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La situación del gobernador de Córdoba, Edwin Besaile, podría complicarse: la Fiscalía acaba de firmar un principio de oportunidad con un segundo testigo clave que ofreció información privilegiada sobre la trama de corrupción que sacudió al departamento cordobés. Se trata del abogado Leonardo Pinilla, quien se comprometió a servir como testigo de cargo contra Besaile y 12 personas más. La condición que impuso la Fiscalía para que este acuerdo prospere es que la eficacia de su testimonio sea “irrefutable”. Si lo logra, le pondrán punto final a la investigación en su contra por el cartel de la hemofilia.
El fiscal general, Néstor Humberto Martínez, estampó su firma en el principio de oportunidad con Pinilla el pasado 18 de enero. La resolución 00064 de 2018, que contiene 10 páginas y fue conocida por El Espectador, indica que Pinilla entregó el pasado 1º de diciembre una “matriz de colaboración” en la cual relacionó información de presuntos actos delictivos relacionados con el denominado cartel de la hemofilia. La razón por la cual Pinilla pudo negociar así con la Fiscalía es porque él aceptó que, en su calidad de abogado, ofreció y entregó dineros y dádivas a un fiscal para que las indagaciones no prosperaran.
(En contexo: ¿Quién es Leonardo Pinilla? El abogado que será extraditado a Estados Unidos)
Ese fiscal es, al parecer, Daniel Díaz Torres, quien llegó a convertirse en uno de los hombres de confianza de Luis Gustavo Moreno mientras este dirigió la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía, entre octubre de 2016 y junio de 2017 —nombrado por el fiscal general Martínez—, hasta cuando fue capturado. En el momento de su arresto, la conexión entre Moreno y Leonardo Pinilla se supo de inmediato: Pinilla era su “socio” en la “empresa” de pedirle un soborno al exgobernador de Córdoba y antecesor de Edwin Besaile, Alejandro Lyons. Él, de hecho, es el primer testigo clave contra Besaile.
El cartel de la hemofilia es el nombre que recibió la red de corrupción que tejieron en Córdoba funcionarios y particulares para robar dineros públicos disfrazados de pagos por pacientes que sufrían de esa enfermedad, pero que en realidad no existían. El pasado lunes se realizó la imputación contra Edwin Besaile por esto mismo, pues la Fiscalía cree que llegó a acuerdos con Lyons y otras personas desde antes de llegar a la Gobernación para que el cartel continuara. Besaile lo ha negado. Por ausencia de su abogado, la imputación fue aplazada y se realizará el 6 de febrero.
Además de Besaile, Leonardo Pinilla testificará contra Daniel Díaz Torres, quien fue detenido el año pasado porque presuntamente aceptó las ofertas de Pinilla y desvió las investigaciones del cartel de la hemofilia. Uno de los beneficiarios de ese “negocio” habría sido José Jaime Pareja, exsecretario de Salud de la gobernación Besaile, de quien Pinilla fue abogado y quien habría conocido en detalle las movidas del cartel de la hemofilia. Tanto Díaz como Pareja están siendo investigados por concierto para delinquir y cohecho (soborno), pero ninguno de los dos aceptó cargos durante la audiencia de imputación, que se realizó en octubre pasado.
Pinilla también hablará como testigo de cargo contra Neida Plazas Arenas, exnovia del fiscal Díaz Torres, quien se habría beneficiado de los ofrecimientos de Pinilla. Hasta ahí va la lista de nombres que ya eran conocidos por sus posibles nexos con Pinilla. Entre los nombres que no han salido todavía a la superficie aparece el de Roberto Tirado, hombre de confianza de Edwin Besaile y nombrado por él secretario general de Córdoba. En Córdoba, ha señalado La Silla Vacía, no se toma una decisión sin su aval. Figura, asimismo, Samy Spath, el hombre que, dijo Semana, movía las tulas con dinero para pagar sobornos por instrucción de Alejandro Lyons.
En el listado figuran igualmente Daniel y Cristóbal Cabrales. El primero es el senador del Centro Democrático que culpó a las Farc de haber provocado la avalancha que se tragó a Mocoa el año pasado y luego se retractó. El segundo fue uno de los escuderos de la administración Lyons, y su esposa, Carolina Náder, trabajó allí. Pinilla hablará contra ella también. Otra en el listado de Pinilla es Sara Piedrahíta Lyons, quien pasó de ser señorita Córdoba con 19 años a ser representante a la Cámara con 25 años. Llegó al Congreso en 2014 con más de 100.000 votos y con el respaldo del Partido de la U y de su primo, Alejandro Lyons.
(Lea también: En libertad fiscal del 'cartel de la hemofilia')
Los últimos tres nombres que están en la matriz de colaboración de Leonardo Pinilla son Yolima Rangel, Ana Lucía Madrid y Jorge Saker. Rangel era la representante legal de la IPS Crecer y Sonreír y su participación no tendría que ver exactamente con el cartel de la hemofilia sino con los pagos irregulares registrados con supuestos pacientes fantasmas de síndrome de Down. Rangel, dicen en la Costa, es cercana a Edwin Besaile y lo acompañó en su carrera por la Gobernación. De Madrid y Saker no existe por ahora mucha información disponible, pero quedan en el radar.
Si la información que entregue Pinilla sirve para procesar a estas 13 personas, la Fiscalía cerrará la investigación que abrió en su contra por concierto para delinquir y cohecho, en relación con el cartel de la hemofilia. En este principio de oportunidad no entraron los delitos que habría cometido con el llamado cartel de la toga, y su extradición a Estados Unidos, con luz verde del Gobierno colombiano desde el pasado 22 de diciembre, sigue en pie. Pinilla se comprometió a entregar los bienes adquiridos con dinero derivado de la red de sobornos. Sólo falta la audiencia en la que un juez declare legal, o no, este pacto de colaboración, para que sea real.