Las pruebas de la Fiscalía contra Carlos Solarte y su hija Paola

Carlos Solarte y su hija, Paola Solarte. / Óscar Pérez - El Espectador

La Fiscalía, desde el pasado viernes –día en que se instaló formalmente la audiencia–, destapó sus fichas en contra del hombre detrás de la construcción de miles de kilómetros de carreteras colombianas, Carlos Solarte, y su hija, Paola Solarte, quien también es investigada, por, supuestamente, haber pagado sobornos con la firma brasileña Odebrecht para quedarse en 2009 con el contrato para la construcción del túnel interconector entre el río Tunjuelo, la planta de tratamiento de aguas residuales Canoas y el río Bogotá.

El organismo investigativo, que empezó su exposición señalando aquellos hechos ilícitos que habría cometido Paola Solarte, señaló que el Consorcio Canoas, integrada por Cass Constructores & CÍA. S.C.A. y Odebrecht, suscribió el 30 de diciembre de 2009 el mencionado contrato con la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) por un valor de $243.717 millones. Sin embargo, para el ente investigador, la hija de Carlos Solarte, en conjunto con el empresario Orlando Fajardo Castillo, recurrieron a varias artimañas para quedarse con el proyecto de interés para Bogotá.  

En concreto, la investigación dice que Paola Solarte mantuvo como socio “oculto” a Castillo porque tenía conexiones con directivos de la EAAB. ¿La razón? Conocer de manera anticipada, antes de ser públicos, los documentos de la licitación pública tanto de la obra como de interventoría. “Con ello, se enteró no solo de la totalidad de exigencias dentro de la licitación pública, sino del estado de las ofertas”, precisó el ente investigador, añadiendo que, para favorecer los intereses de Cass Constructores, Solarte y Castillo le ofrecieron coimas al abogado Manuel Hernando Sánchez, quien representaba al oferente Unión Temporal Cartelone -Arquitectura & Concreto, para que tuviera una actitud pasiva de representación y así asegurar el contrato al Consorcio Canoas. Sánchez, aseguró la Fiscalía, habría recibido una coima de $255 millones por el “apoyo” previo a la licitación.

La Fiscalía, además, aseguró que los sobornos también habrían llegado a la empresa de acueducto de la capital. Así, Jorge Enrique Pizano Callejas, gerente en ese entonces de la EAAB, también habría recibido dinero a cambio de que se adjudicara la obra al Consorcio Canoas. Pizano, de acuerdo con la Fiscalía, aceptó que recibió ese dinero. Y ya adjudicado el contrato, según la Fiscalía, Solarte y Fajardo solicitaron un anticipo de $48.434 millones que fueron girados a la comisionista Correval –hoy Credicorp Capital– “en contravía del manual de contratación e interventoría de la empresa y acueducto, los cuales se realizaron en beneficios propios”, dijo la Fiscalía.

El siguiente paso, manifestó la Fiscalía, fue que Carlos Alberto Acero, directo de la Red Troncal de Alcantarillado, aprobara en un documento de una hoja, y en tiempo récord, el programa de inversión del anticipo y mismo día en que se hizo el desembolso. Y Paola Solarte, con Orlando Fajardo, aceptaron que el manejo del anticipo se hiciera a través de la comisionista de bolsa. “Ambos (Solarte y Fajardo), representando intereses indebidos de la empresa Cass Constructores, podían de manera libre, e incluso, sin intervención de miembros de la constructora Norberto Odebrecht, disponer de la totalidad de los recursos asignados al Consorcio Canoas como parte del anticipo. Además, Luis Gabriel Nieto, socio del señor Orlando Fajardo, de la Constructora Fajardo-Nieto (…), subcontratista del Consorcio Canoas, tenía también firma autorizada para las operaciones en dicha comisionista”, precisó la Fiscalía.

Tanto Solarte como Castillo, explicó la Fiscalía, tuvieron libre manejo de los dineros y los interventores lo sabían. “Se observa una apropiación injusta de dineros que se tradujo en la utilización de recursos públicos como inversión en una comisionista de bolsa, cuya finalidad no corresponde con lo expuesto en el contrato, con el plan de inversión del anticipo aprobado ni con los parámetros que se establecer en el manual de contratación, el manual de interventoría ni los principios de la contratación estatal”, añadió la el ente investigador.

La Fiscalía, igualmente, citó que el exalcalde de Bogotá, Samuel Moreno –condenado por el saqueo a la capital por el carrusel de la contratación–, y su hermano, Iván Moreno, habrían recibido $1.000 millones por todo este proceso irregular. El entonces mandatario distrital, para la Fiscalía, tenía un interés en la entrega de este millonario contrato, una de las obras de mayor envergadura e importancia estratégica para el Distrito porque implicaba la descontaminación del Río Bogotá y se trataba de cumplir una orden del Consejo de Estado. 

Carlos Solarte también es objeto de varios cuestionamientos de la Fiscalía. Por ejemplo, explicó que él sabía que no podía participar ni ejecutar las obras del interconector Tunjuelo Canoas, porque no cumplía con la experiencia que se necesitaba. Por eso, de acuerdo con la investigación, buscó otro aliado estratégico y lo encontró en Odebrecht el socio perfecto. “La empresa Cass Constructores, representada por Carlos Alberto Solarte, no estaba en capacidad de realizar por sí sola la totalidad de las obras civiles correspondientes al contrato 1115 de 2009 para la construcción del interceptor Tunjuelo Canoas, pues de hecho no tenía experiencia en la construcción de túneles”, sostuvo el ente investigador.

La Fiscalía investigará a Carlos Solarte por los delitos de peculado e interés indebido en la celebración de contratos. Mientras que su hija, Paola Solarte, fue imputadas por los delitos de cohecho por dar u ofrecer, interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación. Ambos, sin embargo, negaron los cargos y así se lo hicieron saber al juzgado 30 de garantías.