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A través de una carta enviada al director del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), Jorge Luis Ramírez Aragón, el fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez manifestó su preocupación con respecto a la situación de hacinamiento que se presenta en las Unidades de Reacción Inmediata (URI) donde, según el fiscal, se ha superado en más del 100% la capacidad de albergue.
El ente investigador referenció el caso específico de la seccional de Medellín, la cual, según el fiscal general, tiene la capacidad para albergar a 90 personas y a la fecha se encuentran detenidas 139. En la seccional de Nariño, por su parte, con una capacidad para alojar a 25 detenidos, actualmente se cuenta con 81 personas en dichas instalaciones.
(Lea: Las cárceles en Colombia, una historia de hacinamiento)
“La permanencia prolongada de reclusos en estos centros de paso ha generado una grave situación de inseguridad y salubridad, que pone en riesgo la integridad de los internos y de los servidores de la entidad”, señaló el fiscal general.
Finalmente, la Fiscalía también recalcó que ha realizado “insistentes requerimientos” ante el Inpec y, hasta el momento, no ha recibido una solución eficaz ante la situación. El ente investigador señaló ademas, que considera que se llegó “al punto en que en estos momentos sería imposible que la Fiscalía pueda continuar llevando a cabo capturas en varios departamentos”.
(Especial: ¿Qué puede hacer un preso con dinero en La Picota?)
Esta no es la única crisis que han enfrentado los centro de reclusión, el pasado mes de agosto más de 60 reclusos del pabellón de extraditables en la cárcel La Picota de Bogotá, denunciaron a través de videos la grave situación sanitaria en la que se ven enfrentados diariamente. Los internos denunciaron ante los medios de comunicación que el patio no cuenta con agua potable, ni servicios sanitarios.
(Lea: Por malos olores y difíciles condiciones sanitarias, reclusos en La Picota están en protesta)
Según recientes cifras del Inpec las prisiones colombianas tienen una sobrepoblación de 39.125 reclusos; es decir, un 49,38 % más de la capacidad de las cárceles. Y, el número de personas que esperan una condena, 36.452.