato, el Comité de Transparencia por Santander denunció que la licitación del contrato estaría dirigida a un oferente en específico. “El pliego de condiciones reunía una serie de requisitos que hacía que la participación de los oferentes en este proceso fuera demasiado baja. Por eso hubo único oferente, porque en el cierre del pliego de condiciones estas estaban dadas para que así fuera y evitar que otras empresas pudieran participar”, dijo María Juliana Acebedo, vocera de esta veeduría ciudadana a un medio local.
Después de la adjudicación del contrato, la veeduría denunció que la comida nunca llegó a los niños pese a que la Cooperativa Multiactiva Surcolombiana de Inversiones cobraba el dinero. “El dinero fue desembolsado en su totalidad al contratista y las raciones alimentarias no llegaron a las escuelas y colegios del departamento”, indicó la Fiscalía en un documento. Asimismo, la Fiscalía encontró que el operador presentó sobrecostos en los productos que decía conseguir y registró pagos por víveres a empresas ficticias o que tenían objetos comerciales muy distintos. Uno de los casos más recordados fue la compra de tamales por $30.000.