Las irregularidades de Bioenergy, la planta de Ecopetrol en Puerto López, Meta

En las últimas dos semanas, en medio de las discusiones con respecto a la vuelta del asperjado aéreo con glifosato y el escándalo de las “chuzadas” en el interior de la Fiscalía, entre otras noticias, pasó de agache la imputación de cargos en contra de dos exdirectivos de Bioenergy por interés indebido en celebración de contratos. Se trata de la filial de Ecopetrol que desde 2010 hasta 2016 construyó en Puerto López (Meta) la planta de procesamiento de etanol más grande del país, El Alcaraván. Según la Fiscalía, el exgerente de la filial petrolera, Jaime Flórez Muñoz, habría firmado en junio de 2010 de manera irregular un contrato de US$350 millones con la empresa española Isolux Corsal, la cual no tenía experiencia en la construcción de grandes proyectos agroindustriales.

::Planta de Bioenergy ha producido 113.000 litros de etanol::

De acuerdo con las investigaciones, la suscripción de este contrato habría derivado en los retrasos que luego sufrió la megaobra, la cual debía estar lista a mediados de 2012 y no cuatro años después, como terminó sucediendo. En el contrato cuestionado participó también el exgerente de Isolux, Ignacio Revilla Fernández, la segunda persona investigada por las autoridades colombianas. La propia Contraloría, primer órgano que advirtió sobre las presuntas irregularidades en las obras, señaló las similitudes que se han presentado en contratación y sobrecostos entre la Refinería de Cartagena (Reficar) y Bioenergy, los dos grandes proyectos de la poderosa petrolera estatal.

El órgano contralor determinó en julio de 2017, al igual que en el caso Reficar, que la modalidad con la que Bioenergy suscribió ese contrato denominado “llave en mano” (es decir, pago contra factura) generó que la obra terminara costando el doble de lo presupuestado inicialmente (En el caso de Reficar no había un costo limitado, en El Alcaracán sí). El costo final fue de US$778 millones. De acuerdo con las pesquisas de la Contraloría, en el proceso de adjudicación -al cual también se presentaron Engevix Engenharia y Praj-Schrader Camargo-, “Isolux no ofrecía certeza sobre el cumplimiento de los requisitos determinados en el pliego de condiciones referentes al tipo de contrato, objeto, obligaciones contractuales”, su experiencia en la construcción de este tipo de plantas, el valor de la obra y la fecha de finalización del contrato. Además, era el único de los proponentes que no tenía experiencia. ::Planta de etanol de Bioenergy es inviable: Contraloría::

Por el tiempo que duró la planta inactiva, según cuentas del ente contralor, Bioenergy dejó de recibir ganancias por cerca de $577.824 millones. Incluso, durante ese tiempo, el proyecto pagó a Riopaila Castilla $24.223 millones por una caña de azúcar que no fue utilizada para la producción de etanol carburante. Se estima que fueron 158.338 toneladas desde 2014. “La planta debió haberse calificado de inviable si se hubiera valorado correctamente en su momento. Hoy no aporta ningún valor a los colombianos y ha generado costos adicionales, por lo que es difícil que resulte rentable para sus accionistas. Sobre todo, porque el horizonte de recuperación de la inversión es mayor a 20 años”, señaló la Contraloría en su momento.

Estos hallazgos de manejos irregulares de recursos del Estado, los cuales fueron denominados de “impacto nacional” por el entonces contralor general, Edgardo Maya, llegaron a finales de 2016 a la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía que, para ese entonces, estaba bajo el mando de quien es hoy el testigo estrella del escándalo del cartel de la toga: Luis Gustavo Moreno. Esos expedientes donde reposan los sobrecostos y los presuntos conflictos de intereses no fueron prioridad del extraditado exfiscal. Según el diario El Tiempo, Moreno impidió que se avanzara en estas pesquisas asignando “casos menores a los fiscales a cargo e, incluso, se embolataron algunas pruebas”.

Un polémico historial

Aunque la multinacional española Isolux es reconocida a nivel mundial por la construcción de megaobras, también lo es por haber dejado abandonadas a mitad de camino algunas iniciativas. Por ejemplo, en Chile, en 2015, el gobierno de ese país le quitó cuatro de siete proyectos por sus constantes incumplimientos y sobrecostos; y es investigada por supuestamente haber dado sobornos para conseguir megacontratos en el país austral. El exgerente general en Argentina de la constructora, Juan Carlos de Goicoechea, reconoció ante la justicia argentina en agosto pasado que esa empresa realizó pagos ilícitos para obtener obras públicas durante los gobiernos kirchneristas.

El agresivo lobby de la compañía es reconocido, así como sus poderosos alfiles en las altas esferas políticas argentinas y chilenas. Incluso, se supo que la “mano negra” de la empresa llegó hasta el Congo, donde habría dado coimas a altos miembros del gabinete. En 2017, la justicia española anunció investigaciones de sus obras en Asia y Centroamérica para constatar si hubo pagos de por medio con el fin de quedarse con jugosos contratos públicos. Además, en noviembre pasado, Luis Delso, presidente de Isolux desde 1994 hasta 2016, fue condenado por evasión fiscal y es investigado en el caso de corrupción del expresidente de la Generalitat catalana, Jordi Pujol.

En el caso colombiano, ante los constantes retrasos de Isolux en la ejecución del proyecto, Ecopetrol decidió dar por terminado el contrato en 2014 y buscó una nueva compañía para acabar El Alcaraván. Al proyecto llegó el consorcio Menegua, conformado por inversionistas llaneros. Posteriormente, Ecopetrol, además de recoger información sobre los incumplimientos y sobrecostos para demandar al gigante español de la construcción, tuvo que hacerse cargo de cerca de $6.000 millones que Isolux dejó en deudas con trabajadores y contratistas.

Fue así como casi un año después de la salida de Isolux del proyecto agroindustrial, Bioenergy demandó a la multinacional por sus incumplimientos ante la Corte Internacional de Arbitraje. Al instante, los españoles contrademandaron. En enero de 2016, iniciaron las audiencias por este caso, en las que la firma de abogados Posse-Herrera & Ruiz, mano derecha de Bioenergy en asuntos jurídicos, representó a la compañía colombiana. En marzo de 2017, el fallo arbitral condenó a ambas partes al pago de indemnizaciones recíprocas, con un saldo a favor de la empresa española. Bioenergy hizo un pago de casi US$18 millones, mientras que Isolux indemnizó con giros de $7.384.000 millones y US$13 millones.

El papel de Visión Valores

En 2005, Bioenergy nació como una sociedad privada, de la mano de varios empresarios que conocían la industria de los biocombustibles, entre ellos el exfuncionario de Ecopetrol Henry Echeverry Campuzano. En ese momento, el plan era que la planta fuera construida en la vereda La Balsa, ubicada a 10 kilómetros de Puerto López en la vía Villavicencio-Puerto Gaitán. En 2007, le presentaron a la junta directiva de Ecopetrol -presidida por Javier Gutiérrez Pemberty- el proyecto y de inmediato firmaron un acuerdo para poner la planta en marcha. En la estructuración de la obra fue clave la participación de la comisionista de bolsa Visión Valores S.A.S, empresa en la que la Contraloría ha puesto el foco.

Según el ente de control fiscal, “llama la atención” el nombre de uno de los fundadores y accionistas de Visión de Valores: Gustavo Gaviria Ángel (dueño del 71 % de las acciones). “No puede dejarse de lado su presencia, quien para la época en la cual Ecopetrol adquiere a Bioenergy (negocio que se hizo oficial en marzo de 2008), era miembro de la Junta Directiva de Ecopetrol en calidad de suplente entre 2004 y 2007. Luego es nombrado como miembro titular desde mayo hasta septiembre de ese año, fecha en la cual renuncia a este cargo”. Gaviria ha insistido en que, además de no recordar qué temas se tocaron en esas reuniones, no usó información privilegiada como cabeza de Visión Valores.

El proyecto, sin embargo, no pudo construirse en La Balsa. Los promotores de la planta, quienes habían comprado los predios La Esperanza 1 y 2, tuvieron que trasladarse a donde actualmente se encuentra el proyecto a 33 kilómetros de la misma vía Villavicencio-Puerto Gaitán, en el predio la Piragua. Esos dos lotes, adquiridos en 2008 y que miden 555 hectáreas, no se pudieron usar y fueron arrendados para el pastoreo de vacas. Bioenergy, cuando quiso comprar los lotes aledaños a La Esperanza (necesarios para la construcción de la planta y la siembra de caña), se dieron cuenta de que los predios eran propiedad de herederos del fallecido esmeraldero Víctor Carranza, a quien durante décadas se le relacionó con grupos paramilitares en los Llanos Orientales.

Según las pesquisas hechas por la Contraloría, antes de que Ecopetrol comprara Bioenergy, los lotes fueron registrados como activos por un precio ocho veces mayor al que fueron adquiridos. Dos años después de haberlas adquirido Bioenergy, esta se las vendió a Ecopetrol por un precio once veces mayor. Los dos lotes estaban registrados en dos sociedades panameñas controladas por Bioenergy, Amandine Holdings Corp y los Arces Group Corp. Esta última, según la Contraloría, estaba ligada a Blackstone International Development, empresa por donde David Murcia Guzmán sacó cerca de US$ 38 millones de manera ilegal a los Estados Unidos. Este episodio, según fuentes cercanas a este proceso, también estuvo en manos del exfiscal Luis Gustavo Moreno.

¿En qué tierras funciona Bioenergy?

Según datos de Ecopetrol de septiembre de 2018, Bioenergy se extiende sobre 25.500 hectáreas, de las cuales cerca de 9.830 son “predios propios y en proceso de adquisición” y cerca de 15.600 corresponden a contratos de arrendamiento (57 lotes). Entre ellos, hay dos predios que hicieron parte de la finca El Potosí, del expresidente Alfonso López Pumarejo. También existen denuncias porque algunos de esos predios tendrían falsa tradición, es decir, posiblemente se vendieron de forma irregular. Asimismo, se ha denunciado que Bioenergy alquila un predio conocido como La Sandrita, que en el pasado fue del narcotraficante Leonidas Vargas, alias El Viejo. Bioenergy ha negado tajantemente los hechos.

El Espectador se contactó con Bioenergy, cuyos voceros señalaron que tanto Ecopetrol como la planta de bioetanol fueron los primeros en poner en conocimiento de los entes de control todos los “hechos”, con el fin de que se adelanten las respectivas investigaciones. “A lo largo del proceso (las dos compañías) han prestado toda su colaboración y entregado la información requerida por dichas instancias. Bioenergy respeta las investigaciones y los resultados de los diferentes entes de control (...). Teniendo en cuenta que en este momento el proceso de investigación está en manos de las instancias judiciales, la empresa no está en capacidad de emitir cualquier posición que pueda afectar su desarrollo”, señaló Bioenergy.