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“El fiscal está avanzando en la determinación de responsables. Esperamos que la próxima semana se formulen las imputaciones respectivas”, fueron las palabras del fiscal general Néstor Humberto Martínez el miércoles 8 de febrero, cuando se le preguntó por la investigación que une al carrusel de la contratación de Bogotá y Odebrecht. Se trata del contrato de 2009 para la construcción de túnel interconector entre el río Tunjuelo y la planta de tratamiento Canoas, la cual tuvo un costo de $244.363 millones y fue adjudicada al Consorcio Canoas, conformado por CASS Constructores, empresa de Carlos Solarte, y la Constructora Norberto Odebrecht S.A. sucursal Colombia.
Todo comenzó con una denuncia hecha por directivos del consorcio francés Soletanche Bachy Cimas, que competía con Odebrecht y Solarte en la licitación. Según dijeron en 2009, enlaces del Acueducto les pidieron el 8,75 % del valor total del contrato para asegurarles la victoria. El Espectador conoció que los pasados 1º y 2 de febrero la Fiscalía allanó las oficinas de la constructora de Carlos Solarte, del ingeniero Orlando Fajardo y de la empresa Contelac —propiedad de Jaime Quintero— para buscar información. Asimismo, que se ha adelantado una serie de interrogatorios para determinar responsabilidades.
La investigación de las irregularidades en la EAAB viene desde 2012. Desde esa época, testigos como Emilio Tapia han salpicado al exgerente del Acueducto Jorge Pizano, a la entonces gerente corporativa de la entidad, Miriam Margoth Martínez Díaz, a Andrés Cardona, a Orlando Fajardo, concejales y exconcejales, y múltiples funcionarios de la Alcaldía de Samuel Moreno. La hipótesis de la Fiscalía es que la mano larga de Odebrecht llegó hasta el Acueducto al lograr que direccionaran la licitación del contrato Tunjuelo-Canoas a favor de la empresa brasileña.
En múltiples declaraciones han señalado que Andrés Cardona y el ingeniero Orlando Fajardo eran los amos y señores de la contratación del Acueducto. Asimismo, que al ser los enlaces entre la Alcaldía de Samuel Moreno y los contratistas, supuestamente amañaron la licitación del contrato Tunjuelo-Canoas que terminó en manos de Odebrecht y CASS Constructores. El nombre de Andrés Cardona se ha escuchado desde 2012 en despachos judiciales y lo identifican como un lobista profesional. Y de Orlando Fajardo se ha dicho que era poderoso en el Acueducto y que terminó siendo subcontratista de Odebrecht en este episodio.
Los allanamientos
La Fiscalía allanó las oficinas de Fajardo para buscar documentación sobre su rol en la ejecución del contrato Tunjuelo-Canoas, pues se presume que al ser subcontratado por el consorcio ganador se encargó de repartir las “tajadas” que correspondían a quienes amañaron la licitación. Asimismo, la Fiscalía también llegó a las oficinas de Contelac, una firma que hizo parte en un 25 % del consorcio que auditó el contrato Tunjuelo-Canoas. La otra socia de esta unión fue la firma mexicana Coniisa, la empresa con más experiencia en construcción de túneles en ese país.
La razón del allanamiento de Contelac es que su función era alertar a las autoridades en caso de manejos irregulares de los recursos del proyecto. La Fiscalía se llevó más de 500 gigas de información para contrastarla con su hipótesis principal: que el consorcio habría pagado las coimas del 8,75 % a través de la fiduciaria Correval. Al parecer, el Consorcio trasladó, sin control alguno, el anticipo de más de $40.000 millones que le dieron del contrato de una cuenta corriente a la fiduciaria, desde donde se ordenaron los pagos a funcionarios públicos.
En diálogo con este diario, un representante de Contelac explicó que ellos enviaron requerimientos en los que establecían que el traslado de dineros de una cuenta corriente a la fiduciaria no era permitido. Sin embargo, la junta directiva de la EAAB terminó autorizando bajo ciertas condiciones, que pedían que todo lo que saliera de esa fiducia fuera reportado a la interventora. Precisó que ninguno de los empleados de Contelac ha sido citado a interrogatorio y que ellos han entregado toda la documentación a la Fiscalía en la que se explican las multas impuestas al consorcio y las actas de comité en las que evidenciaban irregularidades.
Un alto directivo de Contelac aseguró que ellos chequearon y verificaron todos los gastos reportados que se hicieron con el anticipo, pero que no podían asegurar si algún dinero fue utilizado para pagar sobornos porque no tenían poder de veto sobre las decisiones de gasto que tomaba el consorcio de Odebrecht y Solarte. Por último, indicó que técnicamente pueden dar fe de que la obra se ejecutó correctamente, pero que el tramo faltante no se pudo construir porque la EAAB no había comprado los terrenos en los que se uniría el río Tunjuelo con la planta de Canoas. “No sé por qué nos quieren arrastrar en este tema, si nunca conocimos o reunimos con gente de Odebrecht, le dijo el representante a El Espectador.
Carlos Solarte también señaló que hasta las oficinas de su constructora llegó la Fiscalía a buscar todo lo relacionado con Tunjuelo-Canoas. Sostuvo que ninguno de sus empleados ni familiares —sus hijas Paola y Claudia manejaban la constructora en ese entonces— ha sido citado a interrogatorio, que la obra se ejecutó en un 97 % y que el 3 % restante no se construyó por un problema de predios que tenía la EAAB. De ahí, agregó Solarte, el problema con el equipo de perforación que se quedó en el pozo.
Carlos Solarte le dijo a este diario que para evitar confusiones quería dejar claro que el contrato por más de $25.000 millones que se licitó recientemente para sacar la maquinaria se lo ganaron los hijos de su difunto hermano con la empresa Sonacol, que comercialmente nada tienen que ver con él. “Juntos, pero no revueltos”, concluyó.
Otro de los salpicados en este escándalo es el exgerente de la EAAB Jorge Pizano, de quien se había dicho que era uno de los encargados de direccionar el contrato y que luego de salir del Acueducto comenzó a trabajar con Odebrecht. Sin embargo, el representante legal de la constructora brasileña en Colombia, Yezid Arocha, les dijo a las autoridades que Pizano jamás trabajó con Odebrecht y que su relación se debe a que fue designado por Corficolombiana para supervisar la construcción del sector 2 de la Ruta del Sol, en el cual son socios con Episol —una filial de Corficolombiana— y Carlos Solarte.
También Miriam Margoth Martínez, quien del Acueducto pasó a ser la directora de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (Uaesp), terminó implicada en las declaraciones de los testigos. Supuestamente coordinaba con Andrés Cardona y Orlando Fajardo los concursos licitatorios en la EAAB. Asimismo, Emilio Tapia ha testificado contra el secretario general de la Alcaldía de Samuel Moreno, Yuri Chillán, quien, supuestamente, al ser el presidente de la junta directiva del Acueducto, conocía el festín de coimas que se repartieron a funcionarios, exconcejales y otros miembros que actualmente hacen parte del cabildo.
Con las palabras del fiscal general y las últimas pesquisas de los investigadores, es claro que el capítulo de Odebrecht y el carrusel de la contratación en Bogotá está a punto de escribirse. Son varias las fichas de este rompecabezas que permitieron conocer que la maquinaria corrupta de la constructora brasileña no sólo actuó para quedarse con contratos del orden nacional, sino que “engrasó” también a funcionarios de la administración de Bogotá durante la era de Samuel Moreno.