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Paola Guzmán Albarracín se quitó la vida cuando tenía 16 años. Llevaba dos años aguantando los frecuentes abusos sexuales del vicerrector de su colegio y, al final, del médico de la entidad educativa también. En febrero del año pasado, la Comisión Interamericana remitió a la Corte el caso, al considerar que el Estado ecuatoriano debe rendir cuentas por lo ocurrido con Paola Guzmán porque, entre otras razones, “ni el colegio ni el Estado en general contaban con herramientas preventivas y de detección temprana, ni con mecanismos de rendición de cuentas frente a situaciones como ésta, que no fue de carácter aislado en ese colegio”.
Catalina Martínez Coral, abogada colombiana, es la directora regional para Latinoamérica y el Caribe del Centro de Derechos Reproductivos, la ONG internacional que asumió el caso de Paola Guzmán. En entrevista con este diario, Martínez Coral explicó por qué es tan importante discutir en este escenario de justicia interamericana lo que ocurrió con la estudiante ecuatoriana.
¿Cómo resume lo que le pasó a Paola Guzmán?
Se trata de una adolescente de 14 años que buscó ayuda con el vicerrector del colegio público donde estudiaba para poder mejorar su rendimiento académico y, a cambio de guía, lo que recibió fue una especie de transacción por parte de este vicerrector. Él le pidió favores sexuales a Paola. Este acoso y este abuso duró dos años y fruto de estos abusos ella queda en embarazo y es obligada a abortar por el vicerrector con el médico del colegio, quien además vuelve a solicitar sexo con ella para practicarle el aborto.
Nos encontramos ante una adolescente totalmente vulnerada, quien no sabía cómo operaba el mecanismo del abuso y el acoso y no sabía que estaba siendo víctima del mismo. Sin embargo, esta situación era de público conocimiento y empieza a ser culpada por funcionarios públicos del colegio de esta ‘relación’, algo que es común en los casos de abuso. Esto le genera a ella una culpabilidad y un sufrimiento severo que la lleva a quitarse la vida recién cumple los 16 años. Ella se toma un fósforo blanco camino al colegio y cuando llega no le brindan la debida atención, la ponen a rezar para pedir perdón por lo que hizo. No llamaron a una ambulancia ni llamaron a su madre, quien lo hace es una compañera de estudio. De inmediato, doña Petita Albarracín se va al colegio a recogerla y se la lleva a una clínica, donde fallece. Le podría interesar: Paola Guzmán, el primer caso de violencia sexual en un colegio que llega a la Corte IDH
¿Cuál fue la reacción de la justicia ecuatoriana?
El caso es tratado de la peor manera posible por el sistema judicial de Ecuador y por la opinión pública porque se dijo que existía una relación amorosa y que fue la niña la que sedujo al hombre, que era cinco décadas mayor, valga decir. Esto no permite que haya justicia porque se invisibiliza el delito sexual. Adicionalmente, se deja un profundo dolor en la familia de Paola, quien siente que el nombre de su hija fue deshonrado. Hoy buscan dignidad y honra para ella, que se reconozca que esta niña adolescente fue abusada por un hombre de más de 60 años y quien se aprovechó de su posición de poder al interior de la institución para engañarla y abusarla.
¿Cuál es la importancia de este caso?
El caso de Paola Guzmán Albarracín es el primero que llega a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) que aborda la problemática de acoso y abuso sexual en instituciones educativas. Este es un problema estructural y sistemático en la región, por ello este caso es tan importante. Le permitirá a la Corte pronunciarse por primera vez sobre estos formas de violencia que están tan presentes e invisibilizadas en Latinoamérica.
Más allá del caso particular, ¿a qué otras discusiones puede llevar este caso?
Este caso es muy importante en términos, sobre todo, de hacer un análisis sobre el consentimiento y la autonomía como los pilares de nuestros derechos sexuales y reproductivos. Entender cómo el consentimiento no puede ser considerado válido cuando existen estas dinámicas de poder. Esperamos que la Corte Interamericana nos pueda escuchar a las partes, a nosotros como representantes de las víctimas, el relato de la madre de Paola y al Estado ecuatoriano. Con base a esta recolección de información se espera que emita una sentencia mediante la cual encuentre responsable al Estado por estos hechos, ya que tanto el vicerrector como el médico eran funcionarios públicos y el sistema judicial no logró hacer justicia en este caso. Queremos que la Corte le pida al Estado ecuatoriano que repare a la familia de Paola, como una compensación económica, medidas de rehabilitación médicas, psicológicas y simbólicas. Por ejemplo, que se reconozca que aquí hubo fue un abuso sexual contra Paola y que se creen protocolos para evitar que casos como estos vuelvan a ocurrir en ese país.
¿Qué características estructurales de la justicia ecuatoriana facilitaron que el caso fuera tan mal manejado?
En el proceso judicial operan unos estereotipos de género muy marcados que son características estructurales de la justicia. En este caso, el estereotipo que recayó en varias oportunidades fue que las autoridades encasillaron a Paola como la niña adolescente seductora, culpándola por lo ocurrido. Este estereotipo se basa en que cualquier mujer que se acerca con una solicitud a un hombre abre la posibilidad de que, de manera transaccional, su cuerpo y su sexualidad sean parte del intercambio. Por dicho estereotipo se piensa que no debe existir una investigación judicial.
¿Estas características se repiten comúnmente en Latinoamérica?
Sí, se justifica en frases como “ella se lo buscó”, “ella lo sedujo”, “¿cómo estaba vestida?”. Es sobre nosotras que recae la culpa de la agresión.
¿Qué impacto esperan que tenga este fallo en el continente?
Esperamos que la decisión de la Corte Interamericana no sea solo de obligatorio cumplimiento para el estado ecuatoriano, sino que sea vinculante para los 23 estados miembros del sistema interamericano. En ese sentido, los estándares que la Corte emita en torno a cómo opera el acoso y abuso sexual contra niños y adolescentes en instituciones educativas, cómo opera el vicio de consentimiento por las relaciones de poder. Creo que la Corte tiene una oportunidad gigante para pronunciarse sobre el enfoque de género y de niñez, sobre temas que son muy importantes para la salud sexual y reproductiva de las menores de edad. Esto también permitirá que se visibilice ante la opinión pública ,esta violencia que es muy diferente y que nos empecemos a cuestionar sobre esto. Los estados podrían ir adecuando estos estándares a nivel nacional en sus sistemas judiciales y en la esfera democrática.
¿Por qué es importante visibilizar el tema de acoso y abuso en el ambiente educativo?
Es clave porque nos permite identificar y entender este problema, cómo prevenirlo y que permita a las niñas y adolescentes entender y atender los casos para evitar la anuencia y normalización de los casos de abuso sexual.
¿Cómo está la madre de Paola?
Ella está con muchas expectativas, lleva muchos años en busca de justicia y necesita cerrar este capítulo. La única forma es que se reconozca que aquí hubo una violación muy grande a los derechos de su hija, que no fue la culpable del abuso y acoso sexual del que fue víctima. Ella es una mujer con un gran perseverancia y ha movido todo lo que es humanamente posible para que el caso se conozca.