Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
0:00
/
0:00
Devolverles las tierras a más de 11.000 indígenas emberas chamí del resguardo San Lorenzo (Caldas) es, desde octubre del año pasado, una prioridad para la Unidad de Restitución de Tierras (URT). Se trata de un resguardo que mide más de 6.000 hectáreas y que ha sido testigo, desde la época de la Colonia, del intento de reyes, gobernantes y grupos armados por desaparecer ese territorio ancestral. Pero el reto es mayor: la URT no sólo quiere restituir la tierra que perdieron los indígenas en los años 80 por la presencia de grupos armados, y pedirle a la Unidad Nacional de Tierras que revise los títulos coloniales de 1627 que el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria (Incora) les quitó en el año 2000, sino que primero debe enfrentar las consecuencias del desequilibrio espiritual que hoy padecen los indígenas emberas de San Lorenzo por la presencia de varias fosas comunes en su tierra.
Se trata de una situación sin precedentes, pues, nunca antes, desde que se creó la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, hace cinco años, los funcionarios habían lidiado con un problema cultural tan delicado como la presencia de cadáveres enterrados en territorio indígena como consecuencia del conflicto. Según le explicó la URT a este diario, el problema no es sólo que haya restos sin identificar, sino que para los indígenas que viven en este resguardo, ubicado entre Riosucio y Supía (Caldas), los muertos que se entierran sin una despedida causan un desequilibrio en el territorio y en su espíritu. No es fácil para ellos explicarle a un blanco (una persona ajena a la comunidad) cómo se siente el desbalance, pues, dicen, se trata de un legado cultural que sólo conocen quienes llevan en la sangre a los ancestros de los primeros resguardos.
Varios antropólogos han tratado de explicar de qué se tratan esas dolencias y han relatado que, además de los mareos y dolores de cabeza que experimentan los indígenas, la tierra deja de ser fértil y las plagas aparecen. En San Lorenzo, el desequilibrio por los muertos sin despedida es para ellos una situación descontrolada desde hace muchos años. Lo que la Unidad ha logrado documentar es que en las más de 6.000 hectáreas que componen su territorio ancestral hay por lo menos 15 fosas comunes. ¿Quiénes están inhumados? ¿De qué manera murieron? Nadie lo sabe. Ni la URT, ni la Fiscalía ni la comunidad.
Lo que sí saben es que la necesidad de sanar la tierra es urgente y necesita todo el apoyo gubernamental, pues la idea es que la URT presente la demanda de restitución en agosto. “Siempre hemos estado en el olvido. Aprovechemos estos aires de paz y demostremos que los indígenas en Colombia sí importan”, le dijo a El Espectador Joaquín*, un abogado miembro del resguardo que está acompañando el proceso de restitución. Cuando Joaquín dice que desde siempre han tenido que ser objeto de segregación, no exagera. Desde la colonización española, las ofensas en contra de su comunidad se volvieron cotidianas. Aunque en 1627 la Corona española configuró tres resguardos, incluido el de San Lorenzo, el desprecio de los gobiernos venideros se encargó de oprimirlos de manera sistemática.
Primero, el reino de España impuso su cultura. En 1832, los indígenas sufrieron las consecuencias de una polémica ley discriminatoria que determinaba la manera como debían ser gobernados “los salvajes”. Un siglo más tarde de haber logrado el título colonial, el Ministerio de Economía, de una manera que hoy es considerada arbitraria, dijo que el resguardo San Lorenzo no podía existir. En 1960, el Gobierno revivió la reserva, pero con una extensión y número de personas mucho menor al original. Los títulos coloniales quedaron en completo olvido en el 2000, cuando el Incora constituyó en resguardo sólo una porción del territorio. Mientras tanto, el resguardo era otra vez víctima del despojo y el terror de la guerra. Históricamente, la región de Caldas donde se encuentran asentadas siete reservas indígenas emberas chamí, incluida la de San Lorenzo, ha sido utilizada como un corredor estratégico por grupos armados, pues es la conexión entre el centro del país y la costa pacífica colombiana. El frente 47 de las Farc se desplegó por la zona, comandado por guerrilleros de la talla de alias Iván Ríos y Karina. Por la misma época, el frente Óscar William Calvo Campo, del Ejército Popular de Liberación (Epl), hizo lo mismo, y los enfrentamientos entre las dos guerrillas cobraron, según la Defensoría, más de 100 muertos de la comunidad entre los años 80 y 90.
En 1990, los paramilitares se unieron a la lucha por el control territorial. Grupos de autodefensas procedentes de Antioquia y el Magdalena Medio entraron en la guerra, dejando a los indígenas emberas en el cruce de las balas. “Allá nos tocó de todo. Primero guerrilla y después los paramilitares. Siempre ha sido pura bala, saqueos, secuestros, desapariciones y asesinatos”, le contó a El Espectador María*, una de las líderes que hoy luchan para que su comunidad confíe en que no corre peligro. “Aquí llegaba cualquiera que estuviera armado y nos sacaba de las casas. Así fuera a las dos de la mañana nos tocaba cocinarles y atenderlos. Todo eso con el fusil en la cabeza. ¿Cómo nos resistíamos?”, dice Luis*, otro de los líderes empeñados en recuperar lo perdido. La situación de inseguridad alcanzó su punto más crítico entrado el nuevo milenio.
Ante la falta de atención por parte del Estado, la comunidad se organizó y presentó una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), para que los protegiera con medidas cautelares. La respuesta, positiva, llegó en 2002 y, entre otras cosas, le ordenó al Gobierno proteger a más de 20 líderes amenazados tanto por la guerrilla como por los paramilitares, protección que se mantiene hasta hoy. “Yo tengo un tío perdido hace 29 años. Nada sabemos de él. Nosotros tuvimos que salir de allá por miedo”, señaló Fernando*, quien confía en que, con los avances en el proceso de paz y la reciente orden de un juzgado de restitución de tierras de Pereira de darle a la comunidad unas nuevas medidas de protección, pueda saber qué pasó con su familiar.
La protección de la que habla Fernando llegó en febrero de este año. Para iniciar el proceso de restitución, la URT le presentó al juzgado de Pereira que ordenara unas medidas cautelares para San Lorenzo. El fallo, conocido por este diario, les ordenó a entidades como la Fiscalía, los ministerios del Interior, de Cultura y de Salud, la Unidad de Víctimas y la Fuerza Pública que trabajen con la comunidad de San Lorenzo, no sólo para exhumar e identificar los cuerpos, sino para que también se establezca cuántas víctimas hay en el resguardo. “Estamos frente a un resguardo que realmente ha vivido la guerra del país desde siempre. Lo que queremos ahora es devolverles lo que han perdido desde la época colonial y, para lograrlo, primero tenemos que resolver el problema del desequilibrio espiritual que causan las fosas comunes”, le explicaron fuentes de la URT a El Espectador.
Aunque la Unidad de Víctimas tiene la orden de registrar a todos los afectados por el conflicto en San Lorenzo, todavía no es seguro divulgar los resultados de su trabajo. Las amenazas de grupos paramilitares y bandas criminales no lo permiten. En el resguardo se dice que han muerto por lo menos 300 personas en medio de la guerra desde los años 80. Se dice también que el número de indígenas desaparecidos es de más de 100. Y ha sido imposible contabilizar los miles de habitantes que salieron corriendo de sus tierras. “Saberlo con certeza es imposible. No somos nada para el Estado. Nos dicen que somos guerrillos o paras. Pero nunca nos han reconocido como indígenas”, resalta Fernando.
El trabajo para sanear la tierra ya empezó. En abril de este año, funcionarios de la Unidad, la Fiscalía y varios ministerios implicados en el fallo del juzgado de Pereira, viajaron hasta San Lorenzo para un ritual de sanación, liderado por los jaibanás, los médicos tradicionales. La idea, le contaron a este diario varios participantes, es limpiar las impurezas y los malos espíritus de los blancos, y del territorio en general, para poder hacer las exhumaciones y limpiar la tierra. Aunque la tarea de recuperar la pureza del territorio requiere de muchos años, las autoridades esperan que, después de tres rituales más, que se realizarán en los próximos meses, las tierras puedan ser devueltas de una vez por todas a los indígenas emberas chamí de San Lorenzo.
* Nombres cambiados por seguridad de los indígenas.