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Distanciamiento social: esa podría ser la combinación de palabras que los colombianos han escuchado más veces durante la pandemia por COVID-19. Desde el pasado 6 de marzo, cuando la primera mujer fue diagnosticada con el virus tras aterrizar de un vuelo de Milán (Italia), el Gobierno ha tomado diferentes medidas con el objetivo de evitar el contacto en diferentes escenarios, que van desde la implementación del teletrabajo hasta el cierre de múltiples espacios sociales. Pero, ¿qué ha pasado en los lugares donde la distancia social es prácticamente nula? Las autoridades penitenciarias están en deuda con los internos, pues ha sido todo un reto reducir estadísticas como la siguiente: mientras en libertad solo se infecta una de cada 1.000 personas, en centros del Inpec la cifra asciende a 11,28.
La razón de tal fenómeno podría encontrarse en el problema eterno que ninguna administración ha podido solucionar: el hacinamiento. De acuerdo con datos del Inpec, desde finales del siglo pasado la población en las cárceles del país se ha triplicado. En 1998 la cifra era de 44.439 y para 2013 se registraron más de 120 mil. A inicios del presente año tal problema se estaba saliendo de las manos, pues la sobrepoblación alcanzaba el 55 %. Cuando la pandemia aterrizó en Colombia el ciudadano en libertad, en general, podía elegir qué tanto se exponía en medio de las restricciones. El privado de la libertad, sin embargo, nunca ha tenido otra opción más que compartir cada bocanada de aire con cuatro y cinco personas en celdas de cuatro metros cuadrados. El COVID-19 no tardó en desplegarse sobre las cárceles.
El primer caso de coronavirus en los centros del Inpec se registró en abril, cuando una persona que estaba en la cárcel de Villavicencio quedó libre y a los pocos días falleció tras presentar los síntomas. De inmediato se encendieron las alarmas, sobre todo porque días antes del caso, desde allí, un bus trasladó a nueve reclusos a Yopal, Guaduas, Florencia y Bogotá, como respuesta a la noche de motines que se presentaron en Villavicencio y en la capital del país. Desde entonces las cifras nacionales crecieron exponencialmente hasta tener una cresta de 3.202 reclusos contagiados al tiempo (28 de junio). De acuerdo con el Inpec, en total, 17.998 privados de la libertad han dado positivo por COVID-19. Los establecimientos donde más casos se han registrado son La Picota de Bogotá, con un total de 1.706 y, después, La Picaleña de Ibagué, con 1.400.
En cuanto a las mujeres, el centro carcelario donde se han presentado más contagios es en El Buen Pastor, en Bogotá, con un total de 900 casos confirmados en una población que, desde 2015, supera las 2.000 internas y ha resistido un hacinamiento superior al 70 %. Luego le siguen la Cárcel de Mujeres de Armenia, en Quindío, con un total de 136 positivos, y el establecimiento penitenciario de mediana seguridad y carcelario de Sogamoso, en Boyacá, con 109. Por otro lado, según estadísticas del Ministerio de Salud, habrían perdido la vida 69 internos a causa del COVID-19 en el territorio nacional. El centro más golpeado sigue siendo La Picota de Bogotá, donde 14 personas fallecieron. Asimismo, el virus ahogó la vida de decenas de reclusos en más de 16 ciudades capitales.
Hoy el general Norberto Mujica, director del Inpec, asegura que la problemática está controlada. Incluso ya firmó un decreto para reactivar los permisos mensuales de 72 horas y, según él, pronto los internos volverán a recibir visitas de familiares y abogados. Sobre el hacinamiento dice: “Hoy solo tenemos un 23,3 %, eso nos permite decir que vamos por el camino correcto”, asegura. De acuerdo con el director, la reducción de la sobrepoblación -que sigue siendo un número alto- se debe a la adopción del Decreto 546 del 14 de abril de 2020, que el Gobierno profirió en aras de aportar en el manejo de la pandemia. Aun así, los efectos de tal normativa han sido minúsculos, pues tan solo 1.151 reclusos han salido bajo esta medida (el Ministerio de Justicia aspiraba a la salida de casi 5.000 reclusos por esta vía). De hecho, más de 19 mil personas han quedado libres por mecanismos ordinarios.
Los funcionarios del Inpec tampoco se han escapado de vivir en carne propia la pandemia. De acuerdo con el instituto, 81 miembros han sido alcanzados por el virus. La mayoría (66) forman parte del cuerpo de custodia y vigilancia. Esta vez la cárcel La Picota, de Bogotá, registró números destacados, pues según el Inpec, ningún funcionario se ha enfermado durante los ocho meses en los cuales el virus entró por las venas del sistema penitenciario. Sin embargo, el COVID-19 ha cobrado la vida de nueve funcionarios de la institución, entre los 35 y los 57 años. El líder sindicalista Óscar Robayo asegura que, en una de las cárceles de Cauca, donde el Inpec registra dos funcionarios fallecidos, el dragoneante Alcides Daza presentó un requerimiento de teletrabajo, pero “murió de coronavirus y el director no le contestó esa solicitud”.
De acuerdo con Manuel Iturralde, director del Grupo de Prisiones de la Universidad de los Andes, la pandemia desnudó un sistema penitenciario que ha sido denigrante desde 1998: “Parece una colcha de retazos”. De hecho, desde tal año el país no ha podido superar una de las violaciones más graves a la actual Carta Magna: el estado de cosas inconstitucional. A través de tres sentencias, en 1998, 2013 y 2015, la Corte Constitucional se ha pronunciado sobre la difícil situación en las cárceles del país. En el último fallo, la magistrada Gloria Stella Ortiz consignó una evaluación que tampoco ha sido escuchada: “El manejo histórico de la política criminal en el país ha contribuido a perpetuar la violación masiva de los derechos fundamentales de las personas privadas de la libertad e impide, en la actualidad, lograr el fin resocializador de la pena”, sentenció.