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Después de 12 años, tres meses y 18 días de impunidad, la Unidad Nacional de Derechos Humanos de la Fiscalía dio un paso trascendental para el esclarecimiento de los delitos de los que fue víctima la periodista Jineth Bedoya Lima el 25 de mayo de 2000, cuando fue secuestrada, torturada y sometida a ultraje sexual por parte de miembros de los grupos de autodefensa. El ente investigador dictó medida de aseguramiento contra tres exparamilitares, al tiempo que admitió que este episodio debe ser tratado como un crimen de lesa humanidad.
La medida adoptada por la Fiscalía cobija, en primer término, al exparamilitar Jesús Emiro Pereira Rivera, alias Huevoepisca o Alfonso, hombre muy cercano a los desaparecidos jefes de la organización Carlos y Vicente Castaño, con un amplio prontuario por diversos crímenes y su vinculación con el llamado Bloque Capital. Asimismo, fueron asegurados Mario Jaimes Mejía, alias El Panadero, un exguerrillero de las Farc que cambió de bando; y Alejandro Cárdenas Orozco, alias JJ, quien confesó los cargos de secuestro y tortura.
En sus consideraciones, la Fiscalía concluyó que los tres paramilitares hicieron parte de un cuidadoso plan para atacar a un grupo determinado de la población civil, con la connotación de ser periodistas. Es decir, que lo ocurrido a Jineth Bedoya no fue un acto aislado o esporádico de violencia, sino un plan orquestado dentro de las estrategias de guerra diseñadas por la organización ilegal. En otras palabras, que el ataque iba dirigido a otros periodistas de El Espectador, diario en el que trabajaba la víctima para la época de los hechos.
A través de una notable labor investigativa, la fiscal que instruyó el caso documentó paso a paso lo sucedido ese 25 de mayo de 2000, cuando Jineth Bedoya acudió a la cárcel La Modelo para realizar una entrevista con los jefes paramilitares recluidos en el penal y fue secuestrada en las puertas del centro penitenciario. Lo hizo, recogiendo los testimonios necesarios para reconstruir la verdad de lo que sucedió. Entre ellos el de otro exparamilitar, quien ratificó cómo se dio la orden para el secuestro de la periodista.
Según el testigo, la idea de atentar contra Bedoya fue gestada por los jefes del naciente Frente Capital de las autodefensas, Miguel Arroyave y Ángel Gaitán Mahecha, quienes ordenaron “levantarla para darle una lección por meterse en los asuntos que ellos manejaban”. El mismo declarante refirió cómo después de las agresiones a Jineth Bedoya se presentó una discusión por el ultraje sexual, pues Arroyave expresó su desacuerdo con lo sucedido, pero a Gaitán Mahecha le pareció normal que pasara, porque la idea era asustarla.
La Fiscalía consideró que estas evidencias constatan que lo que quisieron hacer los paramilitares con la periodista fue darle un ejemplo al gremio de que no debía inmiscuirse en sus rentables negocios y juegos de poder, entre ellos el tráfico de armas dentro de las cárceles. Un hecho que corroboró el testigo, según el cual sí se estaba consolidando un comercio de armas en la cárcel Modelo, pues existía el interés de desmantelar la organización guerrillera que funcionaba en el reclusorio y ganar esa guerra aparte en los penales.
El testimonio de Alejandro Cárdenas, quien aceptó los cargos de secuestro y tortura pero no el de abuso sexual, refiere que a él le dieron la orden de “dar de baja” a la periodista, que dicho mandato lo recibió de los miembros del Bloque Centauros alias Cachama y alias Pollo Royer, pero que a última hora recibió una contraorden de que no la debía matar sino secuestrarla, razón por la cual él mismo la retuvo frente a las puertas de la Modelo, luego la obligo a abordar una camioneta y más adelante se la entregó a alias Mauro y a alias 25.
La providencia de la Fiscalía destaca la importancia de un individuo como Jesús Emiro Pereira, miembro de las autodefensas desde 1988. El documento añade que Pereira tenía estrechos vínculos con Miguel Arroyave, Ángel Gaitán, Héctor Buitrago, alias Martín Llanos, Daniel Rendón Herrera, alias Don Mario; y con hombres al servicio del zar de las esmeraldas Víctor Carranza. A su vez, Gaitán era un hombre muy cercano a Carlos Castaño y al propio Carranza, así como a miembros de la Fuerza Pública que les colaboraban.
Al margen de la decisión judicial, que rompe un silencio de 12 años, lo importante de la providencia de la Fiscalía es la demostración de que en esa época los ataques contra los periodistas por parte del paramilitarismo fueron recurrentes como método de guerra, y el propósito fue acallar las voces de aquellos que pretendían exponer ante la opinión pública los desafueros y violaciones de los grupos de autodefensa. Una de tales periodistas fue Jineth Bedoya, quien pagó un elevado costo personal por cumplir con su deber.
Ayer, al conocer el sentido de la decisión, Bedoya manifestó que “se ha dado un paso importante gracias a la valentía de una fiscal que obró en justicia. Pero aún falta mucho por aclarar, como el papel que cumplieron funcionarios del Estado para contribuir en el ataque u omitir sus deberes de evitar el secuestro”. Según la periodista, se trata de exfuncionarios del desaparecido DAS, la Policía, el Ejército y el Inpec, quienes tarde o temprano tendrán que explicar por qué el paramilitarismo reinó en la cárcel La Modelo de Bogotá.