Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
0:00
/
0:00
Esta semana, la Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP informó que investigará, de manera prioritaria, el macrocaso denominado “Muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por agentes del Estado”; o sea, los falsos positivos de los militares. La Sala partió de un documento oficial de la Fiscalía en que se acreditan 2.248 víctimas entre 1988 y 2014, donde dice que el 60 % de estos hechos ocurrieron entre 2006 y 2008. ¿Los análisis realizados por ustedes coinciden con estos resultados y períodos?
Efectivamente. Las organizaciones defensoras de derechos humanos y las víctimas de estos crímenes de lesa humanidad hemos denunciado, reiteradamente, la sistematicidad de esta práctica criminal en el Ejército. También hemos señalado que el aumento en el número de víctimas de ejecuciones extrajudiciales o falsos positivos coincide con la implementación de la política de seguridad democrática y, además, que Antioquia es el departamento que representa el 25 % de esta actividad ilegal. Toda esta información ha sido allegada a la JEP en diferentes informes de la Corporación Jurídica Libertad, conjuntamente con otras organizaciones defensoras de derechos humanos que documentan casos de esta naturaleza.
Sin embargo, la Sala afirma que, producto de su propia investigación y “de la rigurosa contrastación de distintos informes recibidos, concluye que “aproximadamente 6.402 personas fueron muertas ilegítimamente (la mayoría en el período comprendido entre 2002 y 2008, gobiernos Uribe)...”. ¿Ustedes se sorprendieron con este número de víctimas que triplica los hallazgos de la Fiscalía?
La cifra que publica la JEP ya había sido mencionada en cuantificaciones realizadas por las organizaciones de derechos humanos. Lo que sucede es que las demás autoridades habían hecho caso omiso de estos hallazgos. Lamentablemente, la Fiscalía ha sido un ente selectivo al que no le interesó esclarecer estos crímenes, salvo por la tarea de algunos fiscales. Se limitó a perseguir a unos pocos soldados y no escaló, de manera significativa, los procesos, para establecer la responsabilidad de los comandantes militares. Otros organismos como la Procuraduría General también decidieron archivar la gran mayoría de casos, evitando investigar y sancionar a los responsables. Y ni qué hablar de los juzgados penales militares, que se dedicaron a esconder la información y proteger la responsabilidad de los uniformados.
Precisamente, la Sala de Reconocimiento de Verdad ha dicho que su método investigativo consistirá en ir “de abajo hacia arriba” en la determinación de las responsabilidades individuales para llegar a los máximos responsables tanto en el ámbito regional como en el nacional. Al parecer, no le gusta esta estrategia que, en todo caso, es común en varios sistemas de justicia...
Llamamos a la JEP a que asuma su carácter especial y aplique un enfoque y línea investigativa diferentes a los de la justicia ordinaria. Durante las décadas en las que la Fiscalía ha conocido estos casos, ha aplicado la estrategia de establecer la línea de abajo para escalar y llegar a los niveles altos; sin embargo, este método llevó a que el ente investigador se constituyera en un mecanismo de impunidad, toda vez que la persecución penal se quedó en la base de los soldados que recibían las órdenes y no determinó la responsabilidad de los comandantes que daban las órdenes criminales. En un escenario de justicia transicional, absolutamente todos los comparecientes deben asumir sus obligaciones de aportar verdad plena sin importar su nivel en la jerarquía para que, en consecuencia, se establezca la responsabilidad de toda la estructura. En caso de no hacerse de esta manera, se repetirá el ciclo de revictimización y la JEP se convertirá en otro mecanismo de impunidad.
Un proceso judicial que implica la unificación de centenares de crímenes atroces en un solo macrocaso puede conducir a la vulneración de derechos de las víctimas; por ejemplo, debido a que se privilegie la investigación de unas ejecuciones extrajudiciales sobre otras o a que no se individualicen las culpas ni las penas aplicables a todos los victimarios. Usted representa a las víctimas, ¿Qué piensa sobre este punto tan sensible?
La priorización y selección de casos, al ritmo que lleva la JEP, implica que la gran mayoría de casos no sea abordado y que, posteriormente, pueda renunciarse a la persecución penal frente a los mismos. Es una preocupación que cada vez se afianza más debido a las posturas de los militares en sus versiones voluntarias, puesto que muchos de ellos no aportan verdad, defraudan a la justicia y guardan silencio en situaciones que los implican. En la medida en que la JEP tolere esos comportamientos y no abra incidentes de seguimiento a estos agentes estatales, según el régimen de condicionalidad, la verdad será sesgada, parcial y no plena, como lo ordena el espíritu del Sistema de Justicia Transicional. Las víctimas tienen muchas expectativas a partir de comunicados como el del esta semana, pero también se inquietan por los problemas que ha experimentado el Sistema.
Precisamente para salvaguardar los derechos de las víctimas, la Sala ha dicho que agrupó y separó el macrocaso sobre ejecuciones extrajudiciales en seis subcasos, dependiendo de factores geográficos (por departamentos), temporales y otras características. Examinada esta metodología ¿ellas y ustedes, sus abogados, están más tranquilos?
Como dije antes, tenemos algunas objeciones debido a que es la misma línea y dinámica de investigación que venía adelantando la Fiscalía, que ha concluido en ocultamientos. En el marco del llamamiento a versión voluntaria a Mario Montoya Uribe, le advertimos a la Sala esta inconformidad cuando se evidenció que se repetía la misma metodología que impartió la Fiscalía Tercera Delegada ante la Corte Suprema de Justicia. La JEP debe asumir su compromiso con las víctimas de esclarecer estos crímenes de lesa humanidad, las circunstancias en que ocurrieron, las responsabilidades y los patrones que rodearon esa práctica criminal que se estableció como política de las Fuerzas Militares.
Concentrándonos en la información sobre Antioquia, el auto de la Sala de Reconocimiento de Verdad incluye unas estadísticas según las cuales este departamento fue, de lejos, el de mayor número de víctimas de falsos positivos en el período 2002-2008 en todo el país: casi 37 % por encima del segundo departamento, el 25 % del total nacional, y el año 2007 como el peor. ¿Cómo explican ustedes estos hallazgos?
A partir del año 2002, el Ejército Nacional incrementó la ejecución de un conjunto de operaciones militares de naturaleza ofensiva que implicó una inversión económica dirigida al robustecimiento del cuerpo marcial mediante el aumento del número de sus combatientes. Este despliegue militar obedecía al cumplimiento de las políticas del Plan Colombia. Antioquia fue uno de los departamentos que contó con mayor inyección de capital. En agosto de 2002, llegaron 5.172 uniformados a fortalecer las unidades adscritas a las brigadas que tenían presencia en este territorio. Consecuente con las políticas del Ejército, la IV Brigada, con doce mil militares y competencia territorial para el período en análisis, de 127 municipios de Antioquia y Chocó, procuró otorgarle apariencia de legalidad al trabajo militar mediante la imagen de un supuesto fortalecimiento de la Inteligencia basada en la creación y consolidación de redes de informantes, cooperantes y guías civiles.
Entonces, ¿qué sucedió? Se ha dicho en estos días, y usted mismo lo ha mencionado, que la política de seguridad democrática del gobierno Uribe, que se inició en 2002, tuvo relación con el incremento y la generalización de este fenómeno criminal. ¿Cómo sostiene esta tesis?
El hecho es que la implementación de la política de seguridad democrática representó un punto ascendente en las cifras de víctimas de ejecuciones extrajudiciales, llevando consigo una constante hacia arriba en las estadísticas, a partir de esa temporalidad. Desde el año 2002, el índice de ejecuciones extrajudiciales aumentó en un 138 % en relación con el año inmediatamente anterior, siendo Antioquia el departamento con mayor porcentaje de casos, con el 26,15 % de las ejecuciones cometidas por el Ejército en todo el territorio nacional.
Justamente, el informe de la JEP indica que los dos municipios con mayor número de víctimas de falsos positivos fueron Medellín y Granada en ese período. ¿Ese nefasto resultado se explica por ser la capital antioqueña la sede de la IV Brigada que, a su vez, fue la unidad que más ejecuciones extrajudiciales cometió?
Por supuesto. En lo que respecta al oriente antioqueño, en todas las unidades militares adscritas a la IV Brigada: seis batallones y el Gaula Oriente, se reportó la comisión de ejecuciones extrajudiciales entre los años 2002 y 2010. Con la implementación de la política de seguridad democrática en el año 2002, luego de la posesión de Álvaro Uribe Vélez, la IV Brigada inició una fuerte ofensiva militar en esa zona con el fin de recuperar el control. Esas operaciones han sido controvertidas de cara a la desproporcionalidad en el uso de la fuerza, la realización de ataques indiscriminados contra la población civil, la comisión de ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas y la poca efectividad en su intento por desarticular los frentes guerrilleros. Por ejemplo, para tal subregión en el marco de la Operación Marcial Norte se reportaron cinco casos con diez víctimas; en la Operación Espartaco, 56 casos con 82 víctimas, y en la Operación Soberanía, un caso con una víctima.
Según el informe de la Sala de Reconocimiento de Verdad, la VI Brigada es la responsable del 73 % de las muertes de civiles entre los años 2000 y 2013. Coinciden estas fechas con parte del período del general Mario Montoya como su comandante. ¿Qué opinan las víctimas y ustedes sobre la comparecencia de este alto oficial ante la JEP?
Tanto la Corporación Jurídica Libertad como otras organizaciones defensoras de derechos humanos y víctimas de ejecuciones extrajudiciales presentamos solicitudes verbales y escritas en las que se le pedía a la Sala que se le hiciera a Montoya la apertura del incidente de seguimiento al régimen de condicionalidad; es decir, a sus obligaciones como compareciente, toda vez que las víctimas y sus representantes intervinientes en la diligencia de su versión voluntaria presenciamos conductas incongruentes con el Sistema de Justicia Transicional por parte del compareciente al negarse a aportar al esclarecimiento de los hechos y guardar silencio frente a los interrogantes planteados por la magistratura. Las manifestaciones del compareciente en el sentido de apelar a su derecho a guardar silencio son incompatibles con sus obligaciones a partir de la firma de su acta de sometimiento. Insistimos en que la Sala de Reconocimiento de Verdad proceda con lo dispuesto en la sentencia de interpretación 01 y abra el incidente de seguimiento, que deberá incluir el anexo con toda la información probatoria que repose en la Sala sobre la participación de Mario Montoya Uribe en la comisión de crímenes considerados como de lesa humanidad.
La presentación de los demás subcasos en otros departamentos y regiones muestra formas de criminalidad militar similares que parecen concluir en un patrón común. ¿Se puede decir, entonces, que se trató de una “política de Estado” o de una estrategia militar que se sostuvo con el apoyo de una corriente civil aunque los gobiernos lo hayan negado?
Es innegable que se trataba de crímenes de lesa humanidad con un carácter sistemático y generalizado, que se caracterizan por su constante comisión y el despliegue de maniobras llevadas a cabo para darle apariencia de legalidad; la política de seguridad democrática, la Directiva 025 de 2005 emitida por el Ministerio de Defensa y la contribución de algunos jueces penales militares en la protección de los militares implicados en estos crímenes permitieron que se cometieran, según la cifra de la JEP, 6.402 ejecuciones extrajudiciales en siete años, lo que se traduce en tres falsos positivos diarios. Por tanto, se puede concluir que, efectivamente, se trataba de una política del Ejército Nacional. La Corporación Jurídica Libertad ha documentado casos de batallones que, en un año, se dedicaron única y exclusivamente a presentar ejecuciones extrajudiciales, al punto de presentar 97 víctimas de estos crímenes en un año; es decir, que la cifra que hoy presenta la JEP, indiscutiblemente, será superada.
Después de que la CJL ha estudiado, analizado, investigado y representado a grupos de víctimas de falsos positivos, ¿es usted optimista sobre los resultados o, como muchos, no cree que pueda llegarse a una meta satisfactoria?
Es complejo llegar a una meta satisfactoria cuando se continúa la misma línea de investigación que la justicia ordinaria; cuando se ha intentado deslegitimar este sistema por parte de un sector al que no le interesa esclarecer las graves violaciones a los derechos humanos o cuando el Estado colombiano no tiene la voluntad política de cumplir con lo pactado en el Acuerdo de Paz; sin embargo, continuaremos en este escenario de justicia con el fin de exigir el respeto y las garantías de los derechos de las víctimas de crímenes de Estado.
Ocultamiento de responsabilidad de los altos mandos
La estrategia de descubrir la responsabilidad sobre los “falsos positivos” podría fallar si resulta cierto, como ha denunciado la JEP, que hay un plan de ocultamiento desarrollado por un grupo de abogados que estarían obligando a los uniformados de más bajo rango a admitir sus culpas sin conectarlas con órdenes superiores ¿Qué saben ustedes?
Hemos presenciado algunas versiones voluntarias en que unos militares han advertido sobre una estrategia del Fondo de Defensa de los miembros de la Fuerza Pública (Fondetec) para ocultar información que implique a altos mandos militares. El pretexto que tendrían los abogados es el de adelantar jornadas de preparación de los comparecientes ante el mecanismo de justicia transicional. Ahí aprovecharían para indicarles qué decir y qué no a los militares de bajos rangos cuando estos declaren. La táctica de proteger a los comandantes se había evidenciado, ya, en las versiones voluntarias de los agentes estatales y es la misma que utilizó la Defensoría Militar, Demil, ante la justicia ordinaria. Por tanto, no es nueva para nosotros.
“Estrategia de control territorial”
Los documentos con que cuenta la Corporación sobre “falsos positivos” durante el periodo 2002 y siguiente, en Medellín, ¿qué indican?
Entre 2002 y 2003, en Medellín y su área metropolitana fue desplegada una diversidad de operativos militares tanto sobre la ciudad como sobre el Valle de Aburrá de tipo ofensivo, registro, destrucción, consolidación y ubicación que tenía como objetivo la retoma del control territorial a través de una estrategia de cooptación ideológica de los ciudadanos. En el Decreto 1837 se estableció el uso de redes de informantes, el sistema de pago de recompensas y modalidades de selección de las víctimas e inclusión de la población civil en el conflicto. En este contexto, se hizo uso de “particulares” encapuchados que actuaron como guías para señalar lugares y personas. Así se desarrollaron allanamientos en gran escala, capturas masivas, privaciones arbitrarias de la libertad, asesinatos, desplazamientos forzados y tortura, entre otros delitos. Posteriormente vino una etapa de consolidación en que las Fuerzas Militares llevaron a cabo ejecuciones extrajudiciales en acciones articuladas con grupos paramilitares y con dineros oficiales cuya destinación era el pago de informantes y cooperantes que engañaban a las víctimas para llevarlas a donde se les causaría la muerte.