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La alerta de la Fiscalía al presidente de la República, Juan Manuel Santos, sobre el manejo de recursos para la implementación del proceso de paz, tiene cuatro claves: que no se habrían seguido los principios de contratación, la supuesta existencia de una red de intermediarios, la falta de transparencia y el direccionamiento de interventorías.
La carta del fiscal general, Néstor Humberto Martínez, dice que no se ha consignado la información pública sobre la contratación en las páginas webs oficiales destinadas para ello, “situación que ha dificultado las labores investigativas a cargo de la Fiscalía”. Las dudas se ciñen sobre los proyectos productivos en el postconflicto en materia de avicultura, agricultura, piscicultura e infraestructura.
“Las averiguaciones realizadas revelan la existencia de procesos de direccionamiento de contratos, así como un alto grado de opacidad en los procesos de selección relacionados con estos proyectos de inversión”, señaló Martínez. Con seguimientos ordenados y controles técnicos, la Fiscalía señaló que cuenta con pruebas de que habría una red de intermediarios.
(Vea: Fiscalía investiga supuestas irregularidades en proyectos para los desmovilizados de las Farc)
La red buscaría que se adjudicaran a determinados empresarios los proyectos a cambio de coimas. Para esto, indicó Martínez, la red tendría acceso a información privilegiada y estarían ofreciendo dinero a servidores públicos que tienen el deber de intervenir en la gestión de los mismos. Además, las mismas red buscaría direccionar las interventorías encargadas de vigilar los procesos para evitar controles legales.
“Sugiero al señor presidente se disponga la intervención de dichos procesos con miras a asegurar que los mismos cumplen los dictados de una contratación objetiva, ajena a prácticas deshonrosas, que permita que la totalidad de los recursos disponibles se invierta en el financiamiento de proyectos que faciliten la reinserción de los miembros de las Farc”, finalizó Martínez en la carta.
El presidente Santos respondió en su cuenta de Twitter: “Gracias al fiscal general por su rápida respuesta a mi solicitud. Actuaremos con toda contundencia y diligencia. Seguiremos trabajando juntos para garantizar la transparencia y el correcto uso de los recursos públicos. Habrá decisiones pronto”.
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Igualmente, la Cancillería expidió un comunicado asegurando que el Gobierno está comprometido con el manejo transparente de los fondos para la paz, que son tanto de la Nación, como de países extranjeros. La comunicación hace referencia a una misiva de los embajadores de Suecia, Suiza y Noruega en la que se preocupan por el manejo de recursos en el Fondo Colombia Sostenible.
Para la Cancillería, estas posiciones no pueden ser considerados señalamientos de corrupción. “Los comentarios hacen referencia a procedimientos, operatividad, funcionamiento y cumplimiento del reglamento del fondo. El Gobierno nacional está revisando estos temas y mantiene su interlocución con los donantes para atender y resolver sus inquietudes”.