El fiscal general (e), Fabio Espitia, anunció que está revisando la legalidad de interceptaciones realizadas desde esa entidad s los números telefónicos de Álvaro Leyva Durán y la exsenadora Piedad Córdoba. Así lo indicó este viernes en medio de un nuevo escándalo nacional por la existencia de denuncias que apuntan a que se habrían utilizado las salas de interceptación de la Fiscalía para chuzar a abogados litigantes, negociadores de paz y altos funcionarios del Estado.
Espitia indicó que se les solicitó oficialmente a varias personalidades dar cuenta de los números telefónicos que han usado recientemente para verificar si han sido objeto de interceptaciones. Además de Leyva y Córdona, se hizo la petición al senador de oposición Iván Cepeda, al exjefe negociador de Paz, Humberto de la Calle; y a los asesores jurídico de las Farc Diego Martínez y Enrique Santiago. “Ya nosotros hicimos una auditoría que nunca se había hecho a toda la temática tanto del sistema Esperanza como obviamente en relación con las últimas noticias", dijo.
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“Hemos ya solicitado por ejemplo la colaboración de algunas de las personas que aparecen en las publicaciones. Ya nos han respondido. Hoy solamente aparece una interceptación al doctor Álvaro Leyva en el año 2013. Voy a revisar la legalidad de esa interceptación. También una en 2019, durante unos días, a uno de los teléfonos de Piedad Córdoba, también voy a revisar la legalidad de esa interceptación. El único que no nos ha respondido es el señor Enrique Santiago”, agregó el fiscal Espitia.
De otro lado, a través de una carta enviada al fiscal general (e), Fabio Espitia, dos de sus subordinados, los fiscales Daniel Hernández y Álvaro Betancur le solicitaron que los investigue con celeridad. ¿La razón? Que exfuncionarios del ente investigador los han relacionado de participar en supuestas interceptaciones irregulares a altos funcionarios del Estado, abogados involucrados en casos claves y exnegociadores de paz.
Así lo aseguraron Fabio Martínez Lugo, detenido en mayo pasado; y Luis Carlos Gómez Góngora quien fue condenado a ocho años de prisión este año. Ambos aseguraron que se hicieron chuzadas a los abogados de Alex Vernot, Carlos Mattos; al propio Carlos Mattos; del exdirector de la Agencia Nacional de Infraestructura, Luis Fernando Andrade; al exvicefiscal, Jorge Fernando Perdomo; al exdirector del CTI, Julián Quintana; a Jorge Enrique Ibáñez, presidente del tribunal de arbitramento que declaró nulo el contrato de la Ruta del Sol 2, entre otros.
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En la carta, Hernández y Betancur niegan dichos señalamientos: “Nada más falso y cobarde que las afirmaciones hechas por estos funcionarios quienes hoy enfrentan cargos precisamente por esos hechos. Como fiscales delegados y como colombianos no hemos hecho nada distinto a cumplir con la Ley y la Constitución. A nuestro cargo han estado algunas de las investigaciones más importantes de corrupción a nivel nacional y al interior de la propia Fiscalía. Es entendible que ahora, quienes sí le deben a la justicia, intenten atacarnos”.
“Es por eso que a través de esta comunicación queremos solicitarle que ordene la apertura de una investigación penal inmediata en la que se determine, si en alguna de las investigaciones a nuestro cargo, se ha procedido de manera irregular con interceptación sin el cumplimiento cabal de los requisitos de ley”, agrega la carta en la que agregan que ponen a disposición del fiscal Espitia toda la documentación necesaria.
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Según Hernández y Betancur, esta investigación debe ser “celera, detallada e imparcial”, y de cara al país, ante la certeza que tienen que todo esto sería una intención de mencionarlos como una estrategia de defensa. En un documento enviado a la Jurisdicción Especial para la Paz, publicado por Semana, Fabio Martínez Lugo y Luis Carlos Gómez Góngora asegura que el fiscal Hernández daba órdenes de interceptación a veces verbales y afirman que as supuestas chuzadas en las Salas Oro, Granate y Diamante de la Fiscalía se hicieron con “pleno respaldo y conocimiento” del entonces fiscal Néstor Humberto Martínez.
En días pasados, cuando se hicieron públicas las supuestas chuzadas a personas involucradas con las negociaciones de paz de La Habana, el exfiscal Martínez expidió un comunicado negando saber de las mismas y en donde también pide una célere investigación. Allí afirma que desde 2018 la Fiscalía tiene pruebas que indicarían como desde prisión, personas investigadas estarían gestando “una conspiración contra el suscrito, apelando inclusive a falsos testimonios” a manera de retaliación por las investigaciones adelantadas.
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Martínez asegura que “si los diálogos de paz terminaron el mismo mes en que tomé posesión del cargo de Fiscal General, en agosto de 2016, cómo es posible que se me atribuya interceptaciones “durante los diálogos”. Y asegura que no ha tenido relación alguna con las supuestas interceptaciones a los negociadores de paz y niega haber escuchado alguna vez comunicaciones grabadas de esta manera. “Nunca he oído una conversación de los facilitadores y negociadores del proceso de paz. El general Pérez (director del CTI) podrá corroborar que tal versión es completamente falsa, porque NUNCA recibí nada de el en estas materias”.
“La mendaz versión afirma, igualmente, que dispuse seguimientos ilegales en el país y el exterior a los negociadores y facilitadores de la paz. Nunca ordené un seguimiento, ni en este caso ni en otro. Complementariamente, la propia Contraloría General de la República concluyó el pasado 29 de julio que no es cierta la especie de que durante mi administración se hubiesen utilizado “gastos reservados” para este propósito. Además, Martínez asegura que las denuncias en contra de Daniel Hernández y Álvaro Betancur estarían relacionadas con este supuesto plan en su contra.
Como ha documentado El Espectador, el pasado 19 de noviembre, delegados de la Procuraduría hicieron una visita especial a la Fiscalía por cuenta de una orden del magistrado de la Sala Disciplinaria Alejandro Meza Cardales, a cuyo despacho llegó una denuncia anónima. Ese documento asegura que Daniel Hernández y Álvaro Betancur han “ordenado interceptaciones ilegales respecto de objetivos institucionales (funcionarios de la FGN), políticos (periodistas, líderes sociales, etc.), jurídicos (abogados y magistrados), con el objeto de obtener información privilegiada respecto de las actividades y contactos de estas personas con fines personales fútiles”.
Nota de la editora: la noticia se actualizó a las 4:00 p.m. con la declaración del fiscal general encargado, Fabio Espitia.