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La decisión de pedirle a la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes que investigue a José Leonidas Bustos y Francisco Ricaurte, dos expresidentes de la Corte Suprema de Justicia, fue un asunto que trabajaron de la mano Fiscalía y ese alto tribunal. El caso que hoy tiene en el ojo del huracán a esos dos exmagistrados, y a dos congresistas y un exsenador, arrancó con la captura de Gustavo Moreno, exjefe Anticorrupción de la Fiscalía, el pasado 27 de junio. La detención se dio luego de que la DEA le informara al ente investigador que tenía grabaciones de Moreno y de otro abogado, Leonardo Pinilla, pidiéndole dinero al exgobernador de Córdoba Alejandro Lyons, a cambio de entorpecer los procesos que cursaban contra él en el organismo investigativo. (El maletín del exfiscal Gustavo Moreno)
En menos de dos semanas, ese tema ya era de conocimiento de la Corte Suprema, pues había indicios serios de que la red de corrupción que al parecer tejieron Moreno y Pinilla había permeado también el órgano de cierre de la justicia. El coordinador de fiscales delegados ante el alto tribunal, Fabio Espitia, fue a la Corte a reunirse con algunos de los magistrados de la Sala Penal para contarles lo que, este martes 15 de agosto, hizo público el fiscal general, Néstor Humberto Martínez: que en las interceptaciones de mensajes y llamadas a Pinilla —principalmente— se habían detectado los nombres de los exmagistrados Bustos y Ricaurte, dos hombres cuyo poder en la Rama Judicial estaba más que claro. (Así pontificaba sobre la justicia el exfiscal anticorrupción Gustavo Moreno)
Para políticos, juristas y analistas consultados por este diario, la reelección de Álvaro Uribe en 2006 fue la pieza determinante para un cambio radical en la Corte Suprema de Justicia que muchos consideran como el declive del alto tribunal. Que un presidente pudiera estar en el poder ocho años y no cuatro, explican abogados expertos en reformas constitucionales, permitió que sus intereses llegaran hasta los magistrados de las altas cortes, en donde, precisamente, sus períodos son de ocho años. “Se fracturó la Constitución y las instituciones. Empezaron a llegar magistrados que no tenían el conocimiento para desempeñar esos cargos, y resultaron siendo expertos en política”, resaltó un experto que ha seguido muy de cerca el cambio de la Corte y que prefiere reservar su nombre. (¿Quiénes son los congresistas que investigarán a los magistrados por escándalo de corrupción?)
El cambio en la carta política, más la salida de funcionarios que habían sido claves en las investigaciones por parapolítica, como el magistrado auxiliar Iván Velásquez, abrió las puertas para que abogados como Bustos y Ricaurte se consolidaran como los más fuertes de la Corte desde las salas Penal y Laboral, respectivamente. “Gracias a sus capacidades para hacer política, ambos idearon un modelo para controlar todos los nombramientos de cargos públicos para responder favores políticos y consolidar su poderío dentro del alto tribunal”, agregó el experto, quien recuerda que esta entidad es la encargada de elegir al fiscal general, a sus propios miembros y a magistrados del Consejo Superior de la Judicatura. Se encarga, además, de presentar ternas para la Corte Constitucional y candidatos para la Procuraduría y la Contraloría. (Investigación contra Gustavo Moreno por corrupción aterrizó en la Corte Suprema)
Uno de los abogados que presentó la demanda con base en la cual el Consejo de Estado destituyó a Ricaurte del Consejo Superior de la Judicatura en 2014, le explicó a El Espectador que mientras se esperaba que los magistrados que reemplazaron a los grandes investigadores de la parapolítica, que lograron abrir más de 60 expedientes contra congresistas, siguieran los mismos pasos, el proceso se congeló. “En lugar de seguir demostrando la independencia de los anteriores, terminaron haciendo política en sus decisiones. Se volvieron los electores de la Corte y cualquier aspirante a los cargos que pasaban por el tribunal, sabía que debía acercarse a Bustos o a Ricaurte”. (Magistrado Luis A. Hernández investigará a congresistas por presunta red de corrupción)
"Eran jefes de debate de los candidatos”, señala uno de esos aspirantes que quería llegar a un cargo en una alta corte, pero al darse cuenta de que tenía que asistir a desayunos y comidas con los magistrados para ganar votos, retiró su candidatura. “Ellos, además, terminaban influyendo en el nombramiento de jueces de tribunales. Estaban metidos en todas las grandes elecciones y su poder para escoger a los ganadores, terminó siendo casi absoluto. Escuchaba todo el tiempo que decían: ‘Si quiero llegar a la Corte o la Judicatura, tengo que hablar con Ricaurte o con Bustos’”, agregó el abogado. (Exmagistrado implicado en escándalo de corrupción aspira a la JEP)
Este delicado asunto que involucra a los exmagistrados Bustos y Ricaurte salió a flote por las conversaciones entre el exgobernador Lyons, Moreno y Pinilla. Sobre Lyons, precisamente, la Fiscalía anunció este miércoles un acercamiento entre las partes para que el exmandatario colabore con la justicia. La vicefiscal María Paulina Riveros aseguró que aún no se ha definido bajo qué procedimientos. Lo que sí es claro es que Lyons deberá devolver dineros con fines de reparación, cumplir prisión en el país y servir de testigo en los procesos contra las personas “relacionados con el caso de la Corte Suprema”.
Los exmagistrados quedarán en manos de la Comisión de Acusación, conocida tradicionalmente por hacer poco o nada en las investigaciones contra sus aforados. Sin embargo, ese organismo ya tiene un caso clave que podría servir como referente a esta investigación: en agosto del año pasado, la Comisión suspendió al exmagistrado de la Corte Constitucional Jorge Pretelt y lo acusó ante la Corte Suprema de Justicia por el delito de concusión, por supuestamente haber pedido $500 millones para el trámite de una tutela de Fidupetrol. El ministro de Justicia, Enrique Gil Botero, se pronunció en medio de este escándalo y les pidió a las autoridades, en este caso, la Comisión de Acusación, que llegue hasta las últimas consecuencias “frente a las situaciones de corrupción que ya hizo metástasis en Colombia”.