La cita inédita de Uribe en la Corte Suprema

Álvaro Uribe Vélez es el primer expresidente en la historia que ha sido llamado a indagatoria por la Corte Suprema de Justicia. El jefe natural del Centro Democrático y hoy senador es investigado formalmente por supuestamente manipular a Juan Guillermo Monsalve, un exparamilitar que lo ha señalado ante la justicia de tener nexos con esa organización ilegal, acciones que habría cometido mientras ejercía como congresista. El próximo 8 de octubre será el día en que Uribe Vélez pueda defenderse y dar sus explicaciones ante los señalamientos en el despacho del magistrado César Reyes, de la Sala Especial de Instrucción del alto tribunal, quien es el encargado de llevar este proceso.

No es una diligencia cualquiera. De las explicaciones que el expresidente entregue dependerá su futuro, pues, una vez escuchado, la Sala de Instrucción en pleno tiene diez días hábiles para resolver su situación jurídica. Las posibilidades que dispone la ley incluyen una medida de aseguramiento en centro carcelario —es decir, una orden de captura—, una medida que implique no salir del país o seguir afrontando el proceso penal en libertad. La citación a indagatoria en contra de Uribe llegó un año y 23 días después de que la Sala Penal de la Corte Suprema lo convocara por primera vez, el 24 de julio de 2018, cuando le abrió la investigación formal por los delitos de fraude procesal y soborno.

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El expediente Uribe se remonta al 16 febrero de 2018, cuando la Sala Penal de la Corte archivó una indagación preliminar al senador Iván Cepeda por supuesta manipulación de testigos. El expresidente había denunciado al congresista Cepeda tras el publicitado debate que éste lideró el 17 de septiembre de 2014 sobre el paramilitarismo en Antioquia, en el que reveló testimonios de exparamilitares que señalaron a Uribe. La Corte desestimó la denuncia y, en cambio, compulsó copias contra el exjefe de Estado. El 22 de ese mismo mes, el alto tribunal abrió otro caso luego de que el defensor de Cepeda advirtiera que uno de los testigos, Juan Guillermo Monsalve, había recibido mensajes intimidatorios para que cambiara su versión.

Es en ese proceso que Uribe fue citado a indagatoria, junto con el congresista del Centro Democrático Álvaro Hernán Prada Artunduaga, del Huila, quien será escuchado un día después que el expresidente: el 9 de octubre. Desde entonces, el caso ha tenido demoras procesales, en parte porque los abogados de ambos congresistas han presentado recursos para anular la apertura de investigación, así como para rechazar ciertas pruebas, entre otros. Los hechos, no obstante, no han cambiado. En ese sentido, Uribe y Prada deberán dar su versión sobre las gestiones que, al parecer, se han adelantado para llegar al testigo Monsalve y hacerlo modificar su testimonio.

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A Monsalve lo habría visitado en la cárcel, por ejemplo, el abogado Diego Javier Cadena Ramírez, uno de los apoderados de Uribe —quien tiene otra indagación por presuntos nexos con paramilitares, la cual también avanza en la Corte Suprema—, el 1º de febrero de 2018. Cadena, quien ha representado los intereses de narcotraficantes como Diego León Montoya, alias Don Diego, o Diego Pérez Henao, alias Diego Rastrojo, le habría pedido firmar un documento. E incluso habría sostenido reuniones en nombre de Álvaro Uribe con Deyanira Gómez, esposa de Monsalve. La finalidad era, según la Corte, obtener una carta firmada por él en la que se disculpara con el senador Uribe.

El Espectador reveló en agosto de 2018 los pormenores de una visita a la cárcel que Cadena le hizo a Monsalve el 22 de febrero de ese año y que fue grabada por el propio testigo con un reloj especial. Al encuentro se sumó Enrique Pardo Hasche, quien al parecer le insiste al exparamilitar en que se pase al otro lado. “¿Qué hijueputa va a resolver con Cepeda, hombre? Además de llamar al director del Inpec y que lo pasen de un sitio pa’ otro, de ahí no pasa. En cambio, el otro señor sí le ayuda”, se le escucha decir. La conversación sigue con ambas partes señalándole a Monsalve sobre una carta que no le llegó a Uribe, y Monsalve reclamándoles porque su esposa perdió su empleo.

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En un punto, Pardo Hasche le dice a Monsalve, según la grabación: “Lo que ustedes necesitan es que el señor diga que a él lo presionaron para decir eso. No que diga que es falso”. Cadena agrega: “Y sí fue cierto que confió en una promesa ilegal”. El testigo entonces asegura que, de hacerlo, tendría más años de prisión. En la charla le ofrecen hacer una revisión de su caso sin costo alguno. Cadena rindió interrogatorio en la Fiscalía el 23 de agosto de 2018. Y Pardo Hasche, quien paga 29 años de prisión por el secuestro del empresario Eduardo Puyana (suegro de Andrés Pastrana) en 1991, confirmó la reunión, pero en una extensa carta a la Corte aseguró que no trataba de presionar a Monsalve sino de ayudarlo.

Por otro lado, el congresista Prada habría intentado acercarse a Monsalve, supuestamente, a través de Carlos Eduardo López Callejas, alias Caliche. Este último le hace saber, a través de 32 mensajes de voz —revelados por El Espectador el 8 de octubre de 2018—, que era muy amigo del jefe del Centro Democrático en el Huila (es decir, Prada), quien le había dicho que lo buscara para hacer un video con una retractación sobre su testimonioque vincula a Uribe con paramilitares. Prada ha negado tajantemente haber hecho esa petición y expuso con mensajes de Whatsapp que fue Caliche quien lo buscó y que en ningún momento se buscó manipular el testimonio de Monsalve.

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En tercer término, el expresidente deberá dar explicaciones sobre las acciones que habría emprendido él directamente en este caso. Según el llamado a indagatoria del 24 de julio de 2018, Uribe habría buscado contactar personas en el exterior para que el extraditado paramilitar Juan Carlos Sierra Ramírez, alias Tuso Sierra, hiciera un video declarando en su favor. El expresidente Uribe ha rechazado en reiteradas ocasiones haber buscado de alguna manera manipular testigos y ha asegurado que en este caso hay falsos testigos, pero en su contra. Además, siempre cuestionó que la Corte lo hubiera llamado a indagatoria sin escucharlo previamente.

“Siempre hemos acatado los fallos judiciales estemos o no de acuerdo. El (ex)presidente (Álvaro Uribe) ha insistido, desde el comienzo, que le pidió a la Corte que le recibiera una versión libre para contar qué es lo que él ha hecho en defensa de su honor, de su nombre, de su familia”, afirmó el defensor del senador Uribe, el litigante Jaime Granados, quien señaló que “no hay ninguna llamada, ninguna comunicación en donde el presidente haya hecho o dicho algo indebido”. Granados confirmó que el expresidente Uribe se presentará el 8 de octubre en la indagatoria a la que fue citado, aunque reiteró que la supuesta manipulación de testigos de parte de Uribe “no ocurrió”. Por eso, dijo, en la indagatoria “todo quedará esclarecido”.

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Se espera que todos los protagonistas de este episodio sean llamados por la Sala de Instrucción para que den su testimonio ante el magistrado Reyes, quien asumió el caso el pasado 20 de mayo y también tiene en sus manos la indagación preliminar contra Uribe por presuntos nexos con las autodefensas. Reyes es abogado especialista en derechos humanos, trabajó 17 años como defensor público y fue conjuez de la Sala Penal de la Corte Suprema. En manos suyas y de toda la Sala Especial de Instrucción está uno de los expedientes más importantes que hayan llegado a la Corte, por sus implicaciones tanto jurídicas como políticas.

La tardanza

Ahora, ¿por qué se demoró tanto la Sala para fijar fecha para la indagatoria? Aunque inicialmente la Sala Penal la había fijado para el 3 de septiembre de 2018, la diligencia no se pudo realizar porque las defensas de los congresistas recusaron a los magistrados que los investigaban entonces, alegando que no eran imparciales, petición que fue negada por una subsala de instrucción. Entre tanto, entró en marcha una reforma legal que creó la doble instancia para altos funcionarios, lo que tuvo como consecuencia la creación de nuevas salas y nombramientos de nuevos magistrados en el interior de la Corte Suprema de Justicia. Todas las indagaciones del alto tribunal pasaron a la Sala Especial de Instrucción.

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Esa sala está compuesta por seis magistrados. El caso Uribe le correspondió inicialmente a la magistrada Cristina Lombana Velásquez, quien al mismo tiempo ejercía como mayor activa del Ejército Nacional. Ese hecho desató un fuerte debate nacional sobre su supuesta falta de imparcialidad, ya que, como militar, Lombana había sido subordinada de Uribe, pues los presidentes son los máximos comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas. Aun así, fue ella quien proyectó la decisión de negar una petición de nulidad que habían presentado las defensas de Uribe y Prada, tal como lo decidió la sala el 18 de febrero de 2019.

En esa decisión de la sala, revelada por El Espectador, se señaló que no había ningún vicio de trámite del expediente porque la Sala Penal, antes de entrar en funcionamiento la doble instancia, sí tenía la competencia para continuar investigándolo. Además, regañó a los abogados de los congresistas por no argumentar de fondo por qué supuestamente la Sala Penal estaba usurpando sus funciones. Rechazó los argumentos de los litigantes sobre la supuesta ilegalidad a la hora de recoger pruebas, pues fueron obtenidas luego de que el teléfono del expresidente quedara incluido por error en una interceptación ordenada en el expediente adelantado contra el excongresista Nilton Córdoba.

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“Tal razonamiento no solo se sustenta en una premisa inadmisible, sino construida con la intención evidente de inducir a confusión al funcionario judicial”, señaló la Corte al validar las pruebas, lo cual fue ratificado el pasado viernes 9 de agosto. El 1° de abril de 2019, el senador Cepeda recusó a Lombana y el 10 de mayo siguiente, la Sala de Instrucción separó a la magistrada de los dos procesos que cursan contra Álvaro Uribe Vélez por supuesta manipulación de testigos. En ese fallo se hizo un fuerte reparo a la magistrada por mantener su rango militar mientras era juez, a pesar de que la propia Corte Suprema la eligió a sabiendas de su condición de oficial activa. Ella terminó renunciando al régimen militar.

“Dos calidades deben tener los jueces: estar libres de conexiones e influencias inapropiadas con los poderes Ejecutivo y Legislativo y con las partes del proceso; y ostentar la apariencia de ser libres e independientes frente a ellos”, dice el documento. Lombana, por su parte, señaló que no renunciaría a su cargo como magistrada ni como oficial, aunque en junio de este año se retiró del Ejército. El caso quedó oficialmente en manos del magistrado César Augusto Reyes Medina el pasado 20 de mayo. Ahora, ningún recurso puede interponerse contra la fecha de las indagatorias, aunque podría aplazarse por motivo de enfermedad, por ejemplo.

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Al conocer la fecha en que se programó la indagatoria, el abogado Jaime Granados insistió en la postura que ya había adoptado ante la Corte Suprema: “Hemos visto cómo, al parecer, la Corte Suprema tuvo en cuenta transcripciones de la Fiscalía, que ha cambiado el texto del audio de la transcripción, y eso no es lo único (...) Se utilizó el celular de él (Uribe) en una chuzada ilegal. Se ha adulterado una transcripción no en una ocasión sino en varias. No se le dio la oportunidad de escucharlo en versión libre, que es el primer mecanismo de defensa”, apuntó. “Si alguien en Colombia es de posiciones claras y firmes se llama Álvaro Uribe Vélez (…) No le teme a nadie, solamente a Dios”, agregó el penalista.