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En respuesta a la petición que el pasado lunes la Procuraduría le hizo a la Fiscalía, de iniciar la extinción de dominio de los bienes de Odebrecht, el organismo investigativo le expresa “valorar” la posibilidad de realizar un plan de acción conjunto, teniendo en cuenta que el Ministerio Publico está promoviendo medidas cautelares de los mismos bienes en dos trámites distintos. Es decir, por medio de una petición de acción popular y una solicitud ante la Fiscalía.
La carta de Andrea del Pilar Malagón, directora de Extinción del Derecho de Dominio, afirma que esa figura no puede extenderse a bienes que hoy hacen partes de entidades públicas, pues ocho de las matriculas inmobiliarias que mencionó el Ministerio Público hacen parte de la Agencia Nacional de Infraestructura, una entidad del Estado. “Quedamos muy atentos para llevar a cabo la coordinación que requiere la defensa del interés público”, dice la misiva.
Sin embargo, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca emitió, el 17 de febrero de 2017, una decisión en la que manifestaba que sí se podría tomar medidas cautelares sobre un bien que le pertenece a la Concesionaria Ruta del Sol S.A.S. y seis a nombre de Estudios y Proyectos del Sol S.A.S. (Le podría interesar: Preguntas y respuestas para entender qué es el caso Odebrecht)
En cuanto a las cuentas bancarias a las que el Ministerio Público también se refirió, el ente investigativo dice que ya había decretado medidas cautelares sobre las cuentas bancarias y los dividendos obtenidos de las sociedades Concesionaria Ruta del Sol S.A.S., Constructora Norberto Odebrecht S.A., Odebrecht Latinvest Colombia S.A.S., Estudios y Proyectos del Sol S.A.S. y CSS Constructores S.A.
La Fiscalía, además, sostiene que desde 23 de diciembre de 2016 –fecha en la cual abrió proceso penal– ha decretado medidas cautelares sobre cinco inmuebles, dos vehículos, y cuatro millones de acciones en una empresa ubicada en las Islas Vírgenes Británicas por un valor de US$4 millones. Este dinero haría parte de los US$6.5 millones que recibió el exviceministro de Transporte, Gabriel García Morales, por parte de la multinacional para obtener el tramo 2 de la Ruta del Sol.
Y en febrero de 2017, el organismo investigativo realizó lo mismo con 34 inmuebles, 645 semovientes, cinco bienes muebles y dos sociedades por un valor de $52.415 millones que eran de propiedad del excongresista Otto Nicolás Bula, preso en la cárcel La Picota. (Lea: ¿Contra quién apuntaría Otto Bula?)