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Este miércoles 12 de junio, En los Juzgados de Paloquemao, un juez de control de garantías ordenó que se pongan en marcha dos medidas cautelares para mitigar la crisis ambiental de la represa de Hidroituango en Antioquia. En primera instancia el togado señaló que se debe "amparar los derechos a la vida, la salud, mínimo vital, medio ambiente, vida digna, salubridad pública y dignidad humana con ocasión al estado de calamidad pública decretado por la gobernación de Antioquia".
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Como segunda medida el juez ordenó que, en el plazo de cinco días, se instale una mesa técnica en la que participe la Fiscalía General , Procuraduría General, Contraloría General, Gobernación de Antioquia, Ministerio de Medio Ambiente, Ministerio de salud, ANLA, EPM e Hidroituango. En esta mesa, en la cual deben particpar las víctimas a través de sus apoderados, se instala con el fin de que se lleven a cabo acciones que permitan tener un estudio técnico sobre la emergencia ambiental y la estabilidad del megaproyecto.
El juez también ordenó que los medios de comunicación podrán asistir a estos encuentros con el fin de que todos los colombianos tengan conocimiento sobre estos hechos. Además, se debe cumplir con la entrega de uniformes parciales como mínimo cada 10 días sin que se llegué a superar el término de 60 días.
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“Es claro que los recursos ambientales sí sufrieron una afectación”, sentenció el juez y aseguró que el estudio de los hechos da para “hacer una inferencia de la probable comisión de un delito”. El funcionario hizo énfasis en el presunto fraude procesal que denunció la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) en el proyecto, relacionado con la contrucción de un túnel de desviación adicional sin contar con los permisos para hacerlo.
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El juez estudió toda la evidencia aportada por el ente investigador y escuchó los testimonios de las víctimas de la región, así como las intervenciones de EPM y las compañías contratistas en el megaproyecto. Además, hizo una detallada cronología por medio de artículos de prensa que relatan el minuto a minuto de la crisis de la hidroeléctrica y concluyó que hay grandes indicios de la posible comisión de un delito contra el medio ambiente. El juez agregó: “Las víctimas en este proceso no son solo los habitantes del sector, sino todos los colombianos, porque el medio ambiente nos compete a todos”.
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Con respecto al supuesto fraude procesal denunciado por la ANLA el juez del caso señaló que: “No lo dice este funcionario judicial, lo dijeron el gobernador de Antioquia, la Contraloría y la Procuraduría. En 2015 se construye el túnel y, un año después, en 2016 se consigue la licencia”, dijo el juez. Si bien dejó claro que todavía no está imputando cargo alguno a los responsables, está documentado en el informe que entregó la Contraloría General sobre la contingencia que la construcción del túnel se dio desde 2015.
Los abogados de la defensa intentaron refutar la necesidad de las medidas pedidas por la Fiscalía General. Según dijeron en la audiencia, varios de los problemas que advirtió el ente investigador en abril ya fueron resueltos en estos meses, e incluso, señalaron que habría imprecisiones en los datos del ente investigador.
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La Fiscalía, sin embargo, insistió en las medidas cautelares y aseguró que “fueron sustentadas en investigaciones, visitas e informes de peritos expertos de variadas áreas y entidades públicas”. La entidad todavía no señala a responsables del daño ambiental, pero ha dejado claro a lo largo de este proceso que las medidas solicitadas no son excluyentes de la responsabilidad penal que se pueda endilgar a quienes sean encontrados culpables más adelante en el proceso.
Al conocer la decisión del juez, Isabel Zuleta, líder de Ríos Vivos, a organización que defiende los derechos de las comunidades aledañas a Hidroituango, le contó a El Espectador que "Para nosotros, como comunidades afectadas por el proyecto, sobre las medidas consideramos que son una gota de justicia para un mar de angustia y dolor generado por Hidroituango. Es necesario que esos planes de contingencia se hagan reales. El juez del caso habla sobre la participación de las víctimas, de Ríos Vivos, quienes durante años hemos sido perseguidos, estigmatizado y, sobre todo, discriminados por nuestra oposición al proyecto. Es una gran alegría que se reconozca esa necesaria nuestra participación en esta mesa técnica".