Más de 90 testigos fueron solicitados por el exmagistrado de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia Francisco Javier Ricaurte, quien en septiembre del año pasado fue capturado por, supuestamente, ser uno de los cerebros del sonado caso del cartel de la toga. Son varias las personalidades que el Juzgado Décimo de Conocimiento de Bogotá deberá evaluar con el fin de establecer qué declarantes acepta y cuáles no. Uno de ellos es el expresidente de la República, Juan Manuel Santos, quien se encuentra en Estados Unidos. En una próxima audiencia, el juez a cargo del caso deberá decidir si acepta este pedido de pruebas o no.
A través de su abogado, Álvaro Luna, el exmagistrado también pidió como declarantes a la ministra del Interior Nancy Patricia Gutiérrez, al periodista y escritor Juan Gossaín, al abogado y profesor Dagoberto Charry, así como al fiscal general, Néstor Humberto Martínez, su antecesor Eduardo Montealegre Lynett, y el exvicefiscal Jorge Fernando Perdomo. El exfiscal general Guillermo Mendoza Diago, el exgobernador Juan Carlos Abadía, el secretario de la Cámara de Representantes Juan Pablo Duque, el exsenador Julio Manzur y su hijo, Wadith Manzúr, también fueron solicitados como testigos del exmagistrado.
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En la lista también se encuentran los magistrados José Luis Barceló, Fernando Castro Caballero, Luis Guillermo Salazar, Eyder Patiño Cabrera, Luis Antonio Hernández, Patricia Salazar Cuellar, Francisco Acuña Vizcaya y Eugenio Fernández Carlier. Precisamente, de este último magistrado también fueron requeridos como declarantes varios de sus trabajadores y extrabajadores. Entre ellos se encuentran Rafael Montero, Carlos Alberto Piñeros, Raúl Alfonso Gutiérrez, Álvaro Obando, Ariel Torres, María Mónica Cadena Rodríguez, Fredy Alexander León, Ricardo Rendón, entre otros.
Asimismo, varias personalidades vinculadas con este escándalo de corrupción también fueron solicitadas como testigos. Algunos de ellos son los exgobernadores Musa Besaile y Alejandro Lyons, el exsenador Álvaro Ashton, el abogado Leonardo Luis Pinilla y los exmagistrados José Leonidas Bustos y Camilo Tarquino. Por su parte, el suspendido magistrado Gustavo Enrique Malo Fernández también fue llamado como declarante, al igual que varios de sus trabajadores y extrabajadores, entre ellos Alexander Arévalo, Camilo Andrés Ruiz, Iván Andrés Cortés y Jairo Enrique Hurtado, entre otros.
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Otras personalidades que fueron solicitados como testigos, además de varios agentes de la DEA, investigadores del CTI de la Fiscalía y abogados, son: Majer Nayi Abushihab, asesor de la Fiscalía; Luis Ignacio Lyons España, abogado; Luz Mabel Parra, exmagistrada auxiliar de Leonidas Bustos; Nubia Yolanda García, secretaria de la Sala Penal de la Corte Suprema; Gustavo Álvarez Gardeazabal, escritor y periodista; Jaime Camacho Flórez, fiscal delegado ante la Corte Suprema; Hernando José Padauí, representante la Cámara; Germán Varón Cotrino, senador; Jorge Enrique Rozo, exsenador; entre otros.
El exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia Francisco Ricaurte es investigado porque, al parecer, fue uno de los cerebros de la organización conocida como el cartel de la toga. Según la Fiscalía, Ricaurte, junto al exmagistrado José Leonidas Bustos, al magistrado Gustavo Malo y a los abogados Luis Gustavo Moreno y Leonardo Pinilla, "dirigieron una organización (...) dedicada a cometer delitos indeterminados que afectaron la seguridad pública y la administración pública".
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Ricaurte fue llamado a juicio en diciembre pasado por la Fiscalía. El ente investigador señala que dicha "organización" nació en 2013, en una reunión en que José Leonidas Bustos presentó a Ricaurte con Moreno -quien tres años más tarde llegaría a ser jefe anticorrupción de la Fiscalía de Néstor Humberto Martínez-. Ricaurte y Bustos, asevera el ente investigativo, "eran quienes tenían los contactos, generalmente políticos, especialmente congresistas y gobernadores". Por una razón: sus casos los llevaba la Corte Suprema.
"La manera de manejar los procesos era diversa e incluía estrategias como conseguir y utilizar la información privilegia que obtenían de los procesos, retardar los trámites, instrumentalizar medios de comunicación para restar credibilidad a testigos, alteración de evidencias, todo con el objetivo de obtener decisiones con apariencia de legalidad que favorecían a los que ellos denominaban sus 'clientes'", indicó la Fiscalía. Y agregó: "Todo lo anterior con la intervención de los funcionarios del más alto nivel que tenían a su cargo el manejo de los procesos".
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Ricaurte es investigado por los delitos de concierto para delinquir agravado, cohecho por dar u ofrecer, tráfico de influencias de particular y utilización indebida de información privilegiada. Ricaurte, por su parte, no aceptó cargos durante la audiencia de imputación y, por medio de su abogado, siempre ha rechazado cualquier injerencia inapropiada en la administración de justicia.