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Vuelve y juega el escándalo de las chuzadas ilegales. En la actualidad, por cuenta de una red privada de exoficiales de Policía y particulares, según la Fiscalía, encabezada por el general (r) Humberto Guatibonza, un experimentado exoficial que llegó a ser comandante en Bogotá y dirigió la unidad élite antisecuestro de la institución. A diferencia de otros episodios similares recientes, ahora las redes sociales evidencian la indignación ciudadana. Pero no es la primera vez y seguramente no será la última en la que el país se entere de que la privacidad en las comunicaciones es un embeleco porque, con cierta facilidad, la interceptación ilegal de teléfonos o de chats es una práctica común.
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La memoria reciente de Colombia abunda en escándalos de chuzadas ilegales, aunque la mayoría sirvieron para develar escenarios peores. Por su impacto político, mediático y judicial, el recuento del último cuarto de siglo empieza en los narcocasetes de 1994, revelados por Andrés Pastrana 48 horas después de perder las elecciones. Las conversaciones entre los jefes del cartel de Cali, Gilberto y Miguel Rodríguez Orejuela, con el periodista Alberto Giraldo dieron pie al Proceso 8.000, que por varios años llevó a la cárcel a políticos, funcionarios públicos, periodistas o directivos de la campaña Samper Presidente, con el propósito de cortar los nexos entre la sociedad y el narcotráfico.
A pesar de sus efectos judiciales, en su momento el caso se reconoció como producto de chuzadas ilegales. Sólo tiempo después, el propio Pastrana admitió que había recibido los narcocasetes de manos de un alto oficial de la Policía. Fue la época de transición entre la era Gaviria y el tiempo de Ernesto Samper en el gobierno, en que la Policía se fortaleció con la tecnología de las escuchas. En retrospectiva, cuando Pablo Escobar se fugó de la cárcel La Catedral, en julio de 1992, Estados Unidos entró a apoyar al Gobierno, a petición de Gaviria, en la tarea de enfrentar al capo con los componentes técnicos especializados para la localización de personas y la ejecución de operaciones especiales.
Esos aportes fueron cruciales en dos planos: en la lucha contra la ilegalidad en combinación con la Fiscalía y como rueda suelta en casos como los narcocasetes. Por eso, en los siguientes años hubo de lo uno y de lo otro. Al tiempo que con esa ayuda clave se desmanteló, por ejemplo, el cartel de Cali, elevando al general Rosso José Serrano a la categoría de mejor policía del mundo, también protagonizaron las chuzadas ilegales. Como las que dieron pie en 1997 al conocido caso del Miti-miti, una conversación privada entre los ministros Saulo Arboleda y Rodrigo Villamizar con el supuesto arreglo de una licitación radial para amigos y enemigos del presidente Samper.
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Al final, el asunto terminó de la manera más insólita. A pesar de que, a raíz del escándalo, la emisora que aparentemente comprometía a los ministros no se entregó, Saulo Arboleda fue condenado por celebración indebida de contratos. En contraste, su colega Villamizar fue absuelto por prescripción de la acción penal. Las vueltas raras de la justicia que terminaron olvidándose, en parte porque surgieron nuevos escándalos, varios de ellos asociados a las chuzadas ilegales. Que tampoco fueron desterradas del todo en la era Pastrana. La evidencia fueron pesquisas que la Fiscalía llegó a impulsar por aparente espionaje ilegal desde el DAS contra opositores, periodistas, políticos o funcionarios públicos.
Por la misma época, en Medellín hubo graves excesos con las chuzadas ilegales. El blanco fueron las organizaciones no gubernamentales de derechos humanos, que, según verificó la Fiscalía años después, entre 1997 y 2001 afrontaron la interceptación ilegal de sus comunicaciones a través de la falsificación de órdenes de la Fiscalía. El caso que causó escozor fue asociado a la desaparición de los activistas Ángel Quintero y Claudia Monsalve, pues se supo que los teléfonos de su organización, Asffades, fueron chuzados. Por este grave episodio fueron investigados y absueltos varios oficiales de la Policía, entre ellos el coronel Mauricio Santoyo, quien terminó siendo después jefe de seguridad del presidente Álvaro Uribe.
Y justamente con el arribo de Uribe al poder se disparó también el síndrome de las chuzadas ilegales. Al principio fueron atribuidas a falsos señalamientos de la oposición, pero cuando se volvieron escándalo, la Fiscalía se encargó de probar que sí existieron. En primer lugar se realizaron a través del denominado grupo G-3, que operó entre marzo de 2003 y octubre de 2005 en el interior del DAS, con patrocinio de sus jerarcas Jorge Noguera y José Miguel Narváez, para rastrear a particulares, opositores u organizaciones de derechos humanos. El Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo y la periodista Claudia Julieta Duque fueron algunas de las víctimas de este accionar ilegal.
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Después vinieron la Ley de Justicia y Paz, para formalizar el acuerdo de paz o el sometimiento con el paramilitarismo, y la reelección presidencial en 2006. En un contexto de extrema polarización política no demoraron en reaparecer las chuzadas ilegales. Inicialmente, en mayo de 2007, se descubrió que desde la Dirección de Inteligencia de la Policía se habían promovido interceptaciones a opositores del Gobierno y periodistas. Aunque no estaban involucrados, el escándalo provocó la salida adelantada de 14 generales de la Policía y la designación del general Óscar Naranjo como nuevo director de la institución. Luego se anunciaron investigaciones exhaustivas.
El entonces ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, denunció que esos procedimientos eran “inaceptables, ilegales y contrarios a las políticas del gobierno Uribe”, pero un año después, otra cadena de chuzadas ilegales causó un terremoto judicial y político. El escándalo de la parapolítica estaba en pleno furor y desde el DAS se desplegó una acción ilegal para rastrear a opositores del Gobierno y periodistas. Con un agravante, la labor de espionaje se amplió esta vez a varios magistrados de la Corte Suprema de Justicia. La detective Alba Luz Flórez, conocida como la Mata Hari, logró incluso instalar micrófonos ocultos en la Sala Plena del alto tribunal de justicia.
Fue tan grave el episodio del segundo capítulo de chuzadas ilegales desde el DAS en la era Uribe que no sólo varios funcionarios del Gobierno y el organismo de seguridad terminaron en la cárcel, sino que en octubre de 2011, por iniciativa de la administración de Juan Manuel Santos, tras 58 años de funcionamiento, el DAS fue liquidado. Un año después, en junio de 2012, el Congreso tramitó la Ley de Inteligencia y Contrainteligencia, para crear una nueva instancia oficial de control que evitara nuevos escándalos de chuzadas ilegales. Pero a la vuelta de la esquina, a instancias del proceso de paz con las Farc, ya se había configurado otro capítulo de esta historia.
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En enero de 2014, la Fiscalía allanó un local ubicado en el barrio Galerías donde funcionaba una fachada militar llamada Andrómeda. Además de los computadores y aparatos tecnológicos decomisados, se anunció que ese lugar se utilizaba para interceptar ilegalmente correos y chats de altos funcionarios del Gobierno y los negociadores de paz en La Habana. Dos generales de inteligencia militar fueron relevados de sus cargos, pero el asunto resultó siendo el prólogo de un ruido mayor. El 6 de mayo, en plena recta final de la elección presidencial, fue capturado el hacker Andrés Sepúlveda, asesor de la campaña presidencial de Óscar Iván Zuluaga, y señalado de traficar información sobre el proceso de paz.
Aunque quedaron muchas dudas sobre el capítulo Andrés Sepúlveda, trascendió que desde mediados de 2013 crecía el rumor de las chuzadas ilegales. Entonces súbitamente se desmanteló la Sala Gris, una central de inteligencia y contrainteligencia militar que estaba ubicada en la calle 100 con carrera 8ª en Bogotá. Luego se supo que la Fiscalía había ordenado trasladarla al búnker. De todo este enredo, con chuzadas ilegales a bordo, quedaron procesos penales contra el hacker Sepúlveda y su círculo, y los reclamos del uribismo de que todo había sido orquestado desde la Agencia Nacional de Inteligencia para ganar la reelección de Santos.
Al año siguiente reapareció el espectro de las chuzadas ilegales. En esta ocasión los señalamientos fueron contra la Dirección de Inteligencia de la Policía y las denunciantes fueron dos periodistas: Vicky Dávila y Claudia Morales. La primera de ellas reveló que un informante le había advertido cómo además les hacían seguimientos a los periodistas Gustavo Álvarez Gardeazábal, María del Rosario Arrázola y Daniel Coronell. Entonces, el presidente Santos decidió crear una comisión para investigar qué estaba sucediendo. De los resultados de esa investigación poco se supo. Tampoco la justicia lo aclaró. Y la Comisión de Inteligencia del Congreso no agregó mucho.
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Ahora, el nuevo capítulo tiene como protagonista al exgeneral Humberto Guatibonza y otros exoficiales, salpicando políticos, particulares y empresas que habrían buscado sus servicios. Desde averiguar detalles por peleas de herencias o líos de infidelidades, hasta averiguaciones contra líderes sindicales o robos empresariales. Todo apelando a la interceptación ilegal de comunicaciones. Una actividad que legalmente sólo pueden desarrollar los organismos autorizados, pero que, como comentó una fuente, se despliega también desde plataformas privadas. En últimas, rastrear la vida de los otros constituye un rentable negocio en medio de los vaivenes políticos y judiciales del país chuzado.