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El exmagistrado Francisco Ricaurte va a juicio: así lo acaba de determinar la Fiscalía, que este martes radicó el escrito de acusación en su contra. Un documento de 30 páginas que señala que Ricaurte, junto al exmagistrado José Leonidas Bustos, al magistrado Gustavo Malo y a los abogados Luis Gustavo Moreno y Leonardo Pinilla, "dirigieron una organización criminal (...) dedicada a cometer delitos indeterminados que afectaron la seguridad pública y la administración pública".
Dice el escrito de acusación que los sitios de reunión de esta "organización" eran la casa de Ricaurte, la de Bustos, lugares públicos como hoteles y restaurantes, y espacios en el exterior. Dicha "organización", asegura la Fiscalía, nació en 2013, en una reunión en que José Leonidas Bustos presentó a Ricaurte con Moreno -quien tres años más tarde llegaría a ser jefe anticorrupción de la Fiscalía de Néstor Humberto Martínez-. Ricaurte y Bustos, asevera el ente investigativo, "eran quienes tenían los contactos, generalmente políticos, especialmente congresistas y gobernadores". Por una razón: sus casos los llevaba la Corte Suprema.
"La manera de manejar los procesos era diversa e incluía estrategias como conseguir y utilizar la información privilegia que obtenían de los procesos, retardar los trámites, instrumentalizar medios de comunicación para restar credibilidad a testigos, alteración de evidencias, todo con el objetivo de obtener decisiones con apariencia de legalidad que favorecían a los que ellos denominaban sus 'clientes'", indicó la Fiscalía. Y agregó: "Todo lo anterior con la intervención de los funcionarios del más alto nivel que tenían a su cargo el manejo de los procesos".
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El escrito de acusación señala uno a uno los casos en los que Ricaurte, supuestamente, participó. Actuaciones que hoy representan una acusación por cuatro delitos: concierto para delinquir agravado, cohecho por dar u ofrecer, tráfico de influencias de particular y utilización indebida de información privilegiada. Ricaurte, por su parte, no aceptó cargos durante la audiencia de imputación y, por medio de su abogado, siempre ha rechazado cualquier injerencia inapropiada en la administración de justicia.
Caso 1: Álvaro Ashton
La Fiscalía señala que el congresista Ashton, quien tenía una indagación preliminar abierta en la Corte para establecer si él había tenido o no nexos con el frente paramilitar José Pablo Díaz, que operaba en el Atlántico, se comunicó directamente con Ricaurte en el año 2013 y se reunió con él varias veces en lugares como el despacho de Ricaurte en el Consejo Superior de la Judicatura o el Congreso. "Acordaron, en principio, que por $1.200 millones lograrían el archivo de la investigación, lo que no se materializó y entonces optaron por promover la salida del magistrado auxiliar que había propuesto apertura de instrucción". Es decir, de José Reyes Rodríguez.
Según la Fiscalía, fue Ricaurte quien ordenó a Gustavo Moreno recibir el dinero de parte de Ashton. "También recibieron dinero José Leonidas Bustos, Luis Ignacio Lyons, Gustavo Enrique Malo y el propio Moreno Rivera (...) como resultado de este acuerdo criminal se logró mantener la investigación en estado preliminar hasta el mes de diciembre de 2017". Es decir, hasta el domingo pasado, día en que el senador fue capturado con fines de indagatoria. Es decir, la Corte pasó a investigarlo formalmente por parapolítica.
Caso 2: Musa Besaile
De acuerdo con el organismo investigativo, Ricaurte le ordenó a Gustavo Moreno ponerse en contacto con el senador cordobés Musa Besaile, lo cual derivó -como aceptó el propio Besaile- en un pago de $2.000 millones, que se habría repartido también entre Gustavo Malo y Luis Ignacio Lyons -quien también aceptó su participación en esta repartija-. Todo para evitar que la Corte abriera una investigación formal contra él y se emitiera orden de captura en su contra. Hasta el momento, la investigación contra Besaile por parapolítica sigue en estado preliminar.
Caso 3: Juan Carlos Abadía
La Fiscalía señala que Ricaurte se puso de acuerdo con el fiscal delegado ante la Corte Suprema, Alfredo Bettin, para archivarles procesos al exgobernador del Valle, Juan Carlos Abadía, de quien Luis Gustavo Moreno fue defensor. Se logró en dos expedientes, pero al final, a Abadía le imputaron cargos en 2016.