En 2020, el Gobierno solicitó a la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado que respondiera algunas dudas sobre la duración en su cargo de Alberto Rojas Ríos, presidente de la Corte Constitucional, a la que llegó en mayo de 2013. Lo hizo porque si bien, en principio, su período de ocho años finaliza en mayo de este año, él estuvo fuera de su cargo —según las cuentas de Rojas Ríos— nueve meses y 20 días desde que el Consejo de Estado anuló su elección y luego revocó esa decisión, reintegrándolo a la magistratura. ¿Se le debe contar ese tiempo o su período “se congeló” mientras estuvo por fuera de la Corte?
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La respuesta a ese interrogante es tema hoy de charla entre los integrantes de las altas cortes, que tienen opiniones dividas al respecto, así como el sigilo sobre la consulta elevada ante el Consejo de Estado, pues, si bien goza de reserva judicial, el Gobierno puede perfectamente levantarla cuando lo desee. Y la respuesta, además, es urgente, dado que el mismo Consejo de Estado —que ternó a Rojas en 2013 para el cargo junto a Alejandro Linares y Marta Lucía Zamora— debería iniciar pronto la convocatoria para elaborar una terna y presentarla al Congreso. Hasta ahora, sin embargo, dicho proceso no se ha abierto.
Dos fuentes de las altas cortes le confirmaron a este diario que la Sala de Consulta ya emitió su concepto. Lo hizo a finales de 2020. ¿Quién tiene el documento y en qué sentido va? Fuentes confirmaron que solo la Dirección Jurídica del Ministerio de Justicia lo tendría y, además, apuntaron a que el jefe de esa cartera, Wilson Ruiz, no tendría idea de su contenido. En este sigilo, columnistas como Ramiro Bejarano han cuestionado que el Gobierno haya elevado la consulta, mientras que integrantes de las cortes cuestionaron su eficacia, ya que dicha respuesta no es obligante. Otros llamaron la atención de que por el momento ni veedurías o ONG se hayan pronunciado en público al respecto.
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“El concepto ya está, pero goza de reserva”, confirmó otra fuente. Y aunque se presume que la respuesta es favorable a Rojas, para que siga en el cargo nueve meses más —a partir de mayo de este año—, que no se haga público el contenido de ese documento más allá de los corrillos pondría en aprietos la convocatoria y enviaría un mal mensaje de transparencia, dicen algunos de los consultados. Ante las preguntas hechas por este diario, el Consejo de Estado respondió que esa decisión corresponde a su Sala de Gobierno y a su Plena, que seguramente se analizará . Pero es un hecho también que el tema, “en este momento, no se ha agendado”.
“¿Qué interés tiene el Gobierno? ¿Por qué no levanta la reserva? El país debe saber por qué el Gobierno se comprometió a hacer la consulta, qué dijo la Sala y si se va a hacer la convocatoria pública para reemplazarlo o no”, apuntó un integrante de las altas cortes. Se trata de un debate álgido, pues no tiene antecedentes. Un magistrado consultado cree que el período de Rojas Ríos se le vence definitivamente el 2 de mayo de 2021, mientras que otra estima que Rojas Ríos tendría derecho a sus ocho años como magistrado, ya que la interrupción de su período —por la nulidad de la elección y el trámite de la tutela que lo devolvió al cargo— no es imputable a él.
Luego de varias sesiones de la Sala Plena del Consejo de Estado, Alberto Rojas Ríos fue ternado a la Corte Constitucional el 6 de marzo de 2013, fue elegido magistrado por el Senado el 10 de abril siguiente y se posesionó el 2 de mayo. Ese mismo mes, el abogado Pablo Bustos demandó su elección porque durante el proceso de conformación de la terna varios magistrados no votaron secretamente y, el 25 de junio de 2014, la Sección Quinta de ese alto tribunal le dio la razón. Rojas Ríos salió del cargo y presentó tutela que, en segunda instancia, fue fallada a su favor el 15 de mayo de 2015, revocando esa decisión. Rojas Ríos volvió a la Corte Constitucional que, en 2018, dijo —no sin un fuerte debate— que no hubo vicios en su elección.
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Para una fuente consultada, que la misma Corte le haya dado la razón a Rojas Ríos lo ampara ahora para que continúe su período esos nueve meses, que finalizaría entonces el 22 de febrero de 2022. Otra opción sería que demandara al Estado pidiendo la remuneración de dichos meses, aunque el propio magistrado le dijo a este diario que esa no es su intención. Según apuntó Rojas Ríos, él acogerá lo que diga el concepto de la Sala de Consulta, no presentará tutela ni recurso judicial alguno ni buscará seguir el ejemplo de los “magistrados eternos” del Consejo Superior de la Judicatura, que siguieron en el cargo varios años después de que su periodo había terminado.
“Nunca cobré sueldo alguno por dicho periodo (de 9 meses y 20 días) ni promoví indemnización alguna como me sugirieron importantes juristas. Dicho lapso debe restituirse para restablecer el periodo de ocho años para el cual fui elegido, de lo contrario quedaría reducido a 7 años, 2 meses y 10 días, contrario a lo dispuesto por la Constitución. Sin lugar a dudas, salvo que mis jueces naturales decidan otra cosa, mi periodo concluiría el 22 de febrero de 2022 y no el 2 de mayo próximo”, dijo Rojas Ríos. El magistrado reiteró que si el Consejo de Estado no da un concepto favorable, él dará por concluida su labor en ese alto tribunal y no acudirá a debates judiciales para aclarar las circunstancias de la terminación atípica de su periodo.
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Rojas Ríos ha dicho a su círculo cercano que su salida en mayo tendría impacto en debates cruciales que tiene la Corte Constitucional este año, como la pena perpetua, las curules de paz, los líos sobre los terrenos baldíos, el Acuerdo de Paz y la despenalización del aborto. De este último asunto hay cuatro demandas, una de las cuales está en su despacho y que, desde ya, se sabe que tendrá ponencia positiva. Su visión es que el alto tribunal perdería un voto liberal, pero esta postura no es compartida por otras fuentes consultadas en el sentido de que, en caso de salir, sería reemplazado temporalmente por un magistrado auxiliar en principio de su propio despacho y porque su reemplazo puede ser perfectamente otro voto liberal.
¿El Gobierno levantará la reserva de la consulta? Lo cierto es que esta polémica cierra el paso como magistrado de Alberto Rojas Ríos, quien llegó bajo cuestionamientos luego de que se hiciera público el reclamo de una viuda que alegó que este se había quedado con el dinero de una indemnización que le entregó Funza por el accidente en el que murió su esposo, hecho que fue negado tajantemente por el jurista y terminó con la prescripción de la respectiva denuncia en 2009. Su nombre también apareció en un episodio de 2016, cuando insistió para que la Corte seleccionara una tutela que había presentado Sofía Jiménez, condenada a 52 años de prisión por el homicidio de su esposo Óscar William Parrado, su hijastro y dos personas más para quedarse con el emporio de los Autorrollings en el Meta.
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