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Fue el pasado 23 de julio cuando el magistrado Carlos Bernal, considerado como el magistrado más conservador del alto tribunal, explicó en la Sala Plena que dejaba su investidura para regresar a la academia ya que, tal como aseguró, la Universidad de Dayton (Ohio, EE.UU.) le ofreció un cargo y él lo aceptó. Fuentes cercanas al magistrado le dijeron entonces a este diario que él tomó la decisión, sobre todo, pensando en sus hijas.
Todo parece indicar que Bernal ya está en Estados Unidos con su familia, pero hubo un ligero cambio de planes: además volver a la academia, el exmagistrado se integró al equipo jurídico de las Empresas Públicas de Medellín (EPM). El mismo gerente de la compañía, Álvaro Rendón, anunció la llegada del exmagistrado, que estará presente en la etapa de conciliación previa a la millonaria demanda que piensa interponer EPM en contra de los empresarios de Hidroituango.
Lo que quiere la Alcaldía de Medellín es emprender las acciones legales contra los constructores, interventores, diseñadores y aseguradores del proyecto hidroeléctrico Hidroituango, por una suma de $9,9 billones, para que los sobrecostos de la megaobra -que incluyen todo lo que derivó de la emergencia de 2018- los asuman ellos y no los contribuyentes. Para un proceso así, es obligatorio que por lo menos se intente la conciliación. Y en esa tarea es en la que está asignado Bernal junto con la reputada firma Baker & McKenzie.
Apenas se supo que el exmagistrado haría parte del equipo de EPM empezó a circular una vieja columna escrita por el propio Bernal y publicada en Ámbito Jurídico el 17 de abril de 2015. “La coyuntura en que nuestra Corte actual está sumergida debería conducir a una deliberación sobre el talante ético de los aspirantes a magistrado y sobre las exigencias para ejercer esta dignidad. Al respecto, quisiera permitirme hacer dos sugerencias: introducir una prohibición de litigar tras el ejercicio de la magistratura y establecer un intenso escrutinio ético en el proceso de selección (...)”.
Cinco años más tarde, esas palabras parecen volverse en su contra. “Que los exmagistrados de la Corte Constitucional puedan litigar afecta los principios de independencia e imparcialidad judicial”, dijo entonces un Bernal que se oponía a que los exintegrantes de esa alta corte terminaran sus periodos y se dedicaran al litigio -algo que han hecho muchos de ellos, no solo Bernal-. Al parecer, algunos aprovecharon la contradicción del exmagistrado para pasarle una factura de cobro.