“Las macrorreformas de la justicia están mandadas a recoger”: procurador general

Fernando Carrillo, procurador general. /Archivo

¿Se viene entonces propuesta de la Procuraduría para reformar la justicia?

Sí, es el resultado de una gran consulta ciudadana que comenzamos a realizar en agosto del año pasado, convencidos de que uno de los grandes obstáculos que ha frustrado la reforma de la justicia ha sido (la falta de) el apoyo ciudadano y la visión de demanda de la justicia, no solo en el sentido de número de casos, sino de lo que necesita la ciudadanía. Un enfoque de necesidades insatisfechas, moderno, de reforma abierta, consensuada. Este no es un proyecto de reforma a la justicia de la Procuraduría, es más de la ciudadanía, ni es un proyecto de reforma constitucional. Las macrorreformas de la justicia están mandadas a recoger; han fracasado más de 20 desde el año 2002. Y ni siquiera es un proyecto de reforma de la Ley Estatutaria: es un proyecto de ley ordinaria que está centrado en el acceso a la justicia y en los temas de digitalización de la justicia, de nuevas herramientas de la tecnología, de aplicación de la inteligencia artificial a los procesos judiciales, al conocimiento jurídico y a las políticas públicas.

¿Cómo fue la metodología?

Iniciamos un recorrido por todo el país en agosto, consultamos a más de nueve mil personas, facultades de derecho, más de 500 profesores, más de 3 mil estudiantes (no solo de derecho), más de 2.500 cuestionarios, 33 reuniones territoriales y nueve regionales. Allí consultamos la opinión de la gente y fuimos tomándole la temperatura a lo que está pasando con la justicia.

¿Y qué concluyeron?

La gran conclusión es el divorcio tan grande que existe entre lo que necesita la gente de la justicia y lo que ofrece el sistema judicial. Hay una gran separación no solo entre la oferta y la demanda, sino entre lo que ofrece el sistema judicial como tal en términos de garantías de derecho de la gente y lo que la gente está reclamando. Para la muestra, lo que ha venido sucediendo con la supercongestión en materia de tutelas. Creo de uno de los objetivos de este proceso es que recuperemos la metodología, la magia, la filosofía de la tutela de hace 20 años y tengamos un sistema apuntando exclusivamente al acceso a la justicia. Lamentablemente descubrimos en las encuestas que la mayoría de la gente nos dice que ya no se cumplen las decisiones judiciales de tutela. Si de por sí ya la congestión de las tutelas tiene que ver con la salud, imagínense ustedes en esta crisis sanitaria lo que va a ser la sobrecarga al sistema judicial en materia de tutelas. Por eso hay que crear un mecanismo para fortalecer la tutela. Lejos de evitarla, hay que asumirla como propia y democratizarla.

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¿Por qué la Procuraduría asume este liderazgo?

Porque estábamos convencidos de que teníamos que actuar de alguna forma frente al fracaso de la estrategia reformista de la justicia. ¿Cuántas reformas fracasadas llevamos? Desde el año 96 en Colombia ha habido por lo menos treinta intentos de digitalización de la justicia. Llevamos veinticinco años, un cuarto de siglo, tratando de incorporar las nuevas tecnologías. No lo hemos logrado por ese fetichismo normativo de creer que hay que meterse siempre con la Constitución. Hay cosas que no quedaron bien en la Constitución, por ejemplo el Consejo Superior de la Judicatura, que terminó siendo una instancia muy débil por un lado, muy politizada por otro. Pero me parece que lo que no hemos producido en estos 24 años han sido políticas públicas de justicia. Hemos hecho reformitas o reformas grandes y todas han fracasado. Por eso el camino que cogimos hoy es diferente. De abajo hacia arriba, sin tocar la cúpula, sin afectar los intereses —es muy duro decirlo— de los agentes que tienen poder de veto, sabemos que por ahí no va a venir la reforma. Y porque no podemos modificar las normas constitucionales de. La Constitución es para desarrollarla y en materia de justicia no necesitamos tocarla. Todo el principio de acceso a la justicia que inspira esta es la descentralización y la desconcentración de la justicia.

¿Las altas cortes, por ejemplo, no forman parte de esta iniciativa?

Todos ellos participaron en las consultas. Lo que no queremos es tocar las grandes estructuras de la Constitución, porque sabemos que no es el camino y no es necesario. Nosotros tenemos los pilotes fundamentales de Constitución, nos faltan son ajustes normativos pequeños y la operación misma de la justicia, que ni siquiera requiere una reforma legal. Claro que vamos a necesitar a las cortes y las herramientas tecnológicas para la descentralización y la desconcentración de la justicia.

Cuando usted dice que hay unos agentes con poder de veto que no se toca en esta propuesta, ¿a quiénes se refiere?

Me refiero a la discusión tradicional de si hay que quitarles los poderes electorales a las cortes, de cuáles son los requisitos, de los aforados, todo eso que ha sido el diagnóstico prematuro de la muerte para la reforma a la justicia. Todo lo que entra por esa puerta se muere. Por eso creo que el Gobierno Nacional no se puede equivocar de nuevo en golpear esa puerta. El Ministerio de Justicia ha presentado unas propuestas que coinciden con esta filosofía, por ejemplo, la creación de una jurisdicción rural.

¿Pero tienen ustedes en cuenta la justicia en los territorios?

La justicia territorial es muy débil o inexistente. Hay 150 cabeceras municipales en Colombia que no tienen ni siquiera un juez. La guerrilla y los actores armados han mandado la parada en el país durante las últimas décadas con relación a la administración de justicia. Todo eso hay que cambiarlo. Pero no colocando a un juez inerme en la cabecera municipal. Si uno logra bajar el poder que está en las cúpulas y descentralizando… Creo que en eso están de acuerdo todas las cortes. La ventaja en este proyecto es que no tiene enemigos.

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¿A qué se refiere?

Contamos con todas las autoridades territoriales con las cuales hemos conversado, son gobernadores y alcaldes, diciéndonos “nosotros no tenemos estructuras de justicia local”. Por eso el proyecto de ley va a crear unos núcleos de justicia local. Un gobernador decía: “Yo no tengo secretario de justicia departamental”. Todos los temas de la justicia entran por la puerta de la seguridad. Y la justicia no es solo seguridad. Ni siquiera Bogotá tiene una Secretaría de Justicia, ojo.

¿Cuál es el problema de que no exista esa Secretaría?

Una Secretaría de seguridad no emplea funciones de una de justicia. Esa interlocución y esa visión de la justicia como un sistema y no solo el poder judicial es otro de los elementos que sale de acá porque aquí entra a actuar la sociedad civil, la academia, los consultorios jurídicos. Estos hay que fortalecerlos a nivel local. También participa el sector privado, y no porque se tenga que privatizar la justicia. La semana pasada justo la Corte Constitucional lanzó una herramienta de inteligencia artificial...

¿Pretoria?

Sí, que va a revolucionar. La tiene la Fiscalía, nosotros la estamos poniendo en marcha con unos recursos de cooperación internacional, pero hay que hacerlas todas compatibles e interoperables. Esto no es que cada uno arme una reforma y escoja una herramienta de las tecnologías de la información y la eche a andar abriéndose espacio a codazo limpio y desconociendo lo que otras instituciones están haciendo. El sector justicia es todo: el poder judicial, el gobierno, autoridades que administran justicia, los organismos de control y la sociedad civil. Esta no es una reforma de abogados ni de las facultades de derecho. Es para que haya cultura legal, pedagogía legal.

¿Qué elementos de acceso a la justicia incluye el proyecto de ley?

La enfermedad es la inaccesibilidad a la justicia. La solución es buscar vías de acceso, porque existen barreras. En primer lugar, proponemos un análisis de geografía judicial de dónde están los grandes vacíos de la justicia para reforzar su presencia allí. Estamos hablando de enfoque de justicia territorial pero participativo en donde la comunidad podrá plantear cuáles son sus problemas ordinarios. Aquí participan los grandes colectivos de este país que han estado al margen de la justicia, como las poblaciones étnicas, mujeres y niños en donde tenemos un nivel de impunidad del 96 %. También hablamos de un enfoque ético, el cual tiene como propósito primordial defender los derechos de los colombianos de la gente, que considero fue el gran paso que dio la Constitución de 1991. A partir de ahí, todo en Colombia tenía que ver con esta Constitución.

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¿Qué más proponen?

Un segundo elemento que es fundamental es la municipalización de la justicia, que es distinto a lo anterior, porque esto supone que exista una planeación con los tres niveles de la justicia. Hay cosas muy bonitas en el Plan de Desarrollo que tiene que ver con el sistema de justicia pero ninguna de esas está funcionando y esto hay que coordinarlo con los municipios y los departamentos. Insistiría en el tema de la articulación con los niveles territoriales por un lado y en la forma en que hoy se administra justicia en escenarios del futuro. Un juzgado moderno es uno que no solo dispone de herramientas de expediente digital o inteligencia artificial como la aplicación que puso en marcha la Corte (Pretoria) y que ahorra tiempo a los funcionarios del alto tribunal, pero también gana legitimidad y acceso porque los usuarios del sistema van a tener acceso directo al expediente, al proceso, al juez. En esa política de datos abiertos hay transparencia y rendición de cuentas. Este proyecto de ley también tiene la búsqueda de unos valores como la privacidad, la responsabilidad, la transparencia, todo lo que es la discusión del mundo moderno al aplicar las tecnologías a la administración de justicia.

¿Qué salió en las encuestas con respecto a la digitalización, y qué de todo lo que ha evidenciado la pandemia sería necesario incluir?

En todos los cuestionarios salió a relucir el tema tecnológico. Y, fundamentalmente, se enfrenta un gran problema de Colombia, que es la brecha digital. Es evidente que aquí no se trata de crear unan nueva brecha digital, porque ya la tenemos. Por eso la importancia de mezclar los temas de acceso y de territorialización de la justicia con la digitalización. Es muy importante tener claro una política pública de digitalización y actualización de la justicia. Llegamos por la fuerza de los acontecimientos a esto. El sistema judicial está dando estos pasos, pero creo que se requiere una gran reflexión a la definición de esa política pública que permita crear unos parámetros clarísimos. Como dicen los expertos, los robots nunca van a poder reemplazar a los jueces, pero sí pueden ayudar, por ejemplo, a recoger la orientación de las sentencias, sí pueden ayudar a perfeccionar las estadísticas judiciales, sí pueden ayudar a predecir en lo que se llaman las pequeñas causas.

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¿Y recursos, de dónde?

El presidente (Duque) se comprometió a que una gran operación de cooperación internacional para digitalización de todo el sistema de justicia va a estar aprobado en alrededor de un mes en el marco de unos recursos con el Barco Interamericano de Desarrollo. El Consejo Superior de la Judicatura tiene también apoyo del Banco Mundial. Pero se necesita es una sola orientación porque cada uno, cada actor del sistema judicial, no puede montar su propio sistema de automatización y digitalización, porque tiene que ser interoperable. Es decir, que se hablen los sistemas.

Les pongo un segundo ejemplo de inteligencia artificial que ya estamos poniendo en marcha con el Foro Económico Mundial, con el Centro de la Cuarta Revolución Industrial. Nosotros tuvimos a un funcionario de la Procuraduría trabajando allá y se está poniendo en marcha un piloto para luchar contra la corrupción en el programa de alimentación escolar, que va a servir además para todo lo que se llama la contratación inteligente en el futuro. Es una tecnología muy novedosa que se llama cadena de bloque, en inglés blockchain, que permite transparencia, trazabilidad, encriptación de la información y, por ejemplo, en el caso de la contratación pública no le permite a cualquier ciudadano o a alguien que quiera cometer un acto de corrupción modificar las condiciones de un pliego en un momento dado y es una tecnología que en este momento se está utilizando. Todo esto es lo que en el mundo moderno se está poniendo en marcha y yo creo que Colombia no se puede quedar atrás aprovechando este salto tecnológico obligado que se está dando por cuenta de la virtualidad en todos los campos de la vida y del internet de las cosas. Todo esto marca el futuro y, por supuesto, la justicia no se puede quedar atrás.

¿Usted conoce el borrador de la reforma a la justicia del Ministerio de Justicia?

El último no, el que implica una reforma constitucional, no.

Es que, justamente, busca cambiar un artículo de la Constitución para aclarar que la justicia no se puede suspender ni siquiera en Estados de excepción. ¿Usted cómo lo ve?

No conozco el texto, pero no creo que se tenga que reformar la Constitución para sostener que la justicia es un pilar fundamental del Estado de derecho. Un Estado sin poder Judicial y sin justicia no es un Estado de derecho. Pero como digo, no conozco el texto.

¿De pronto quieren evitar un colapso similar al que se ha visto en esta pandemia?

Lo más grave de eso es llevar a una sociedad a la conclusión errada que un Estado puede funcionar sin justicia. Ese mensaje es muy grave. Yo creo que la clave es tener otra mirada. Yo decía: esta es una microrreforma para hacer un sistema de justicia más accesible, más eficiente, más seguro, más predecible, más abierto y ciudadano, que es lo importante. Este es un poco el espíritu de lo que fue la Constitución hace 30 años y el espíritu de la tutela.

El Ministerio de Justicia propone que a los procuradores, entre otros, les asignen funciones jurisdiccionales. ¿Podría funcionar?

Pienso que eso funciona, es un factor de descongestión. Siempre les he dicho a los presidentes de las altas cortes que la Procuraduría es una hermana de las altas cortes, es una institución de justicia y es evidente, luego no se me hace descabellado otorgarle funciones judiciales en el caso de asuntos no contenciosos y que contribuya de esa manera a la descongestión, porque lo que viene para la justicia es un infarto por cuenta de la congestión de pleitos.

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De esta reforma que ustedes proponen, ¿qué puntos claves serían los más novedosos?

Aquí se requiere una transformación cultural de la Rama Judicial. Y para eso se necesitan acuerdos entre las altas cortes, los tribunales, los jueces. Eso lo reclamó mucho la gente, porque no es solo automatización. Esto viene de Europa, donde en las grandes discusiones de reforma a la justicia la pregunta ha sido: ¿cuáles son los principios que tienen que regir esa reforma? Porque si no, uno crea un Frankenstein que termina manejado por quien hace la aplicación o por quien diseña el algoritmo en una dirección. En Estados Unidos la gran discusión en los temas de inteligencia artificial es que no llegue con el sesgo a la discriminación, por ejemplo: si una persona hace la aplicación y pone en marcha el algoritmo, pero tiene prejuicios raciales, seguramente lo que va a salir en el proyecto de decisión para que la evalúe el juez va a ser una decisión discriminatoria. Espero dejar una Procuraduría completamente digitalizada. Ese proyecto ya va en camino.

Siempre que se habla de reforma a la justicia se cuestiona el papel de la propia Procuraduría. Hay penalistas que dicen, incluso, que el rol de la entidad es inútil para los procesos…

Creo que hemos demostrado, lo digo con mucha modestia, en los últimos tres años y medio, el papel que ha cumplido la Procuraduría como Ministerio Público en los procesos penales. Primero, porque no necesariamente estamos del lado de la Fiscalía, esa es una de las críticas, que para qué Procuraduría si ahí está la Fiscalía. Nosotros muchas veces hemos conceptuado en contra y, muchas veces, ha sido el criterio de la Procuraduría el que ha prevalecido en la decisión del juez. Es la defensa de los intereses a la sociedad, es que dentro de los actores no hay ninguno que represente los intereses de la sociedad, porque el fiscal está cumpliendo una función y el juez tiene que tomar la decisión, pero en la ponderación que tiene que hacer el juez de las circunstancias, necesita al representante de la sociedad, ese es el Ministerio Público. La Procuraduría tiene 190 años y nació precisamente para ser una especie de magistratura moral de la nación. La Fiscalía va a cumplir 30 años, la Contraloría va a cumplir 100 años, miremos todas las instituciones de la República y no hay una tan antigua, tal vez solo el Ejército.

Después de la Procuraduría, ¿para usted qué viene?

Espero regresar al mundo académico que es de donde vengo, quiero tener una cátedra y espero poder opinar.

¿Qué piensa del sonajero de nombres para la Procuraduría?

Solo espero que llegue alguien que pueda mantener lo que nosotros consideramos es una línea de comportamiento de lo que representa la historia de esta institución, es que es una institución que tiene mucho peso moral en el país.