Buanerges Florencio Rosero tuvo una cita este martes 20 de octubre con la justicia. La Corte Suprema de Justicia lo llamó para imputarle cargos por presuntos hechos de corrupción relacionados con supuestos sobrecostos en la compra de 10 ambulancias para el departamento. También son investigados el secretario de Salud del departamento, Jorge Alberto Molina Giraldo, y las jefas de las oficinas de Prestación y Desarrollo de Servicios, Fanny Chávez, y de Salud Pública del departamento, Alexandra Benavides González.
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La Procuraduría ya le tenía el ojo a este contrato de $3.460 millones para la compra de 10 ambulancias medicalizadas. De hecho, desde mayo pasado le abrió una investigación disciplinaria al gobernador Buanerges Florencio Rosero Peña. Según el organismo de control, habría sobrecostos en el negocio, que se firmó el 1 de abril.
Desde entonces, el Ministerio Público había pedido suspender el contrato por inconveniencia. Además, se vinculó al proceso disciplinario al secretario de Salud, Jorge Alberto Molina Giraldo, y a las jefas de las oficinas de Prestación y Desarrollo de Servicios, Fanny Chávez, y de Salud Pública del departamento, Alexandra Benavides González. El contrato, conoció este diario, tuvo una modificación luego de que el contrato quedó bajo la lupa de las autoridades.
Sobre el contrato No 547 del 1 de abril de 2020 la Procuraduría le pidió suspender la ejecución del contrato al advertir “su inconveniencia y posibles irregularidades que podrían vulnerar el ordenamiento jurídico y el patrimonio público”. Dentro de la investigación, el Ministerio Público ordenó la práctica de pruebas para determinar si pudieron presentarse faltas disciplinarias.
En mayo de 2020, la Procuraduría señaló que “Resulta altamente inconveniente que ante la pandemia producida por el COVID – 19, los recursos del Estado no estén presuntamente invertidos y ejecutados de manera correcta, o que estén generando sobrecostos en las actuaciones contractuales desplegadas como consecuencia de una indebida planeación por la Entidad Territorial”.
De los últimos tres gobernadores del Putumayo, este sería el segundo con un proceso en marcha en la Corte Suprema. En marzo de 2020, el alto tribunal llamó a juicio a Jimmy Díaz, quien estuvo a la cabeza del departamento entre 2012 y 2015. La Sala de Instrucción de la Corte Suprema señaló que este, quien se encuentra preso de manera preventiva en La Picota, habría colaborado activamente con una organización dedicada a la minería ilegal.
El alto tribunal lo procesará por concierto para delinquir, contaminación ambiental y peculado por apropiación en favor de terceros, entre otros. La investigación judicial señala que, al terminar 2015, Díaz inició una relación comercial con Humberto Ramírez Leal, alias Barbas, quien era representante legal de la Asociación para la Minería de la Cuenca de los Ríos Putumayo y Caquetá (Asomicuap). Este hombre, considerado como el capo de las dragas (máquinas usadas para extraer oro de los ríos). El por su parte insiste que se trataba de una asociación de minería artesanal.
*Nota de la Editora: el título de esta nota anunciaba la imputación de cargos. Se actualizó luego porque la imputación se realizó.