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El jurista Jorge Iván Palacio les puso toda su atención a los padecimientos del río Atrato. Antes de culminar sus ocho años como magistrado de la Corte Constitucional, el abogado de la Universidad Autónoma Latinoamericana de Medellín estudió una tutela que hoy lo tiene ocupado entre invitaciones y entrevistas de periodistas, jueces y académicos de todo el mundo. Su análisis del recurso que presentó el Centro de Estudios para la Justicia Social Tierra Digna, en representación de varios consejos comunitarios del Chocó, sentó un precedente jurídico en la historia del derecho en Colombia. En otras palabras, nunca antes nadie se había atrevido a hacer lo que Palacio logró con su ponencia: que a un río en el país se le otorgaran derechos como a un ciudadano más.
Lo hizo en una sentencia que se conoció en febrero de este año, en la que señaló sin rodeos que, si hoy no se protege a este río, el tercero más caudaloso de Colombia, en 50 años no será más que un desierto. La decisión del alto tribunal fue aplaudida por ambientalistas nacionales e internacionales, pero también criticada por quienes defienden una visión del derecho tradicional. En todo caso, se trata de un fallo novedoso en el país. Sin embargo, no lo fue para el resto del mundo. El exmagistrado Palacio cuenta que en un evento que organizó la Corte en octubre de 2016 escuchó atentamente la intervención que hizo un juez de la India, quien explicó que “nuestros hermanos los árboles y nuestras hermanas las flores” pueden ser sujetos de derechos.
“Cuando llegó a mi despacho la tutela, supe cuál era mi camino a seguir. La naturaleza tiene derecho a que no la contaminemos, no la destruyamos y a que sea usada racionalmente. En el caso del río Atrato estábamos precisamente en esta situación. Debíamos proteger su derecho a que no se le cambie su rumbo, a que no se tale la madera a su alrededor, a que la minería ilegal y a gran escala no siga dañando el ecosistema. Estamos hablando de una fábrica de agua potable y de uno de los ríos más importantes del país, que está en altísimo riesgo de desaparecer”, sostiene el jurista, quien ha dedicado por lo menos 30 años de su vida al servicio de la Rama Judicial del país, pasando desde los juzgados civiles de Fredonia (Antioquia), hasta los despachos de la Corte Suprema de Justicia y Corte Constitucional.
En la revisión académica y de jurisprudencia que realizó el despacho de Palacio, el exmagistrado tuvo en cuenta especialmente una corriente moderna de pensamiento conocida con el nombre de ecocentrismo. “Antes se conocía el antropocentrismo, donde el eje del planeta era el ser humano. Todo lo demás estaba al servicio del hombre. Una derivación de esa tesis es el biocentrismo, en donde se cuida a la naturaleza para preservar a la raza humana. Pero la corriente moderna de muchos autores y filósofos es el ecocentrismo, donde el ser humano es una especie más del planeta, como lo son la fauna, la flora y las demás especies”, explicó Palacio, cuya ponencia fue apoyada por el exmagistrado Aquiles Arrieta y el hoy magistrado Alberto Rojas.
Entre las órdenes que impartieron los tres jueces de la Sala de Revisión, que estudió la tutela, estaba la designación de unos guardianes para que cuiden el Atrato, quienes serán nombrados por el presidente, el Gobierno y las comunidades del Chocó. “El Atrato les sirve a la fauna, a la flora, al planeta y, claro, al ser humano, una especie más en la Tierra. Se trata de preservar la vida en el río, para que no se contamine más. Allí viven peces y plantas que se ven afectados con grandes cantidades de cianuro, mercurio y combustibles que se vierten en el lecho de ese río. No sólo el Atrato, sino el río Quito, el Andágueda, el Baudó y otros”, agregó Palacio, y recordó que la protección especial de este afluente también es para las comunidades que viven en sus orillas.
“La vida del pueblo chocoano es el río Atrato. Eso lo pude constatar en la inspección judicial que hicimos al Chocó para resolver este asunto. Lo que más me impresionó fue el interés que tiene la comunidad de recibir ayuda para recuperar el río”, señaló el exmagistrado, recordando el panorama desolador que presenció en su viaje. “El Atrato ya perdió en muchas partes su cauce. Desde el aire se ven los baches, se ven las lagunas, la aridez. Ya no se puede comer pescado en las riberas del Atrato; la gente se enferma, los niños se mueren, los ancianos viven en riesgo, ha habido deformaciones. El cianuro y el mercurio son elementos tóxicos que ocasionan la muerte. La radiografía es alarmante, y lo peor es que en otras regiones de Colombia ya estamos viendo escenarios similares”.
Según la versión del exmagistrado Palacio, su sentencia puede ser el punto de partida para que en Colombia se proteja el resto de ríos y ecosistemas de páramos o la selva Amazónica. El jurista asegura que todavía es necesario tener más controles, presupuesto y voluntad política. Y aunque considera que este no es el fallo más importante de la Corte Constitucional ni de su carrera, pues Palacio estuvo detrás del aval para que las parejas gais puedan adoptar en Colombia, y de la prohibición del uso de animales silvestres en espectáculos, lo que está claro es que la protección de este afluente de agua ya tiene guardianes en cuyas manos está su futuro. Y detrás de ese amparo estará siempre el exmagistrado como un centinela del río Atrato.