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El representante de la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes que tiene en sus manos el proceso de José Leonidas Bustos por el escándalo del cartel de la toga, Edward Rodríguez, aseguró este martes que existen “serios indicios” de que “hubo entrega de dineros y bienes” para favorecer decisiones judiciales que llegaban al despacho del magistrado. Por eso, radicó ante sus colegas de la Comisión un documento para que se considere que Bustos sea llamado a juicio.
Según Rodríguez, Bustos sería el “cerebro de una organización criminal” dedicada a recibir sobornos de funcionarios públicos y particulares a cambio de fallar decisiones judiciales que los favorecían. En palabras del representante, el exmagistrado “aprovechaba su solvencia académica e intelectual para influir en los fallos ilegales que provenían de la organización delictiva”. Por esto, le mantuvo los delitos que le imputó la Fiscalía el año pasado: cohecho —soborno de funcionarios públicos—, concierto para delinquir y tráfico de influencias.
(Lea aquí: La nueva carta que se juega Leonidas Bustos en su defensa por cartel de la toga).
La acusación, radicada hoy ante la secretaría de la Comisión, deberá ser aprobada por esta instancia para, luego, ser votada en plenaria por todos los representantes y, posteriormente, pasar al Senado. De ser aprobada allí, pasará a la Sala Penal de la Corte Suprema para que Bustos sea llamado a juicio. Como informó este diario, Bustos se encuentra en Canadá por lo menos desde noviembre del año pasado, cuando el proceso en su contra no estaba tan avanzado.
Para llegar a estas conclusiones, la Comisión escuchó los testimonios de magistrados y excongresistas que tuvieron alguna relación con el caso, pero, al parecer, el testimonio central fue el del exfiscal anticorrupción Luis Gustavo Moreno. Según habría dicho el exfuncionario, hoy preso en Estados Unidos, se reunió con Bustos varias veces en ciudad de Panamá, así como en los apartamentos que Bustos tiene en Ciudad Salitre y en el Barrio la Cabrera e incluso en la ciudad de Miami para un fin de año. En esos encuentros habrían discutido varios procesos que llevaba el alto tribunal que presidía Bustos, específicamente las investigaciones en contra de los excongresistas Musa Besaile y Álvaro Ashton.
Sobre Musa Besaile, se sabe que la organización criminal detrás del cartel de la toga le habría exigido pagar cerca de $2.000 millones para favorecerlo en los procesos en su contra. Según lo dicho por el exgobernador de Córdoba, Alejandro Lyons, la solicitud de este dinero tenía la intención de “bajarle la presión a los temas del Departamento de Córdoba” y terminó directamente en los bolsillos de Bustos, así como del también magistrado Francisco Ricaurte y del exfiscal Luis Gustavo Moreno.
Respecto del último, Moreno habría afirmado, según supo este diario, que personalmente le entregó $200 millones y un reloj Cartier en oro rojo y con pulsera de cuero avalado en más de $40 millones al exmagistrado Bustos para que favoreciera en un proceso al exsenador Álvaro Ashton. El excongresista, que ya fue llamado a juicio disciplinario por estos hechos.
Rodríguez compulsó copias para que se investigue por indicios de una posible participación en estos delitos al exfiscal general, Eduardo Montealegre; al exvicefiscal general, Jorge Eduardo Perdomo y al presidente de la Sala Penal de la Corte Suprema, Eyder Patiño. A este último, como informó este diario la semana pasada, le cancelaron la visa de entrada a Estados Unidos y hay rumores de que a Montealegre también, cosa que el exjefe del ente investigador no quiso confirmar cuando nos comunicamos con él.
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Rodríguez dice que actuaron con total independencia y que la acusación no tiene que ver con estas decisiones de la Embajada aunque sí admitió que parte del material probatorio fue aportado por la DEA de Estados Unidos. En este caso también son investigados los exmagistrados Francisco Ricaurte y Camilo Tarquino; el magistrado Gustavo Malo; así como el exfiscal anticorrupción, Luis Gustavo Moreno, hoy preso en Estados Unidos, y el abogado Leonardo Pinilla, quien sería mano derecha de Moreno y quien ha estado colaborando con la Fiscalía en esclarecer este carrusel de sobornos.
El escándalo del cartel de la toga estalló en junio de 2017, con la captura del jefe Anticorrupción de la Fiscalía Luis Gustavo Moreno. El detonante fue una grabación de la DEA en Estados Unidos de conversaciones entre el exgobernador de Córdoba Alejandro Lyons y el abogado Leonardo Pinilla de las que se dedujeron peticiones de dinero a Lyons para que los procesos en su contra por corrupción no avanzaran en el ente investigador.