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La tan anhelada doble instancia que los congresistas y aforados constitucionales estaban pidiendo por varios años es un hecho, pero con controversias. Un auténtico mar de dudas surgió producto del acto legislativo que creó esa norma, pues existen interrogantes que hasta los mismos magistrados de la Sala Penal de la Corte Suprema han tenido que capotear mientras esa instancia se convierte en realidad. Sin embargo, Martha Lucía Olano, presidenta del Consejo Superior de la Judicatura, dice que la doble instancia arrancaría a funcionar en abril. Y, con su funcionamiento, las dudas se irán resolviendo.
Aunque el 18 de enero fue promulgado el acto legislativo 01 de 2018, que modificó los artículos 186, 234 y 235 de la Constitución Política, que da vía libre a la conformación de dos salas especiales, una de Instrucción y otra de Primera Instancia, a la fecha estas no están operando. Mientras la primera será la encargada de investigar y acusar a los congresistas y aforados constitucionales, la segunda, según los argumentos que obren dentro del proceso, emitirá el fallo en primera instancia. En pocas palabras, la Sala Penal, que actualmente investiga, juzga y condena, pasará a ser la segunda instancia y la última palabra.
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Para la creación de las salas que harán parte de la Corte Suprema se estableció un costo inicial, por año, de $13.500 millones, cifra que podría ser objeto de cambios en épocas de austeridad. La doble instancia “estaría en dos meses, contando a partir de la fecha en que el Gobierno Nacional sitúe los recursos. Mientras no los tengamos, no podemos empezar, por ejemplo, a hacer convocatorias, arrendar una sede, entre otras cosas”, explicó Olano. Estos recursos, agregó, estarían disponibles a más tardar en dos semanas y serán destinados para gastos de personal y generales, entre los que se encuentran la locación, los despachos de los magistrados, computadores y vehículos, entre otras cosas.
Sin embargo, desde ya se prevé una marea de solicitudes para que los actuales magistrados de la Sala Penal se aparten de los procesos que conoce la Sala Penal de la Corte Suprema, en el caso de los aforados. El quid radica en que, como ya conocieron los expedientes, podrían ser recusados, pues habrían emitido un juicio o un concepto sobre una persona que está siendo investigada. Otra de las hipótesis es que ya no son competentes para conocer los procesos, pues, de acuerdo con la reforma, sólo podrán conocerlos si llegan a ser apelados. Incluso, en la Sala Penal ya obran requerimientos para pedir que se aparten de los expedientes.
Por ejemplo, el pasado 22 de enero, el abogado Isnardo Gómez Urquijo, quien representa los intereses del congresista y cacique liberal Álvaro Ashton, radicó una carta ante el despacho del magistrado Eugenio Fernández con un asunto clave: definición de competencia. En la comunicación le pide a la Sala Penal que, con la entrada en vigor de la doble instancia, “declare el haber perdido su competencia de primera instancia, ya que ahora ostenta la condición de ad quem (órgano superior), lo que impide seguir conociendo”. Contra el político, quien se encuentra en la cárcel La Picota, en el sur de Bogotá, avanzan investigaciones por parapolítica, Odebrecht, el cartel de la toga y presuntos hechos asociados a delitos sexuales.
Pero también hay quienes dicen que con esta reforma constitucional se podría aplicar, en procesos en los que aún no se ha dictado sentencia, el denominado principio de favorabilidad. Abogados consultados por este diario explican que el acto legislativo que creó la doble instancia podría aplicarse, a pesar de que esta norma se expidió tiempo después de los hechos que investiga la Corte Suprema. En palabras castizas, la doble instancia podría aplicarse a aforados que aún no han sido condenados por el alto tribunal.
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Así las cosas, procesos como el de Jorge Ignacio Pretelt, exmagistrado en juicio por supuestamente haber pedido una coima de $500 millones, o la investigación por parapolítica que enfrenta la excongresista Zulema Jattin, podrían recibir ese beneficio, mientras que procesos como el de Andrés Felipe Arias, condenado por el programa Agro Ingreso Seguro, o el fallo de 14 años contra María del Pilar Hurtado por las chuzadas del DAS no podrían ser objeto de doble instancia, porque ya existe una condena, según explican los abogados.
En todo caso, la Sala Penal seguirá en su rol de investigar, acusar y condenar hasta que las salas especiales de Instrucción y de Primera Instancia trabajen con los nueve magistrados. Luis Antonio Hernández, presidente de la Sala Penal, le dijo a este diario que, ante una eventual arremetida de solicitudes para que se aparten del cargo, “se responderá que, al no encontrarse funcionando las nuevas salas, mantenemos la competencia en los mismos términos en que la hemos ejercido”.
Las salas de Instrucción y de Primera Instancia estarían en una sede ajena al Palacio de Justicia, que, además de otras sedes alquiladas alrededor para conservar sus expedientes, no cuenta con espacio para que éstas estén allí. “No necesitamos que las salas estén cerca de aquí, porque los casos van a venir por razón de apelación. Que no estén (en el Palacio de Justicia) da la idea de que es un cuerpo de magistrados que no solamente son independientes y autónomos, sino que su ubicación no mantiene relaciones cotidianas con quienes son su segunda instancia”, manifestó Hernández. A pesar de los inconvenientes, la segunda instancia se vislumbra como una victoria de los aforados que han pedido históricamente una segunda revisión de sus condenas.