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En medio del aluvión informativo por el escándalo Odebrecht, una declaración inédita del exdirector de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) Luis Fernando Andrade ha pasado de agache. Se trata de la versión que le dio a la Fiscalía el pasado 22 de enero y que tiene algunas claves del expediente por corrupción que tiene ad portas de un carcelazo a José Roberto Prieto, exgerente de la campaña presidencial de Juan Manuel Santos. En su interrogatorio, Andrade —también procesado por el caso Odebrecht— soltó varios datos sobre las supuestas “movidas” de Prieto, investigado por la Fiscalía por tratar de influir ilegalmente en la ANI para lograr una millonaria adición al contrato de la Ruta del Sol III a cargo del concesionario Yuma, cuyo principal accionista es la firma Impregilo.
El Espectador tuvo acceso al documento, de 15 páginas, en el que quedaron consignadas algunas pistas sobre este episodio judicial. La nuez de este proceso tiene que ver con la adición al contrato para los estudios y diseños del segundo puente sobre el río Magdalena, entre los municipios de Plato (Magdalena) y Zambrano (Bolívar). Un negocio por $5.788 millones que la ANI entregó mediante una adición en 2015 al concesionario Yuma, que a su vez contrató directamente a la firma Consultores Unidos de Eduardo Zambrano, ficha clave en el entramado de corrupción de Odebrecht y quien hoy está detenido en su casa acusado de los delitos de concierto para delinquir y lavado de activos. Por esa adición a Yuma, entregada a dedo, Roberto Prieto habría recibido $650 millones como comisión.
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En ese contexto, resulta interesante la versión de Andrade. Al ser interrogado por la Fiscalía por la gestión y autorización de ese otrosí a la Ruta del Sol III, Andrade señaló que el vicepresidente ejecutivo encargado de ese tema fue Germán Córdoba, actual secretario general del partido Cambio Radical. “Ese trámite lo llevó a cabo el doctor Germán Córdoba, como lo establecía el esquema de delegaciones de la entidad. Fue él quien tuvo las discusiones con la interventoría y el concesionario; quien hizo el estudio de conveniencia y oportunidad; quien lo presentó al comité de contratos, que es el órgano colegiado donde se toman las decisiones en la ANI y (quien) consecuentemente lo firmó”, sostuvo el testigo.
Andrade relató que en julio de 2014 la concesionaria Yuma le envió una carta firmada por su representante legal, Leonardo Castro, en la que le expresaban su acuerdo por “el interés expresado por la ANI de proceder a modificar el contrato para incluir esos estudios y diseños”. Es decir, sugirió que la iniciativa la tuvo su entidad, pero que no estaba seguro de ello porque era Germán Córdoba el encargado de vigilar el negocio. Este diario estableció que, en declaración a la Fiscalía, Germán Córdoba sostuvo que cuando tomó posesión de su cargo como vicepresidente de la ANI en noviembre de 2014, el proceso de la cuestionada adición contractual ya estaba andando. Al margen de esa ecuación temporal, ese episodio lo puso en el radar de las autoridades.
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De vuelta al testimonio de Andrade, este contó que, en febrero de 2015, meses antes de la controvertida adición del contrato tuvo una reunión con Roberto Prieto, “en la cual él preguntó sobre el estado del trámite de los diseños del puente en el municipio de Plato”. La Fiscalía indagó por el interés de Prieto en ese contrato, a lo que Andrade contestó que Prieto estaba “preocupado con la demora en el trámite y yo supuse que tendría alguna relación con el contratista”. Además, añadió que en ese momento se le dio a Prieto toda la información que pidió, “como se la hubiéramos dado a cualquier periodista que hubiera ido a la ANI”, y que en esa adición al contrato no tuvo influencia el exgerente de la campaña Santos, pues las decisiones fueron de carácter técnico.
En su interrogatorio, Andrade manifestó que desde junio de 2014 tuvo varias reuniones con el señor Roberto Prieto, pues estaba interesado en el millonario contrato de adición para la vía entre Ocaña y Gamarra, precisamente el eje de negocio que derivó en los sobornos repartidos por Odebrecht para “engrasar” senadores, funcionarios y contratistas. En dichos encuentros con Andrade en la ANI, Prieto también mostró interés en la construcción del segundo túnel de La Línea y el mejoramiento de la vía entre Cúcuta y Sardinata (Norte de Santander). Y explicó que detrás de dichos proyectos estaban firmas extranjeras interesadas, como la italiana Impregilo, la española Rubau y la brasileña Queiroz Galvao.
En ese momento de la diligencia, la Fiscalía le puso de presente a Andrade la declaración de Eduardo Zambrano, en la que éste confesó que su amigo Roberto Prieto habló en su momento “con los italianos” de Impregilo y el consorcio Yuma para que le dieran a él el contrato. “Lo que tenía que hacer el señor Prieto —declaró Zambrano el 16 de noviembre de 2017— era lograr dentro de la ANI con el director Andrade el traslado presupuestal de la partida de $5.700 millones para realizar el diseño del segundo puente”. La Fiscalía le preguntó a Andrade por esa afirmación, y contestó: “Los acuerdos que hayan podido tener los señores Prieto y Zambrano nunca fueron de mi conocimiento y no me pueden responsabilizar por eventuales negocios o delitos que ellos hayan cometido”.
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Luis Fernando Andrade agregó: “Cuando el doctor Prieto preguntaba por el estado de los trámites también nos decía que le preocupaba la mala relación que tenían empresas inversionistas en Colombia con la ANI. Cuando una de estas firmas percibe una mala relación es posible que lo que esté ocurriendo es que la ANI esté haciendo muy bien su trabajo. Eso fue lo que siempre le dije al doctor Prieto”. El testigo aclaró que le parecía obvio que todas las gestiones de Prieto ante la ANI las hacía en calidad de representante de esas compañías extranjeras, que su relación con él fue “cordial”, pero “estrictamente profesional”, y que Prieto “era una persona que gozaba de un gran prestigio en el país y muy cercano a los altos niveles del Gobierno”.
Al final, Andrade la emprendió contra su exasesor Juan Sebastián Correa —hoy testigo en su contra—, de quien dijo que era un mentiroso por el cual había terminado procesado y que “es tan grave no castigar a una persona corrupta, como privar de la libertad a un inocente”. Y concluyó señalando que Roberto Prieto llevó a su amigo Andrés Giraldo a una reunión en la ANI para hablar del proyecto del segundo túnel de La Línea en diciembre de 2015. Giraldo ha resultado salpicado en varios frentes de esta investigación. El exsenador Otto Bula –testigo y ventilador del escándalo–, por ejemplo, señaló que a través de Giraldo, supuestamente, Odebrecht le hizo llegar a Roberto Prieto en 2014 un millón de dólares, hecho que ha sido negado por Prieto y Giraldo.
El testimonio de Andrade reforzaría la hipótesis de la Fiscalía en el sentido de que Roberto Prieto ofrecía sus influencias para “mover” procesos contractuales a cambio de dinero de empresas particulares. Para los investigadores, la adición del puente de Plato fue ilegal, no se podía hacer a dedo y debió haberse hecho una licitación. Con una particularidad más, en relación con Roberto Prieto y su amigo Andrés Giraldo: la Fiscalía documentó que los $650 millones que Prieto habría recibido como comisión por este negocio fueron canalizados a través de la firma Megaland, de Gilberto Saldarriaga, primo de Giraldo. El próximo 29 de mayo un juez definirá si envía a Prieto a la cárcel mientras la investigación en su contra continúa.
Nota del editor: Este artículo se modificó para precisar la manera como se entregó el contrato a la firma Consultores Unidos.