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Una de las batallas más importantes que las entidades públicas en Colombia han emprendido para resarcir los daños que causó el escándalo de corrupción de Odebrecht, fue la acción popular que interpuso la Procuraduría en 2017. En ese recurso, el Ministerio Público pidió que se protegieran los derechos colectivos a la moralidad administrativa, a la defensa del patrimonio público, al acceso de servicios públicos y a la libre competencia económica, violados por el entramado ilegal que desplegó la multinacional brasileña, funcionarios públicos en Colombia, y congresistas. La investigación de los procuradores que presentaron este recurso fue tan robusta, que la necesidad de recopilarla y ponerla a disposición de los ciudadanos se volvió prioridad para la Procuraduría.
Luego de más de 10 años de investigación, escritura y una exhaustiva minería de jurisprudencia, el Ministerio Público presentó la investigación más importante de los últimos años sobre contratación, seguridad jurídica, corrupción y acciones populares. La cuarta edición de Contratación Segura, investigación liderada por el Instituto de Estudios del Ministerio Público, y dirigida por el procurador Iván Darío Gómez Lee, y la experta en contratación estatal y gestión administrativa, Diana Velandia Castro. Ambos juristas investigaron, desde 2007, los fenómenos que caracterizan casos de malversación de dineros públicos, entre otras cosas, para explicarlos en un documento de 666 páginas.
(En contexto: Odebrecht y sus socios, condenados a pagar $800.000 millones por corrupción)
El estudio representa una investigación jurídica clave para cualquier abogado, contratista o empresario interesado en contratar con el Estado. Pero además de su valor en el mundo del derecho, la investigación es una muestra fehaciente de cómo existen recursos como la acción de grupo o la acción popular, para luchar contra la corrupción. “Muchas veces nos sentimos abatidos y embargados por los escándalos, y nos lleva a pensar, equivocadamente, que no hay institucionalidad capaz de reaccionar y tomar medidas drásticas, económicas y ejemplificantes, frente a los corruptos”. Son palabras de Gómez Lee, uno de los directores del proyecto, que tiene clara la utilidad del trabajo para los ciudadanos.
La revisión de más de 600 fuentes jurídicas y la elección de por lo menos 80 sentencias sobre el tema, constituyen la base de la investigación. Como ejemplo, el autor eligió cinco fallos del Consejo de Estado y seis de diferentes Tribunales Administrativos, que resultan perfectos para mostrar cómo la acción popular o de grupo ha frenado casos de corrupción que han tratado de colarse con apariencia de legalidad. Por mencionar algunos, la investigación recordó el caso de un contrato de alumbrado público en Tunja, que pretendía que los ciudadanos pagaran el servicio de electricidad, cuyas tarifas habían sido tasadas de manera arbitraria y sin control. Otro expediente fue el de Parque de la Leyenda Vallenata, resuelto por el Consejo de Estado.
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Según el expediente, en mayo de 2000, el municipio de Valledupar y la Fundación Festival de la Leyenda Vallenata firmaron un convenio y la segunda recibió de la primera, un lote de de 23 hectáreas para construir el parque, en honor al género musical y sus estrellas. El lío fue que el proyecto terminó siendo propiedad de la Fundación, cuando debía ser del municipio pues era un terreno de la ciudad. Por supuesto, Gómez Lee recordó la acción popular contra Odebrecht y sus socios colombianos, condenados a pagar más de $800 mil millones (el caso está en apelación en el Consejo de Estado). Al igual que en el caso de la multinacional, la justicia estudió los recursos que señalaron que, tanto en Valledupar como en Tunja, se violaron derechos colectivos de los ciudadanos.
Con sentencias en firme, los tribunales les dieron la razón. La reivindicación de estos casos, asegura Gómez Lee, que han servido para proteger los derechos de los colombianos, “reafirman que sí hay un Estado Social de Derecho que defiende y protege los bienes colectivos. Y, sobre todo, deja el aprendizaje de cómo abordar con mayor vigor y fuerza futuras acciones en contra de los corruptos”, apunta Gómez Lee. Para el procurador, es clave entender que, así como el ordenamiento jurídico protege los derechos a la vida, honra y bienes, también lo hace con los colectivos, como el derecho a tener ambiente sano, servicios públicos eficientes, patrimonio público que no se roben y sea respetado, y a tener comportamiento ético y transparente por parte de los funcionarios públicos.
Así como es clave tener claras las herramientas para hacer respetar estos principios, también es primordial conocer a profundidad el terreno en el que los contratos pueden terminar hundidos en redes de corrupción. Por eso, la otra directora del proyecto, Diana Velandia, se centró en explicar este panorama, a la luz del trabajo que realizan organismos de control como la Procuraduría y la Contraloría. Se trata de un análisis riguroso de la situación actual del país, en el que uno de sus principales hallazgos es que en la mayoría de casos en los que las autoridades encuentran “lunares” en los procesos de contratación, ya sean fiscales, disciplinarios, penales o administrativos, se dan por un completo desconocimiento de las reglas y principios de la contratación estatal.
En otras palabras, no entender cómo son los procesos de contratación, y no tener la suficiente experticia legal en el terreno, está manchando las contrataciones con el Estado. Para la autora, se trata de un “quebrantamiento que se encuentra directamente relacionado con el incumplimiento de los deberes funcionales de cada servidor, afectando el correcto funcionamiento del Estado y la consecución de sus fines”. La investigación de Velandia, además de servir de diagnóstico de la situación actual, resulta un insumo fundamental para el mejoramiento de la gestión contractual de la administración pública, en la medida que permite identificar posibles falencias administrativas en las que pueden incurrir los servidores encargados de los procesos de este tipo.
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En palabras del procurador Fernando Carrillo, este trabajo es importante porque “permite enaltecer la seguridad jurídica y la certeza en la actividad contractual del Estado ante el difícil y vasto escenario de fuentes que rigen la contratación estatal (...) Los autores, junto con su excelente equipo de investigadores, recopilan, comentan y hacen un estudio riguroso que permite descubrir nuevas perspectivas y dimensiones de la contratación estatal”. El saliente jefe del Ministerio Público expresó su convencimiento del valor de esta investigación que promueve, ante todo, “instrumentos de conocimiento y de garantía que contribuyen al propósito de hacer posible una contratación efectiva, transparente y libre de corrupción”.
La cuarta edición de Contratación Segura, bajo la batuta de Iván Darío Gómez Lee y Diana Velandia Castro, se convierte en fuente de consulta cable para todo aquel que quiera entender cómo funciona la contratación estatal en Colombia, su situación actual, y también para todos los interesados en hacer negocios con el Estado. Incluidos los empresarios. Es, además, una hoja de ruta para defender los derechos colectivos de una sociedad, ya acostumbrada a los escándalos de corrupción, pero que tiene a la mano recursos, como la acción popular o de grupo, para contrarrestar los efectos nocivos de estos episodios. En últimas, esta investigación se convierte en un mapa de ruta que señala los pasos para consolidar la seguridad jurídica como un principio esencial.