Un proyecto de ley que fue aprobado por el Congreso a mediados del año pasado busca que se cree una política pública para la infertilidad y que el Ministerio de Salud reglamente el acceso a tratamientos y terapias de reproducción asistida, con recursos públicos. No obstante, en julio del año pasado, el Gobierno lo objetó por el alto costo fiscal que representaría para las finanzas del Estado. El proyecto volvió al Congreso, que en abril de este año rechazó las objeciones presidenciales. En mayo, la iniciativa llegó a la Corte Constitucional, y ahora ese tribunal definirá si cobra vida.
Un elemento clave de la iniciativa es que considera la infertilidad como una “enfermedad del sistema reproductivo que impide lograr un embarazo clínico después de doce meses o más de relaciones sexuales no protegidas”. Se propone que en un plazo máximo de seis meses luego de que la ley entre en vigencia se establezca la política pública de infertilidad para “garantizar el pleno ejercicio de las garantías sexuales y reproductivas y su protección a través del sistema de seguridad social”, con un enfoque preventivo e investigativo, que genere esquemas de atención, diagnóstico y tratamiento oportunos.
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Incluso busca que haya facilidades legales que les permitan adoptar a las personas diagnosticadas como infértiles. La iniciativa enfatiza que será el Ministerio de Salud el que reglamente el acceso a los tratamientos con recursos públicos, teniendo en cuenta requisitos como la edad, la condición de la pareja infértil, la capacidad económica o nivel de Sisbén, entre otros. La representante a la Cámara del Atlántico por el Partido de la U Martha Villalba, autora del proyecto, asegura que las personas infértiles adelantan una lucha silenciosa ante el Estado.
“Se dejan a potestad del Ejecutivo los lineamientos y requisitos para el desarrollo del acceso a dichos tratamientos, ya que, a pesar de ser razonable tal exclusión del plan de beneficios, hacerlo en todos los casos puede conducir a la vulneración de ciertos derechos fundamentales”, le dijo Villalba a El Espectador. “De ser sancionado este proyecto se les estaría brindando a muchas de estas parejas la oportunidad de acceder a estos tratamientos que no están a su alcance por los altos costos”, agregó.
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De fondo, el proyecto tiene como base varios pronunciamientos que la Corte Constitucional ha hecho para buscar la ampliación progresiva del plan de beneficios. Por ejemplo, en la sentencia T-274 de 2015 le ordenó al Ministerio que, con la elaboración previa de un estudio de impacto fiscal, se incluyeran estos tratamientos en el plan de beneficios y se hiciera una discusión pública sobre la situación que “tienen que enfrentar las personas que padecen de infertilidad y no cuentan con recursos económicos”.
Para el Gobierno, esta iniciativa es a todas luces inconveniente. Por un lado sostiene que va en contra de la Ley Estatutaria de Salud, la 1751 de 2015, la cual dice que para definir qué puede entrar al plan de beneficios se debe aplicar un mecanismo técnico-científico, público, colectivo, participativo y transparente que debía definirse a través de una ley. En su criterio, de esta manera se afecta la “disponibilidad de los recursos limitados para cuestiones que la población puede considerar más prioritarias”.
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Como se deberían financiar servicios de salud a unas 235.900 parejas, el Gobierno considera que se estaría poniendo en riesgo la salud de cerca de unos cuatro millones de afiliados al sistema de seguridad social. Esa cifra salió de un estudio que realizó el Instituto de Evaluación Tecnológica en Salud en 2015 en hogares y familias conformadas por parejas de estrato bajo-bajo y estrato 1, el cual concluyó que las parejas infértiles en el país podrían superar la cifra de 307.000.
“Los tratamientos de infertilidad (inseminación artificial intrauterina y fecundación in vitro) para toda la población que se estima lo requiere, pueden llegar a costar cerca de $13 billones, para lo cual el proyecto no dispuso una fuente adicional de recursos. Esto se traduce en un riesgo para la atención de los servicios de salud a los que accede toda la población, y que tienen un costo cercano a los $40 billones al año, pues cerca del 32,5 % de estos recursos tendrían que destinarse, según el número estimado de parejas potencialmente concernidas, a atender el costo asociado a los tratamientos de infertilidad”, señaló el Gobierno.
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En las objeciones presidenciales, compartidas con los ministerios de Hacienda y de Salud, se agrega que el criterio de sostenibilidad fiscal en este caso tiene especial relevancia porque los recursos que financian el sistema de salud son limitados. “El Gobierno no encuentra justificación para destinar y priorizar cuantiosos recursos para financiar tratamientos de infertilidad, sin el respaldo de criterios de orden técnico y científico”, insistió Presidencia, agregando que, tan sólo para las parejas infértiles del estrato 1, los tratamientos implicarían un costo cercano a los $3 billones.
Lo mismo piensa el presidente de la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (Acemi), Jaime Arias. “El costo sería terrible. La infertilidad es una condición bastante frecuente. La consideración es de carácter fiscal, no hay con qué pagar eso, pero en el momento en que haya con qué pagarlo, posiblemente entraría al plan básico de salud”, dijo. El caso está en manos de la magistrada Cristina Pardo, de línea conservadora, y ya tiene concepto de la Procuraduría, la cual le pidió a la Corte Constitucional que desestime las objeciones del Gobierno y le dé el visto bueno.
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En el documento del organismo disciplinario, conocido por El Espectador, se asegura que no es cierto que el proyecto de ley incluya los tratamientos de manera directa, como una prestación, sino que sólo busca señalar lineamientos para la prevención de la infertilidad. “No se encuentran disposiciones específicas que definan a priori la autorización de prestaciones ni la destinación de recursos para ello, sino que se incluyen definiciones, criterios y acciones generales”, se lee en el reporte de la Procuraduría.
Para el Ministerio Público, realmente no se está afectando el plan de beneficios de salud porque el Gobierno sería el que cree los requisitos y mecanismos para acceder a los tratamientos y definir en qué casos estarían excluidos. “En la medida en que el objeto del proyecto de ley es limitado y no incorpora de manera directa prestaciones que generen una carga presupuestal específica, ni aumenta los costos con nuevos beneficios, no se vulnera la estabilidad financiera ni se incumple el requisito de contar con el concepto de impacto fiscal”.