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El 17 de enero, día en que un carro bomba causó la muerte de 20 cadetes de la Policía —la víctima número 21 falleció el domingo pasado— y del propio guerrillero del Eln que llegó con los explosivos, Wilson Arébalo acudió voluntariamente en las instalaciones de la Fiscalía en Arauca. Se presentó como la persona que había vendido la Nissan Patrol modelo 93 que José Aldemar Rojas Rodríguez ingresó a la Escuela General Santander, suroccidente de Bogotá. Las placas las dijo públicamente el fiscal general tres horas después del atentado, era cuestión de tiempo llegar a él. Dijo que era ganadero, que había recibido $25 millones por la camioneta y que su único nexo con el Eln era esa transacción comercial.
Su captura, que se realizó ayer miércoles en la madrugada en su casa, ubicada en la vereda La Primavera (Arauquita, Arauca), fue el resultado de dos cosas: las inconsistencias que la Fiscalía habría detectado en su declaración y las pesquisas que se hicieron de manera independiente para rastrear sus pasos. De esa manera, según supo El Espectador, el CTI de la Fiscalía estableció que, aunque Arébalo aseguró que no había viajado recientemente a Bogotá, las celdas de ubicación de su celular indicaban que sí lo había hecho. De hecho, según la Fiscalía, Arébalo condujo de Arauca a Yopal, luego a Villavicencio y finalmente a la capital del país, para entregarle la camioneta a José Aldemar Rojas.
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La camioneta le había pertenecido antes a Mauricio Mosquera León, otro hombre identificado por las autoridades como integrante del Eln y con investigaciones abiertas por concierto para delinquir y terrorismo. Arébalo, según reveló El Tiempo hace unos días, dijo que conocía a Mosquera como un local más de Arauca. Arébalo le habría entregado la Nissan a Rojas en noviembre del año pasado en el barrio Santa Librada, en el sur de Bogotá, a casi 12 kilómetros de la Escuela de la Policía. Al otro día, encontraron los investigadores, regresó a Arauca. Y dos meses más tarde el atentado se perpetró. Él, por su parte, declaró ante la Fiscalía que nada tenía que ver con el Eln, que su negocio eran los lácteos.
No tenía antecedentes judiciales, por lo que en ese momento la única opción era dejarlo ir. Ayer, confirmó el fiscal Néstor Humberto Martínez, se expidió orden de captura en su contra por dos delitos: rebelión y financiación del terrorismo. El fiscal se refirió a él como alias Chaco, y dijo que el ente investigativo cuenta con testimonios de sus actuaciones en Arauca. El fiscal, sin embargo, se abstuvo de aportar más detalles, señalando que alias Chaco todavía no estaba judicializado. Es decir, que su captura no se había legalizado. Lo que sí expresó el fiscal es que su judicialización se va a dar en dos partes: una en Yopal, por nexos con el Eln, y una en Bogotá, por su posible participación en el atentado.
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Con la detención de alias Chaco se confirma que van dos personas identificadas como presuntos responsables del peor atentado del que haya sido objeto la Policía. La primera fue Ricardo Andrés Carvajal, un hombre de 39 años que es investigado por homicidio agravado y terrorismo. Fue arrestado un día después del atentado; no aceptó cargos. En una carta que divulgaría el senador Gustavo Petro una semana después del ataque, Carvajal admitió como suya la voz en la grabación que la Fiscalía exhibió como prueba en su contra, en la cual se le oye decir que estaba “encaletado” después de haber puesto la bomba en la Escuela General Santander. Dijo, sin embargo, que se trataba de una broma de mal gusto.
Desde que la explosión ocurrió, la Fiscalía ha actuado con extrema rapidez. En cuestión de horas, por ejemplo, José Aldemar Rojas ya estaba identificado: con las placas de la camioneta se rastreó que él era el propietario, lo que llevó a las autoridades a conseguir la foto que figuraba en la Registraduría y a mostrársela a algunos policías de la Escuela que lo reconocieron. También, dijo el fiscal Martínez, se había comprobado su identidad con pruebas necrodactilares, pues, de algún modo, su mano izquierda (la derecha ya no la tenía) quedó intacta después de que los 80 kilos de pentolita que llevaba en su camioneta explosionaran.
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Pero con la rapidez también han venido las confusiones y las versiones incompletas. Lo primero que dijeron las autoridades, en cabeza del ministro de Defensa, Guillermo Botero, fue que la camioneta entró a la Escuela a toda velocidad y que por eso fue detectada de inmediato. Videos revelados posteriormente dejaron ver que eso no era cierto. Este martes se dijo que un hombre capturado en Subachoque tenía que ver con el atentado; resultó que tampoco era cierto. Botero mostró indignación cuando le preguntaron si los esquemas de seguridad de la Escuela habían fallado, aunque lo cierto es que ese interrogante está aún por responderse. Ese y otros tantos más.
Fuentes del CTI de alta credibilidad le dijeron a este diario que, en este caso especialmente, “la Policía está muy hermética”. Según estas fuentes, cuando se empezaron a hacer las primeras entrevistas en la Escuela de la Policía a los uniformados que estaban de guardia ese jueves 17 de enero, sus primeras versiones apuntaban a una camioneta que había ingresado a la fuerza, lo cual, como ya se sabe, no ocurrió así. “Justo cuando esto se verifica, es decir, al otro día del atentado, la Policía asume directamente el caso”, señalaron. Mientras tanto, en la Fiscalía, cuatro áreas se “pelean” esta investigación: seguridad ciudadana, las direcciones contra el crimen organizado y contra el terrorismo, y la seccional Bogotá.
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