Hernando Baquero, un magistrado en el olvido

Casi nueve meses después de la toma del Palacio de Justicia, Hernando Baquero Borda, magistrado de la Sala Penal de la Corte Suprema, fue baleado por dos sicarios de la banda los Priscos cuando salía de su casa, en el norte de Bogotá. Como todos los jueves, el magistrado iba a recibir clases de alemán, idioma que conocía porque durante muchos años vivió en tierras germanas, donde hizo un estudio de derecho comparado y sus hijas Silvia y Ana María pasaron algunas temporadas antes del homicidio de su padre.

Muy puntual, como siempre lo fue en todos sus compromisos, el magistrado salió de su casa en el barrio Niza, a pesar de que sabía que la muerte le estaba pisando los talones. Él y su familia vivían día a día con el temor de estar en la mira de los carteles de la droga más peligrosos de la época. Las reuniones en sitios públicos y las salidas esporádicas se fueron reduciendo a medida que las amenazas iban llegando a la puerta de su casa por parte del grupo de narcotraficantes autodenominados los Extraditables.

Como su nombre no figuró entre las casi 100 víctimas de la sangrienta toma y retoma del Palacio de Justicia, las amenazas de Pablo Escobar y su cartel arreciaron contra el magistrado y sus familiares. Baquero no fue a la Corte el 6 de noviembre de 1986, cuando el M-19 entró al edificio, porque se encontraba en un seminario. Estaba en la mira de la mafia por ser el principal promotor y redactor de la ley de extradición a principios de los años 80, cuando ejercía como procurador en asuntos penales durante el gobierno de Belisario Betancur.

Semanas después del holocausto del Palacio de Justicia, Baquero visitó su oficina en ese derruido edificio donde militares y guerrilleros entraron en combate. Olía a carne quemada, recuerda su hijo Hernando, quien lo acompañó. “Sólo vi a mi padre llorar dos veces, y una fue ese día. Mientras descolgaba el crucifijo de la Sala Plena e ingresaba a su despacho no pudo contener las lágrimas”, cuenta Hernando Baquero con un tono medido para evitar el llanto.

Judicialmente nunca se comprobó que el cartel de Medellín hubiera financiado la toma del Palacio de Justicia. Sin embargo, la seguidilla de asesinatos que se vino en 1986 da fuerza a la hipótesis de que los sicarios de Pablo Escobar asesinaron a las personas que lo confrontaron públicamente y desde la legalidad. La familia del magistrado también lo cree así. Baquero fue acribillado el 31 de julio; el magistrado del Tribunal Superior de Medellín Gustavo Zuluaga, el 30 de octubre; el coronel antinarcóticos Jaime Ramírez, el 17 de noviembre, y el director de El Espectador, Guillermo Cano, el 17 de diciembre.

La familia Baquero dice que, de no ser por las grandes amistades que el magistrado forjó durante años en la academia, sus hijos no habrían estudiado después de su fallecimiento. Las universidades de los Andes y el Externado les permitieron tener acceso a la educación superior. “El doctor Fernando Hinestrosa —entonces rector del Externado— y otros compañeros de Hernando se portaron muy bien. Cuando Hernando murió, sólo quedamos con la pensión que él se ganó como funcionario de la Procuraduría. Ningún gobierno nos ayudó a sobrevivir”, afirma Susana Sampedro, viuda del magistrado.

Ella iba en el carro con el magistrado Baquero el día de su asesinato y recibió tres disparos en el hombro derecho, por lol cual perdió parte de su movilidad. Pero claramente perdió mucho más: a su compañero de vida, a quien conoció a inicios de los años 60, mientras estudiaban inglés en el Centro Colombo Americano. “¡Hernando era un hombre tan educado y correcto! Era un caballero, era el alma de la casa. Tenía un sentido del humor fantástico y no se quejaba si tenía que lavar la loza o cocinar. No había momento en que se despegara de sus expedientes. No había hombre tan preparado como él”, dice Susana Sampedro.

En 1988, la viuda del magistrado demandó al Estado por no proteger a su esposo. Cuatro años más tarde, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca condenó a la Nación a indemnizar a los familiares del magistrado. Para el alto tribunal, el Estado fue responsable del homicidio del magistrado Hernando Baquero Borda por no haberlo protegido, además de afirmar que la seguridad que le dio el Estado al magistrado fue “una vergüenza”, insuficiente ante las amenazas del cartel de drogas, que para entonces era uno de los principales enemigos del Estado.

La familia del magistrado Baquero siente hoy que la historia de Colombia ha sido muy injusta con su memoria. La prueba es que durante estos 30 años que han transcurrido, el nombre de Hernando Baquero Borda no ha figurado ni en el más sencillo de los homenajes a las víctimas del narcotráfico. Además, la justicia nunca desenmascaró a los culpables del crimen. Y, a la larga, la violencia lo enterró en el anonimato sin que el país hoy conozca su valiente legado.