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Sin la presencia del exgobernador del Valle del Cauca, Juan Carlos Abadía Campo, la Fiscalía leyó durante 30 minutos el escrito de acusación en contra del exalto mandantario departamental por su presunta participación en las irregularidades en un contrato de distribución de textos escolares durante su administración. El ente investigador señaló que Abadía Campo habría cometido los delitos de peculado por apropiación a favor de terceros y celebración de contratos sin el cumplimiento de los requisitos legales.
En la audiencia, que se llevó a cabo en el Palacio de Justicia con la presencia de tres magistrados de la Corte Suprema, la Fiscalía señaló que el exmandatario departamental habría entregado en enero de 2010 un contrato de $658 millones a la Fundación Calimio de manera directa con el fin de que comprara y distribuyera textos escolares en 40 bibliotecas de diez municipios del departamento.
::Juan Carlos Abadía: ¿otro cliente de la red de corrupción en la justicia?::
Sin embargo, señaló la Fiscalía, el contratista no contaría con la experiencia necesaria para recibir el contrato. Por ende, la Gobernación habría subcontratado a otras empresas con el fin de comprar y distribuir los textos escolares, lo cual habría generado un sobrecosto de $182 millones. La empresa beneficiada con el contrato habría terminado comprando los textos escolares a otras compañías mediante una sucesión irregular de compras a la empresa Clave del Saber, quien contrató a otras tres editoriales.
La versión del exgobernador es que el secretario departamental de Educación de ese momento, Eiber Gustavo Navarro, le certificó la idoneidad de la Fundación Calimio a través de un oficio que conoció este diario. Allí, el exfuncionario le asegura a Abadía que Calimio cumplió con el requisito de "la experiencia que acredita la capacidad tecnica y administrativa de la entidad para realizar el objeto del convenio". Según el exgobernador, él firmó el contrato porque sus funcionarios le aportaron todos los soportes para hacerlo.De hecho, por las irregularidades en estos contratos ya fueron condenados el exsecretario Navarro y la representante legal de la fundación, Luz Delly Martínez Collazos.
La Fiscalía General indicó en la audiencia de este martes que se presentó un peculado superior a los $817 millones, "afectando así el patrimonio del departamento y de la Secretaría de Educación", principalmente. Abadía dice que la Fiscalía desconoce "que cualquier contrato tiene descuentos de ley, como las estampillas", cuando se trata de contratación pública. La fiscal del caso afirmó que Abadía conocía de antemano de estas irregularidades y que, con el fin de sacar un beneficio propio, le habría dado apariencia de convenio de interés público para darle apariencia de legalidad a la entrega del contrato de manera directa, sin la necesidad de licitación pública.
"La indagación dio cuenta que Álvaro Hernán Granada, quien presentó propuesta a la Gobernación por parte de la editorial Pacífico, es yerno Jose Antonio Rodríguez, quien es a su vez es representante legal de la editorial Clave del Saber y este es el esposo de Luz Piedad Cardona, representante de la editorial Alfa y Omega. Segundo, que Sneider García, representante legal de la empresa Viejo Caldas y quien presentó propuesta a la Gobernación por este contrato, era empleado de Jose Antonio Rodríguez en la Clave del Saber. Tercero, que la fundación Enlace Colombia quien también ofertó para la Gobernación, nombró a Luz Martínez, representante legal de Calimío, como su tesorera. En este aparte, Abadía tuvo que velar porque el concurso fuera totalmente transparente", señaló la fiscal del caso.
El ente investigador no solicitó en este caso medida de aseguramiento contra Abadía, quien no atendió a la audiencia y se encuentra en libertad. El exgobernador le aseguró a este diario que por estos mismos contratos la Contraloría inició un proceso de responsabilidad fiscal que no prosperó por el supuesto detrimento patrimonial que, según la Fiscalía, habría sufrido el departamento con la gestión de Abadía. En el fallo que archivó el proceso fiscal en su contra se lee que "no existen indicios graves, ni conducta irregular alguna atribuible a Juan Carlos Abadía".
La audiencia preparatoria de juicio quedó fijada para el próximo 1 de octubre a las 8:30 de la mañana.
Cartel de la Toga
Tres meses después de que estallara el escándalo del cartel de la toga, septiembre de 2017, salió a relucir este proceso penal que afronta el exgobernador Abadía Campo. En la audiencia de imputación de cargos contra el exmagistrado y expresidente de la Corte Suprema, Francisco Ricaurte se mencionó que este habría favorecido a el exgobernador en el manejo del caso por la contratación de la compra de los textos escolares y en otro en el que se le investiga por la aprobación de vigencias futuras al departamento.
El fiscal del caso, Alfredo Betín, le imputaron cargos hace dos semanas por, presuntamente, haber pactado junto con Ricaurte archivar y frenar las investigaciones que se adelantan en la Corte Suprema contra el exgobernador. Según la Fiscalía, entre 2015 y 2016, Betín quedó a cargo de varios procesos en contra de Abadía, quien llegó a la Gobernación del Valle en 2008 y en mayo de 2010 fue destituido e inhabilitado por 10 años para ocupar cargos públicos.
Abadía, sin embargo, le aseguró a este diario que esta acusación "sea cae de su peso". Según el exgobernador, fue Betín el fiscal que le imputó cargos, lo que significa que no habría actuado para favorecerlo. Para Abadía, entonces, no tiene sentido que se diga que pagó un soborno por archivar su proceso, cuando Betín sí actuó en su contra.