La Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, al encontrar una cadena de presuntas irregularidades en la investigación que adelantó la Fiscalía en contra del exdiputado del Valle Sigifredo López —en la que el fiscal Eduardo Montealegre y el entonces director de la Diíjn, general Carlos Ramiro Mena, terminaron pidiendo excusas públicamente—, le formuló cargos a la coordinadora de fiscales delegados ante la Corte, Martha Lucía Zamora, por los delitos de prevaricato por acción, abuso de autoridad por acto arbitrario e injusto y obstrucción a la justicia.
La decisión de 38 páginas, firmada por el magistrado Henry Villarraga, sostiene que la alta funcionaria se habría excedido en el asesoramiento que le dio al fiscal del caso, Paulo César García López, quien en mayo de 2012 ordenó la detención del exdiputado Sigifredo López. En esencia, lo que señala el magistrado instructor Villarraga es que García López supuestamente ofició como una especie de ventrílocuo de las decisiones que tomaba la fiscal Zamora. De paso, le pidió a la Corte Suprema de Justicia que la investigue penalmente.
No obstante, ese alto tribunal no es competente para investigar a la fiscal Zamora, según le confirmaron a este diario varios penalistas consultados. La competencia la tendrían en este caso el fiscal general o su vicefiscal, es decir, Eduardo Montealegre o Jorge Fernando Perdomo, respectivamente. Al margen de lo que se decida, El Espectador conoció el borrador de la medida de aseguramiento que presentó en su momento el fiscal García con las sugerencias de correcciones escritas a mano por la fiscal Martha Zamora. De entrada se nota que, por lo menos en esta evidencia aportada al expediente, las correcciones de Zamora son más de estilo que de contenido.
Aún más. Este diario tuvo acceso a la declaración que entregó el propio fiscal del caso Paulo César García López ante el Consejo de la Judicatura. Allí el funcionario explicó que no tuvo presión alguna de Zamora al tiempo que señaló el proceso de investigación que el año pasado lo llevó a sospechar de Sigifredo López como posible colaborador de las Farc para perpetrar el secuestro de los otros 11 diputados del Valle, ocurrido el 11 de abril del año 2002. Ese día un comando de la guerrilla se hizo pasar por el Ejército y luego de burlar la escasa seguridad de la Asamblea, mediante engaños, plagió a los dirigentes políticos. Ayer, justamente se cumplieron seis años de la masacre.
La declaración rendida por el fiscal García López se produjo el 10 de mayo pasado y en ella se deja constancia de que Zamora fue delegada por el fiscal Montealegre debido a lo delicado de este expediente con el fin de resolver dudas jurídicas o perfeccionar la investigación. García López hizo una cronología de las pesquisas que se hicieron en este proceso, cómo se allegaron los peritazgos de audio e imagen que los hicieron sospechar de Sigifredo López, y en qué contexto se tomaron las declaraciones de los testigos que después fueron desechados.
El fiscal Paulo Cesar García declaró que todas las actuaciones que se realizaron se hicieron conforme a la ley, que nunca hubo mala fe y que, incluso, cuando se ordenó la detención domiciliaria de Sigifredo López, la Procuraduría protestó por considerar que los graves delitos que le fueron endilgados en su momento, como secuestro u homicidio no permitían este beneficio. Añadió que muchas evidencias exculpatorias se aportaron después de que se le hubiera resuelto la situación jurídica al exdiputado Sigifredo López. Por último pidió al Consejo de la Judicatura que se investigue qué pasó con el expediente que le abrieron a los cuatro testigos que resultaron siendo mendaces.
Esta declaración, sin embargo, al parecer no fue tenida en cuenta por el magistrado Villarraga, quien aseguró enfático en el pliego de cargos que se vulneró el debido proceso de Sigifredo López por cuenta de medidas arbitrarias que habría promovido la fiscal Zamora. También se ordenó que la responsabilidad de los fiscales Marlen María Barbosa y Hernando Castañeda Ariza sea evaluada por el Consejo de la Judicatura de Cali. Se trata, sin duda, de un expediente que en su momento levantó ampolla. Sigifredo ha dicho que quiere conocer toda la verdad.