En enero pasado el país estuvo, de nuevo, alerta de lo que ocurría en Hidroituango. Durante cerca de una semana, cuando EPM llenaba el embalse de Ituango (después de tener que abrir las compuertas y dejar que el agua pasara por la casa de máquinas), el caudal del río Cauca disminuyó ostensiblemente. Fue esa la situación complicada más reciente que se haya presentado en el proyecto hidroeléctrico, que se supone que para 2021 proporcionará hasta el 17 % de la demanda energética del país.
Para la Procuraduría es evidente que la crisis de Hidroituango ha afectado derechos colectivos y, por eso, inició una acción popular contra el Ministerio de Ambiente, la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), Empresas Públicas de Medellín (EPM) y la sociedad Hidroeléctrica de Ituango. Un recurso que recorre todos los errores que, para el Ministerio Público, se cometieron con el proyecto hidroeléctrico más grande del país y que desembocaron en la emergencia que empezó en abril del año pasado.
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Sobre la más reciente contingencia, la Procuraduría, en el documento de la acción popular, señaló que “causó graves afectaciones sociales, económicas y ambientales, especialmente al ecosistema en varios municipios de Antioquia, Sucre y Bolívar, pues ocasionó la muerte de más de 65.000 especies como peces, reptiles, anfibios y demás organismos como plancton y fitoplancton, entre otros microorganismos, necesarios y fundamentales para el ecosistema”.
En la acción popular, radicada ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, se expuso punto a punto las fallas que habría cometido estas instituciones y que habrían vulnerado cuatro derechos colectivos: el goce de un ambiente sano; la existencia del equilibrio ecológico y el manejo y aprovechamiento racional de los recursos naturales; la seguridad y salubridad públicas y el derecho a la seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente.
Las irregularidades, que iniciaron en abril de 2018 y que aún hoy -de una u otra forma- persisten, llevaron a que la Procuraduría presentara la acción popular en la que pone en entredicho las actuaciones de los involucrados. Para hacerlo, el Ministerio Público entró a revisar las obligaciones acordadas para la construcción de Hidroituango y encontró que, desde 2009, se han dado varias anomalías que han llevado a las posibles vulneraciones de los derechos que ahora se busca proteger.
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En 2009, el Ministerio de Ambiente planteó cuatro obligaciones. Primera, que en la etapa del llenado del embalse, y sin que aún opere la casa de máquinas, el caudal debía ser de 540 metros cúbicos por segundo. Segunda, la creación de un programa de manejo de hábitats y organismos terrestres y acuáticos. Tercera, la constitución de “un programa (de) manejo y protección del recurso íctico y pesquero en las cuencas baja y media del río Cauca”. Por último, que se tuviera un control de los afluentes hídricos, localizados aguas abajo de la represa.
Los que más comparten responsabilidades, según la Procuraduría, son EPM e Hidroituango, pues “otro aspecto que ha contribuido eficazmente a la vulneración de los derechos e intereses colectivos que aquí se alegan como conculcados, se encuentra relacionado con el ocultamiento e inexactitud de la información que ha sido suministrada (…) la cual no ha sido veraz ni confiable, pues con ella siempre se ha tratado de ocultar la realidad de la problemática”. La ANLA y el Minambiente también tienen su parte.
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Las posibles responsabilidades
Son tres los puntos por los que la Procuraduría señala a EPM e Hidroituango. Uno de ellos, como se mencionó, es que la información sobre las contingencias no fue entregada de manera completa y oportuna a las entidades reguladoras. Al respecto, añade que “las respuestas dadas (…) no han sido confiables, ni han resuelto los aspectos centrales y fundamentales planteados en los requerimientos, pues se ha recibido información general, incompleta y, en buena parte, confusa e inconexa”. Una situación sustentada, sobre todo, en el hecho de que “los hechos han demostrado tener un alcance mayor”.
Otro aspecto por el cual se presentó la acción popular es el de las contingencias o, más bien, la falta de control de las mismas. Argumenta la Procuraduría que, aun hoy, está en riesgo la población civil que vive en las zonas aledañas al proyecto, debido a que han perjudicado “al componente biótico y social aguas debajo de la presa, por presuntamente desarrollar la construcción del túnel de desviación sin complementar el estudio de impacto ambiental”.
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El tercer asunto es que, en 2015, se suscribió una cláusula para acelerar las obras, en la que se acordó que, para alcanzar más rápido los niveles de llenado de la presa, se taponarían dos de los túneles auxiliares de desviación, con el fin de obtener beneficios económicos pactados con el Gobierno Nacional hasta 2018 por el cumplimiento de plazos. Pero con esto, relata la acción popular, no se tuvo en cuenta que el revestimiento de concreto en el interior del túnel no resistía la velocidad del flujo del río Cauca.
El Espectador buscó hablar con voceros del Ministerio de Ambiente, de la ANLA y de EPM, pero en ninguno de los tres casos fue posible. Por un lado, de Empresas Públicas de Medellín explicaron que aún no han sido notificados de la acción popular, entonces no era posible realizar una declaración. La ANLA, por su parte, señaló que todavía era una investigación preliminar, por lo que era muy pronto para pronunciarse. Mientras tanto, al Ministerio de Ambiente se le envió una solicitud que no fue respondida.
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Mientras empieza el curso de esta acción popular, en el Bajo Cauca, la región de influencia de la hidroeléctrica, se espera que la crisis llegue a su final, algo que también se espera en el resto del país, por la importancia de un proyecto que, se supone, resultará fundamental en un par de años para evitar un racionamiento energético en Colombia y por el riesgo que desde hace casi un año enfrentan las comunidades vecinas a esta iniciativa.