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Gustavo Malo Fernández no está dispuesto a pasar a la historia como el primer magistrado que se retiró por petición de sus colegas de la Corte Suprema. Aunque ellos, en un hecho sin precedentes, le pidieron el martes que se apartara de su cargo mientras avanzan las investigaciones, Malo se queda. “Soy inocente”, le dijo el miércoles a la Sala Plena de la Corte. Varios de los magistrados no ocultaron su enojo ante su negativa de irse, pero él insistió: “Soy inocente”. Sin embargo, el escándalo que vive hoy la Corte, el peor que haya afrontado esta corporación, no resiste sólo buenas intenciones. Varios de sus integrantes exigen investigaciones, sanciones y respuestas. Otros, sólo callan. (En contexto: Investigación contra Gustavo Moreno por corrupción aterrizó en la Corte Suprema)
Por eso, la sala de instrucción que conforman Patricia Salazar, José Luis Barceló y Luis Hernández pidió que Malo fuera investigado. Esa solicitud se hizo el martes igualmente, y la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes confirmó que abrió una indagación preliminar contra el magistrado para determinar si él participó o no en la red de corrupción que se habría gestado en ese alto tribunal. Por ese mismo asunto ya se abrieron preliminares contra dos expresidentes de la Corte: José Leonidas Bustos y Francisco Ricaurte. Se supone que el rostro de esa red de corrupción era Gustavo Moreno, quien fue litigante, asesor de la Comisión de Acusación y, por último, jefe anticorrupción de la Fiscalía. (Una red que conmociona a la justicia)
Malo, abogado de la Universidad de Cartagena, fue elegido integrante de la Sala Penal de la Corte Suprema el 9 de octubre de 2012. Entró a reemplazar a Sigifredo Espinosa, quien fue reconocido como víctima de las “chuzadas” y seguimientos del DAS en la era del presidente Álvaro Uribe, y ahora aspira a hacer parte del Tribunal Especial de Paz. Malo Fernández construyó toda su carrera en la Rama Judicial: fue juez penal municipal, juez de instrucción criminal, juez superior y, desde 1989, magistrado del Tribunal Superior de Cartagena. En la Corte Suprema conocían su trabajo, pues allá llegaron múltiples fallos suyos del Tribunal. “Era muy del común tirando a flojo”, le dijo a este diario un exmagistrado de la Corte. (En medio del escándalo en la Corte, magistrado Gustavo Malo quedó entre la espada y la pared)
Flojo o no, hace cinco años la Sala Plena de la Corte Suprema tomó la determinación de elegirlo para que perteneciera a esa corporación por ocho años. Ahora que ya pasó más de la mitad de su período, Malo Fernández se encuentra en la cuerda floja. En las grabaciones que la DEA le entregó a la Fiscalía de conversaciones entre Leonardo Pinilla y Alejandro Lyons que se dieron en 2017, cuando quien era el socio del entonces fiscal Gustavo Moreno “negociaba” con el exgobernador de Córdoba para que este aceptara pagar un soborno, apareció el nombre de Malo. “Ese man (José Leonidas Bustos) tenía garra con Gustavo Malo”, dijo Pinilla, según reveló Caracol Radio. (Transcripciones de la DEA en el caso Gustavo Moreno, una bomba en camino)
Dentro de la Corte Suprema también son varios los magistrados que han constatado la cercanía entre Bustos y Malo Fernández, relación que hoy pone al segundo en una posición bastante incómoda: Bustos, con apoyo de Gustavo Moreno, al parecer pedía millonarias sumas a personas investigadas por la Corte a cambio de influir en sus procesos. Así se lo confirmó a la propia Corte Musa Besaile, el congresista cordobés del Partido de la U que admitió haber pagado en 2015 $2.000 millones a Gustavo Moreno, cuando este era un litigante, a cambio de frenar una supuesta orden de captura que se había emitido en el expediente en su contra por parapolítica. Expediente que está en manos de Malo desde 2014.
Él también tiene a su cargo el proceso de Julio Manzur, un excongresista de Córdoba investigado por parapolítica y detenido por ello mismo en enero de 2015. Según relató el propio Manzur, Gustavo Moreno se comunicó con su hijo a través de un tercero semanas antes de que fuera arrestado y lo invitó a reunirse con él en Barranquilla para “discutir” la inminente detención de su padre. Manzur le indicó a su hijo que declinara la propuesta. Luego de su captura, contó Manzur, Moreno volvió a aparecer. Le ofreció sus “servicios” como penalista por $2.000 millones, la misma cantidad que Musa Besaile aceptó haber cancelado. Manzur aseguró que, de nuevo, dijo que no.
Fuentes de la Corte señalan que Malo Fernández, quien ha sido catedrático de las universidades de Cartagena, Rafael Núñez y Libre, llegó a ese tribunal impulsado por Francisco Ricaurte, con quien se conocía de años atrás mientras ejercieron como jueces en Cartagena. Ambos, además, han tenido que lidiar con procesos judiciales contra parientes cercanos: un hermano de Ricaurte, Rafael de Jesús, fue extraditado a Estados Unidos para enfrentar un juicio por narcotráfico en una corte de Nueva York. Y a Yara Malo, hija del magistrado, le imputarán el próximo 30 de octubre el cargo de extorsión agravada porque, supuestamente, le exigió a una fiscal a la que ayudó a nombrar el 20% de su salario.
Por el momento, Gustavo Malo Fernández continuará en la Corte Suprema. Su período se vence en octubre de 2020. Son varios los compañeros de Sala Plena que han expresado su malestar por la decisión de Malo de quedarse en la corporación mientras la Comisión de Acusación indaga sobre sus actos, pero él no dio su brazo a torcer: “Soy inocente”.