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El magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Gustavo Malo Fernández, no seguirá recibiendo su sueldo de más de $30 millones de pesos mensuales, luego de que el alto tribunal decidiera separarlo de su cargo el pasado 3 de abril. Malo Fernández está siendo investigado por el escándalo de corrupción conocido como el cartel de la toga por, al parecer, haber influido en decisiones judiciales a cambio de millonarias sumas de dinero.
El director ejecutivo de la Rama Judicial tomó esta determinación con base en el Decreto 1083 de 2015 que señala en el artículo 47 que cuando el funcionario se encuentre suspendido del cargo no será cancelada la remuneración fijada para el empleo. “No obstante, durante este tiempo la entidad deberá seguir cotizando al Sistema Integral de Seguridad Social, en la proporción que por ley le corresponde”, se afirma en el decreto, lo que quiere decir que el magistrado seguirá recibiendo los aportes sociales de salud y pensión.
(Lea "Con Gustavo Moreno nunca tuve trato ni relaciones de amistad": magistrado Gustavo Malo)
Otro de los aspectos que tuvo en cuenta la Rama Judicial para no seguir pagando el salario del magistrado es la sentencia T-1059 de 2001. “No existe en cabeza del servidor público el derecho a la remuneración por los días no laborados sin justificación legal y por ende, tampoco surge para el Estado la obligación de pagarlos. De pagarlos se incurriría en presuntas responsabilidades penales y disciplinarias, procediendo el descuento o reintegro de las sumas canceladas por servicios no rendidos, por resultar contrario a derecho”, se asegura en la sentencia.
El magistrado Gustavo Malo fue separado de sus funciones por la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia el pasado 3 de abril. Por ahora el jurista espera la decisión que se tome al interior de la plenaria de la Cámara de Representantes este miércoles 25 de abril, en la que se definirá si se acusa formalmente al magistrado.
Malo se convierte, entonces, en el primer magistrado que es separado de sus funciones por sus propios compañeros de la Corte Suprema. Las investigaciones contra el togado iniciaron en agosto del año pasado cuando el fiscal Néstor Humberto Martínez anunció que existían varios magistrados y abogados involucrados en una red de corrupción que cobraba millonarias sumas de dinero a cambio de frenar decisiones judiciales.