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La Fiscalía citó a indagatoria al excongresista Alberto Santofimio y al exrepresentante a la cámara, Jairo Ortega por el caso del magnicidio del ministro de justicia, Rodrigo Lara Bonilla en 1984. Las diligencias se llevarán a cabo los días 27 y 28 de agosto.
Este magnicidio fue declarado crimen de lesa humanidad en septiembre de 2012, cuando el exvicefiscal, Jorge Fernando Perdomo manifestó que este asesinato tenía todas las características para ser enmarcado como un crimen de lesa humanidad, indicando que se trató de un ataque sistemático perpetrado por el Cartel de Medellín en contra de un grupo de personas.
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En la decisión tomada por el Fiscal Octavo de Derechos Humanos se expresa que no hay hechos totalmente esclarecidos dentro de esta investigación, considerando que si bien ya fueron condenados dos sicarios del Cartel de Medellín se trata de determinar la participación de otras personas en el crimen que no hacían parte de este grupo narcotraficante.
Durante los pocos meses que estuvo al frente del Ministerio de Justicia, Lara Bonilla se dedicó a investigar los tentáculos del narcotráfico en la política colombiana y, al conocerse los antecedentes de Pablo Escobar, el capo tuvo que refugiarse en la clandestinidad. Fue en este empeño donde encontró sus primeros tres aliados incondicionales: en la justicia, el juez Gustavo Zuluaga Serna; en la policía, el comandante antinarcóticos, coronel Jaime Ramírez Gómez. En el periodismo, Guillermo Cano. Fueron ellos los precursores de una guerra desigual contra las mafias de la droga.
El lunes 30 de abril de 1984, cuando le quedaban pocos días en el ministerio, Lara Bonilla fue asesinado por un sicario a sueldo que le disparó con una ametralladora. Lara Bonilla había salido de su despacho en un vehículo a las 7 de la noche y a la altura de un barrio del norte de la capital un individuo le disparó desde una motocicleta manejada por otro y lo hirió mortalmente.
(En contexto: Asesinato de Rodrigo Lara Bonilla es de lesa humanidad: Fiscalía)
Además del estupor nacional, causó conmoción reconocer que entre los dos sicarios que perpetraron el crimen, el único que sobrevivió era un menor de 16 años. El sicario abatido, Iván Guisao Álvarez, tenía un tenebroso prontuario. Su acompañante, Byron de Jesús Velásquez, era un menor de edad.
“Si es que aún hay vergüenza en Colombia, todos a una deberíamos sentirnos responsables en alguna medida de la muerte del noble y valiente político huilense, y hacernos ante su tumba recién abierta, el propósito indeclinable de decirle al mafia y al crimen organizado: ¡ni un paso más!”, escribió Guillermo Cano en su Libreta de Apuntes para rechazar el magnicidio del ministro Rodrigo Lara. Su familia recuerda que ese día, visiblemente afectado, comentó varias veces que ya no veía realmente hacia donde iba Colombia.
Ahora, 34 años después de su asesinato, la Fiscalía indagará la participación que habría tenido el excongresista Alberto Santofimio Botero y el exrepresentante a la cámara Jairo Ortega en este magnicidio. Santofimio está condenado por su participación en el asesinato del precandidato presidencial Luis Carlos Galán, el cual se ejecutó el 18 de agosto de 1989 en Soacha (Cundinamarca), siendo hasta ahora el político de más alto nivel condenado por este crimen.
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El excongresista, quien estuvo en la cárcel 12 años por este crimen, obtuvo casa por cárcel en mayo del año pasado tras una solicitud hecha ante un juzgado de ejecución de penas de Bogotá. El excongresista argumentó en tal petición que ya había pagado la mayor parte de su pena, establecida por la Corte Suprema en 24 años de prisión, y que además había trabajado en la cárcel para lograr una reducción de la sentencia.