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La propuesta del presidente Iván Duque es tajante: desde ahora la Policía podrá decomisar cualquier cantidad de droga que tenga una persona que esté en la calle. Incluso, si esa cantidad es la dosis mínima, que equivale a 20 gramos de marihuana o un gramo de cocaína. La controversia no se ha hecho esperar. Para diversos sectores, juristas y organizaciones sociales, la propuesta que se verá materializada en un decreto, es ineficaz e incluso inconstitucional.
¿Se puede llevar consigo y consumir un porro de marihuana en la calle? ¿El ciudadano podrá defenderse y que no le decomisen su dosis personal? Sin que se conozca el decreto definitivo sino solo un borrador, el presidente Duque ya explicó que este no penaliza la dosis mínima, por lo que su portador no terminará detenido. Tampoco implica multas. Solo se decomisará y destruirá la sustancia. El argumento es hacer una “reglamentación” del Código de Policía que hoy prohíbe consumir bebidas alcohólicas y sustancias psicoactivas en espacio público.
Según la ministra de Justicia, Gloria María Borrero, ese Código creó un procedimiento que no estaba reglado. Incluso, precisó en Blu Radio, el portador podría lograr que le devuelvan la droga si certifica que es adicto. La medida sería el primer paso de una política integral que incluiría un proyecto de la Fiscalía para poner límites a la tesis del aprovisionamiento. Esa tesis, de la Corte Suprema, insiste en no se incurre en delito si, para su consumo, a una persona se le encuentra una dosis relativamente superior a la personal.
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La Corte Constitucional estudia una demanda contra esa parte del Código (artículo 140, numeral 7) que presentó el ciudadano Jesús Gabriel Martínez por considerar que viola los derechos a la libertad personal. El caso será crucial en este debate, porque podría resolver la contradicción que hoy advierten los expertos. En Colombia se puede portar, consumir y llevar consigo la dosis mínima. Pero, si el decreto entra en vigor, no se podría en el espacio público.
“¿Van a esperar a la gente a la salida de las ollas? Uno entiende que se llame la atención a quienes estén consumiendo en la calle, pero no que se la quiten a quien lleve droga para consumirla en su casa”, comentó un destacado jurista. Es más, para antiguos integrantes de la Corte Constitucional, el Gobierno está haciendo una interpretación inadecuada del Código de Policía. La expresidenta de ese alto tribunal, María Victoria Calle, recordó que desde 1994 se despenalizó la dosis mínima.
“El Gobierno podría ordenar a la Policía el decomiso no de la dosis personal, sino de una dosis superior a esta. O cuando la conducta sea portar droga con fines de lucro”, dijo Calle. De acuerdo con la jurista, el decreto que salga puede ser demandado ante el Consejo de Estado e incluso suspendido de manera provisional.
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A esto se suma la Sentencia C-491/12 que, al estudiar la ley de seguridad ciudadana, ratificó que el porte de dosis mínima no está penalizado. El decreto busca aplicar una medida policiva que no va a cambiar lo establecido por la Corte Suprema en materia de drogas. La Sala Penal dijo en 2016 que se puede portar un poco más de lo permitido si es para el propio consumo, y que no haya indicios de que sea para el tráfico. Y precisó que si la persona es adicta, pero es traficante, debe ir a la cárcel.
La discusión también pasa por la efectividad de la medida. Un penalista aseguró que el Gobierno no ha explicado qué va a hacer con los habitantes de calle. “A esa población, que es la que impacta la seguridad ciudadana, les quitan la droga y qué van a hacer con ellos. Solo hemos oído de una medida anclada en la prohibición, como si quitarles la droga a los que la lleven para consumirla consigo fuera la solución”, manifestó la fuente.
El exviceministro de Justicia Carlos Medina admitió que la norma no tendrá fácil operación. En cambio, aseguró que el camino podría ser cumplir con una medida aprobada en el Consejo Nacional de Estupefacientes en el año 2016 para atacar los centros de acopio e ingreso de la droga a las ciudades. “Eso le pega duro a la criminalidad y no les mete la mano a los consumidores. (El decreto) es poner a Colombia en el club de países radicales cuando Estados Unidos y Europa le dan otro trato”.
(Puede leer un editorial de El Espectador sobre este tema)
Para Medina, el decreto puede implicar riesgos si, como dijo la ministra de Justicia, la persona tiene que admitir ser adicto para quedarse con la sustancia. “Sería someter a los consumidores a un trato indigno y evidenciar que son adictos atenta contra la dignidad de los consumidores”, agregó. Julián Quintero, director de Échele Cabeza, iniciativa que difunde información sobre sustancias psicoactivas para reducir riesgos, la medida es inconstitucional y regresiva.
“Cuando la justicia y el Estado tienen que meterse en la individualidad de las personas, demuestran que no es capaz de educar a sus ciudadanos. El castigo y la incautación son las últimas estrategias del Estado cuando no es capaz de educar”, agregó. Para Quintero, el decreto que se anuncia termina equiparando al consumidor recreacional con el adicto, sin tener en cuenta que el primero es funcional y en su mayoría estudiantes.
“Corremos el riesgo de que empiecen a construirse listas negras, que cayendo en manos de quienes van en contra de los derechos de las personas, es bastante peligroso. Lo que está demostrado en el mundo es que la mano dura no funciona”, agregó. El exministro de salud, Alejandro Gaviria, cree que las políticas de prevención de consumo de drogas apuntan es a reducir el pandillismo y conductas similares. “Incautar la dosis mínima puede tener efecto simbólico, pero no va a cambiar comportamientos ni a reducir el problema”, precisó.
(En contexto: “Al único que favorece la prohibición es al microtraficante”)