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Terminó 2018 y el personaje, el escándalo y la noticia del año fue Odebrecht. No parece que esa ecuación vaya a cambiar en este 2019. Los coletazos de este expediente –que ya cobraron las cabezas de varios presidentes de la región– derivaron en Colombia en la elección de un fiscal ad hoc (Leonardo Espinosa, ya cuestionado desde algunos sectores) y tienen a Estados Unidos con la lupa puesta en dos casos: por un lado el juicio al exdirector de la Agencia Nacional de Infraestructura Luis Fernando Andrade (que es ciudadano norteamericano) y por el otro la investigación que adelanta el Departamento de Justicia sobre los sobornos pagados por la Concesionaria Ruta del Sol (integrada por Odebrecht, Corficolombiana y CSS Constructores) que pasaron por la banca de ese país. Una radiografía que tiene al país expectante.
La muerte del testigo Jorge Enrique Pizano, exauditor de la Concesionaria de la Ruta del Sol, así como la de su hijo Alejandro, todavía sin aclarar completamente, sumados a los audios revelados por Noticias Uno y El Espectador, de conversaciones privadas entre Pizano y el hoy fiscal Néstor Humberto Martínez, atizaron aún más la controversia en este proceso. Sobre el caso Odebrecht hay 20 líneas de investigación en la Fiscalía e indagaciones paralelas en la Corte Suprema de Justicia, la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes y la Superintendencia de Industria y Comercio. Justamente esta última entidad, en septiembre pasado, formuló cargos contra las empresas y los directivos de la Concesionaria Ruta del Sol por las ilegalidades detectadas en la adjudicación de ese negocio de $2 billones.
El Espectador obtuvo todas las declaraciones de los protagonistas de ese proceso en la Superindustria. Empezando por la de Jorge Pizano, cuyo contenido trascendió ya, y en la que se revelaron detalles inéditos del escándalo. Pizano, por ejemplo, pidió que se llamara a declarar al fiscal Martínez, de quien sostuvo que le contó en el año 2015 sobre la cadena de irregularidades de ese proyecto. Según Pizano, esos hallazgos se los comunicó a todos en la Concesionaria, pero nadie le prestó atención. “Informé verbalmente en varias oportunidades. Me llamaban el loquito del fólder, era con el fólder pa arriba y pa abajo y no me paraban bolas”, declaró. En ese abanico de testimonios en poder de este diario hay todavía rutas por indagar en relación con la estructura criminal de Odebrecht. Estas son las principales conclusiones de cinco testigos en el caso.
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José Elías Melo
Una de las declaraciones más extensas de este dossier fue la del presidente de Corficolombiana entre 2008 y 2016. El 18 de julio de 2017, por casi cinco horas, José Elías Melo habló del funcionamiento de la compañía, de cómo esta terminó asociándose con la constructora brasileña y de la estructuración de los pliegos de contratación del proyecto vial de la Ruta del Sol. Melo reconoció que Corficolombiana buscó a Odebrecht, pues se “tenía que buscar la compañía que le estuviera metiendo el mayor esfuerzo posible a dichos proyectos” de infraestructura. También relató que la estructuración del negocio limitó cualquier participación de un constructor colombiano de forma individual, en tanto se pedía una experiencia y un músculo financiero que ninguna empresa en Colombia podía cumplir.
“Se evaluaron distintas compañías y la que nos demostró mayor seriedad fue Odebrecht. En ese entonces Odebrecht era la compañía que hacía más esfuerzos para tener elementos técnicos”, insistió. También mencionó un concepto jurídico que pidió Odebrecht días antes de la adjudicación del negocio, en diciembre de 2009, con el fin de asegurar el contrato. Dicho documento, según el exviceministro de Transporte, Gabriel García Morales, fue entregado por Corficolombiana y, en su opinión, constituía para él la prueba de que el socio de Odebrecht en la Ruta del Sol sabía del pago del soborno de US$6,5 millones al funcionario. Un escenario que ha sido negado con vehemencia por el propio Melo y por la cúpula del Grupo Aval, controlante de Corficolombiana.
“Muy cerca de la fecha de la adjudicación, Odebrecht vino a nuestras oficinas diciendo que el Gobierno le había pedido un concepto adicional que respaldara nuestra posición. Llegaron a nuestra oficina y nos dijeron si podíamos obtener un concepto en ese sentido, y les dije que no había ningún problema. Simplemente era un concepto nuestro para respaldar nuestros alegatos”, aseguró Melo. Durante toda la declaración el testigo se mostró molesto y constantemente se enfrentó al funcionario de la Superintendencia que lo interrogó. Sin embargo, el momento de mayor tensión fue cuando se le cuestionó por varios encuentros entre ejecutivos de Corficolombiana y el Grupo Aval con María Victoria Guarín, designada estructuradora del proyecto de la Ruta del Sol por parte de la Corporación Financiera Internacional (IFC, por sus siglas en inglés), organismo adscrito al Banco Mundial.
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Melo negó que Corficolombiana hubiera buscado a María Victoria Guarín –esposa de Diego Solano, directivo del Grupo Aval– y mucho menos que se hubiera aprovechado de ese nexo para ganar el negocio. No obstante, el testigo perdió los papeles cuando el funcionario de la Superintendencia le mostró unos correos suyos en los que les contaba a sus jefes sobre los encuentros con Guarín en los que discutían el proyecto. En respuesta a esos interrogantes, José Elías Melo sostuvo: “No sé si ella estaba vinculada a ese proyecto. Como no era lo único que hacía la IFC, no estoy seguro de que ella estuviera vinculada a la Ruta del Sol (…) Ella nos conoce, es la esposa de Diego Solano, se le pueden decir con tranquilidad nuestras expectativas”. Melo negó cualquier pago de coimas.
Rafael Neira
El 9 de febrero de 2017, Rafael Neira, vicepresidente contralor del Grupo Aval, rindió testimonio ante la SIC de sus investigaciones sobre Corficolombiana por el escándalo Odebrecht. Neira aseguró que las directivas del conglomerado económico le encomendaron las indagaciones luego de que Marcelo Odebrecht, presidente de la multinacional, fuera capturado a mediados de 2015 y, tiempo después, se conocieran sobornos por casi US$800 millones entregados por la firma en 12 países. “En la segunda semana de enero (de 2017) tuve la instrucción del presidente del grupo de iniciar una auditoría a todo el proceso. Eso incluye la licitación de la Ruta del Sol II y la adición de Ocaña-Gamarra en lo que tiene que ver con la participación de los funcionarios de Corficolombiana y Episol”, declaró.
El testigo agregó que debía iniciar “una auditoría en la Corporación Financiera Colombiana y Episol para determinar si algún funcionario del grupo conocía, sabía o había participado en lo que los medios estaban comentando”. En ese sentido, reveló que en medio de dichos interrogatorios que adelantó, en los que incluso usó el polígrafo, un testimonio en particular le había llamado la atención: el de Mauricio Millán, gerente de gestión contractual en la Concesionario Ruta del Sol. Según relató Neira, en una primera versión Millán le negó irregularidades en el proyecto. Pero sus respuestas indicaban que “algo le pasaba”, por lo que decidió citarlo a una nueva declaración. Y allí Millán aceptó que en 2010 hubo unos pagos no muy claros y que de eso alertó a José Elías Melo.
(En contexto: Correos bajo sospecha del caso Odebrecht)
“El presidente (Melo) dijo que iba a hablar con los brasileños y después dice que son los temas normales de la obra. Después le vuelven a presentar más casos y este dice que no le traigan más casos porque son situaciones normales de las obras”, declaró Neira y añadió: “Eso me pareció raro y mi obligación fue avisar a las autoridades competentes”. El declarante sostuvo que puso este caso en conocimiento de la Fiscalía, asegurando que fue la única irregularidad que conoció. No obstante, este diario publicó hace mes y medio una conversación entre Jorge Pizano y Rafael Neira (ocurrida en septiembre de 2015), en la que se habló de presuntos actos irregulares en el proyecto, lo cual derivó, se comentó en el encuentro, en una pérdida de confianza al socio mayoritario del proyecto vial.
Mauricio Millán
El 9 de febrero de 2017, mismo día del testimonio de Neira, Mauricio Millán habló con la SIC. Millán, quien era director de proyectos de Episol y gerente de gestión contractual de la Ruta del Sol, comentó que una de sus labores principales era aprobar el pago de facturas dentro de la concesionaria. Desarrollando esta labor pudo evidenciar varias facturas en las que encontró cifras que no le cuadraban del todo. En estos casos, Millán afirmó que pedía las explicaciones al área de la que venían las órdenes para aclarar las cosas y aprobar los pagos. En varias ocasiones elevó estas dudas hasta la cabeza de Corficolombiana. “Le dije al doctor (José Elías) Melo que había unos pagos que se necesitaban aclarar lo más pronto posible”.
Millán fue más específico. Dijo que tenía sospechas en la orden de pago de Odebrecht de un contrato a unos consultores extranjeros que rondaba los $18.000 millones. “Antes de realizar ese pago le consulté al doctor Melo presencialmente. El doctor Melo me dijo que si estaba dentro del presupuesto y las reglas establecidas, lo correcto era que lo hiciera”, señaló. E insistió: “Melo me mencionó que antes de darme la respuesta habló con personas de Odebrecht”. Una declaración que contraría lo asegurado por Melo ante la SIC, pues este último aseguró que jamás aprobó pagos sospechosos. No obstante, las acusaciones de Millán formaron parte de las pruebas recogidas por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca para condenar a Melo como corresponsable del escándalo de sobornos.
(Lea: ¿Por qué Jorge Enrique Pizano era importante para el caso Odebrecht?)
Yezid Arocha
Antes reconocido como un prestigioso profesor de derecho de la Universidad Externado, Yezid Arocha ha sido protagonista del escándalo Odebrecht en Colombia. Arocha, quien comenzó como abogado de la constructora en 1999 y llegó a ser representante legal de la firma en Colombia, reveló importantes elementos en el funcionamiento interno de la constructora. En su testimonio ante la SIC, Arocha contó cómo los brasileños aterrizaron en el negocio: “De la Ruta del Sol nos vinimos a enterar porque el proyecto fue mostrado en foros de gobierno e inversión en Brasil, Estados Unidos y Europa. En ese momento se decidió que se participaría porque era uno de los proyectos bandera de la infraestructura colombiana”.
Sobre la sociedad de Odebrecht con Corficolombiana, el testigo aseguró: “(Luiz Bueno, presidente de la multinacional en Colombia) me pregunta cuál es el mayor grupo financiero que nos puede apoyar en este proceso y con el que nos podemos asociar. Le dije que el Grupo Aval y el Grupo Bancolombia. Él tuvo contacto con el Grupo Aval y logró traerlos a la asociación”. A renglón seguido, explicó la adición del tramo Ocaña-Gamarra y la contratación del exsenador Otto Bula como lobista: “Odebrecht estaba interesada en que se diera la adición. Ante la necesidad de que se hicieran algunas gestiones, Odebrecht contrató al señor Otto Bula para que en un contrato de lobby se promoviera ante los órganos gubernamentales, los senadores y representantes el proyecto”.
El exrepresentante legal de Odebrecht indicó que se firmaron cuatro contratos de lobby con Bula que representaban el 1 % del valor de la adición, cerca de US$4 millones. Dinero que habría sido usado para facilitar la ruta de los sobornos a contratistas, políticos y senadores como Bernardo el Ñoño Elías. Bula en su momento declaró que esos contratos que firmó con la constructora eran ficticios y que, a través de ellos, se pagaron parte de las coimas en el proceso. Arocha añadió sobre las maniobras de Otto Bula: “Él nunca decía qué es lo que hacía o con quién se reunía, solo daba reporte de los avances en las gestiones”. El testigo también se refirió a los proyectos Tunjuelo-Canoas y al consorcio Navelena que buscaba recuperar la navegabilidad del río Magdalena.
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Sobre este último proyecto, que quedó en el limbo, Arocha resaltó que Corficolombiana fue la encargada de estructurar la propuesta financiera, pero que no participó como socia. Al final, reiteró el supuesto compromiso de la constructora con la justicia colombiana. “Odebrecht tuvo la iniciativa de buscar al fiscal general de la nación para ofrecer el principio de colaboración en el caso de US$4,6 millones y el de oportunidad en el caso de US$6,5 millones. También se ha colocado a disposición de la Fiscalía para cualquier otro tipo de investigación que esté realizando”, aseguró.
Alejandro Sánchez Vaca
El 11 de agosto de 2017, el vicepresidente de la banca de inversiones de Corficolombiana, Alejandro Sánchez Vaca, habló por 2 horas y 43 minutos. En su testimonio reconoció que estuvo en varias fases del proceso licitatorio de la Ruta del Sol II: dimensionando el proyecto en los prepliegos, buscando socios para presentar una propuesta y consiguiendo la financiación. Sáchez relató que Melo era una de las personas a las que primero le reportaban lo que sucedía en el proyecto: “Claramente le reportábamos al doctor Melo primeramente. Tenía información de primerísima mano y la retroalimentación era con él. A la junta fui pocas veces. El detalle de la información que conocía el presiente era mucho mayor que el de la junta”.
Sánchez señaló que el presidente de Corficolombiana era quien “retroalimentaba” los análisis del proyecto y dijo que desconocía si Mauricio Millán le había comentado irregularidades en los pagos de facturas a Melo. “El jefe de Mauricio Millán era Alberto Mariño, pero no sé si en el proceso hubo un cambio de organigrama. Él era gerente de Coviandes y tenía que rendirle cuentas a la junta de Coviandes, en donde había miembros de Corficolombiana, y a José Elías Melo”. También habló sobre María Victoria Guarín, estructuradora del negocio de la Ruta del Sol. “Ella era parte del equipo de la IFC. Trabajaba con Richard Cabello, de cara al gobierno no sé qué hacía. Estaba en todo el equipo de diseño de todo el contrato. A mitad de 2009 se supo que ella estaba en la planeación de la Ruta del Sol”, declaró Sánchez.
Sin embargo, pocos segundos después señaló que su esposo Diego Solano, directivo del Grupo Aval, no se había vinculado directamente al proyecto e hizo énfasis en que el proyecto con la IFC fue público, por lo que no hubo necesidad de que hubiera una “declaración de conflicto”. Al final, el testigo confirmó que se hizo una auditoría dentro del grupo luego de que capturaran a Marcelo Odebrecht, pero señaló que no participó en este proceso, por lo que no tenía más información.
*Con la colaboración del periodista Juan Sebastián Lombo.