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Esta semana la Procuraduría le estaba metiendo el acelerador a terminar un informe que será la pieza clave para llamar a juicio disciplinario a quienes serían los posibles responsables de las 24 muertes que dejó un motín en la cárcel La Modelo de Bogotá en marzo de este año. Pero la ONG Human Rights Watch se les adelantó con una fuerte denuncia: según expertos forenses independientes que analizaron las autopsias de estas dos docenas de personas, por lo menos 14 de las muertes pueden ser catalogadas como homicidios intencionales. El Espectador tuvo acceso a los reportes de Medicina Legal y a nuevos detalles de las investigaciones que llevan la Fiscalía y el Ministerio Público.
(En contexto: “Muertes de detenidos en La Modelo habrían sido intencionales”, Human Rights Watch)
En hechos que están por esclarecerse, pero que no tienen precedentes en el país, el 21 de marzo pasado, cuando Colombia iniciaba una cuarentena estricta por el COVID-19, en varias cárceles del país los reclusos comenzaron a protestar. En medio de un hacinamiento que superaba el 50 % y una crisis constante de derechos humanos, los internos golpeaban las rejas de sus celdas, gritaban arengas y encendían sus colchones. En La Modelo, la segunda cárcel más grande de Bogotá, la situación se salió de control: videos muestran a los reclusos con armas de dotación del Instituto Penitenciario (Inpec) y solo hasta las tres de la madrugada se restableció el orden con un saldo en ese momento de 23 muertos y 90 heridos.
Como contó El Espectador en ese momento, uno de los reclusos heridos murió después en el centro médico en el que estaba siendo atendido, con lo cual la cifra de fallecidos ascendió a 24. La ministra de Justicia de entonces, Margarita Cabello —hoy procuradora electa—, dijo muy temprano el 22 de marzo que todo se trató de un “plan criminal de fuga”, mientras la Fiscalía hacía los levantamientos de los cuerpos y tomaba las primeras declaraciones. En la entrada de la cárcel, familiares de algunos de los más de 4.900 reclusos se agolpaban pidiendo información justo cuando la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, impuso un simulacro de confinamiento y el nuevo coronavirus empezaba a cobrar sus primeros muertos en el país.
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La Procuraduría asumió la investigación disciplinaria, pero, cuando llegaron sus investigadores, la Fiscalía ya había levantado los cuerpos y el piso del penal ya había sido lavado, según contaron fuentes cercanas al proceso. Semanas después, el fiscal general, Francisco Barbosa, dijo: “Se ha conocido que detrás de estos hechos (los desórdenes en las cárceles) se encuentran relacionados cabecillas de los grupos armados del Eln y disidentes de las Farc”. Y señaló directamente al disidente de las Farc Henry Castellanos Garzón, alias Romaña, quien forma parte del grupo La Segunda Marquetalia, junto a Iván Márquez, Jesús Santrich y otros exjefes de las Farc.
No obstante, El Espectador supo que las pesquisas que ha adelantado hasta ahora la Procuraduría podrían desvirtuar totalmente la supuesta intervención de guerrillas o disidencias. Para este caso, la Dirección de Derechos Humanos de la Fiscalía dispuso de un equipo de dos fiscales y dos investigadores, quienes han recopilado los testimonios de todos los heridos, analizaron todos los videos de las cámaras de seguridad del penal y se supo que se encuentran en una etapa muy sensible del caso, a punto de tomar decisiones de fondo. Este diario envió varias preguntas al ente investigador, pero este señaló que no se puede referir por ahora al proceso.
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¿Qué señalan las necropsias?
El Espectador revisó las 24 necropsias, en las que se cataloga a 19 de las muertes como “violenta-homicidio” y a las otras cinco como violentas “en contexto por determinar”. Solo en tres de ellas se destacó que se trató de muertes bajo custodia estatal, un elemento grave, pues los expertos del International Rehabilitation Council for Torture Victims y del Independent Forensic Expert Group, que evaluaron las necropsias para Human Rights Watch, se mostraron preocupados de que Medicina Legal no hubiera aplicado en esta investigación el protocolo de Minnesota, un mandato internacional que detalla cómo se deben llevar las pesquisas por ejecuciones extrajudiciales.
En 12 de los informes, los peritos especificaron que no había residuos de disparo en el cuerpo. De encontrarse, habrían sido indicio de que el arma fue accionada a poca distancia de las víctimas. En el resto de reportes no se hace referencia a si había o no rastros de los tiros. Solo en la necropsia de una de las víctimas, Henry Humberto Gómez Méndez, de 46 años, condenado por feminicidio y quien murió producto de un disparo en la parte baja posterior del cráneo, se dice que existió “confrontación con guardia y muerte”. No obstante, en el examen a su cuerpo el médico forense aclaró que no se hallaron residuos de pólvora.
En el caso, por ejemplo, de Euclides José Pérez, de 29 años, Medicina Legal escribió que “no tiene lesiones compatibles con patrones de lucha, sujeción o defensa”. Es decir, que no peleó. Mientras que en las necropsias de Diego Fernando Rodríguez Peña, de 25 años y sindicado de homicidio, se encontraron más golpes en una de las piernas, así como “signos en abdomen y espalda de que fue arrastrado”. Y en la de Diego Andrés Rodríguez Fuentes, de 23 años, se encontró que tenía golpes en el torso. Este diario conoció que este último, recluido en el ala norte de La Modelo por un delito menor, no tenía problemas con la gente de su patio.
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Según varios reclusos, luego de que la protesta escalara violentamente, se vieron riñas entre internos de diferentes patios que tenían peleas casadas desde antes. En un punto, un grupo de detenidos comenzó a gritar “¡libertad, libertad!”, y decían que se iban a fugar. Para ese momento ya se habían presentado motines similares en cárceles de Italia, Brasil, Argentina y otros países. Todos tratando de huirle al nuevo coronavirus. En un punto de la noche, en los celulares de los reclusos de La Modelo comenzaron a circular videos de cientos de sus compañeros caminando por los techos. “Parecía que iban a lograr fugarse”, le dijo un interno a este diario.
Esa imagen motivó, por ejemplo, a Campo Elías Carranza Sanabria a intentar huir. El hombre de 36 años era querido por sus compañeros de patio, no tenía problemas con los dragoneantes y redimía parte de su pena trabajando con artesanías de madera. Pero tenía una condena encima por secuestro extorsivo que lo mantendría en prisión por muchos años, sin importar cuánto trabajara. Se dice que sus últimas palabras fueron: “Yo de aquí me vuelo o me hago matar”. En La Modelo hay un rumor de que, en medio del caos, fue uno de los reclusos que logró hacerse a un arma de fuego. Murió por una bala en el tórax.
Medicina Legal también detalla en las necropsias que varios reclusos habrían muerto sin recibir asistencia médica alguna. Están los casos, por ejemplo, de Cirus David Rojas Ospina, de 24 años, quien murió por no haber controlado la pérdida de sangre que le provocaron dos balas, una en la pelvis y otra en el abdomen, y “no tiene huella de tratamiento médico”. El de Jhon Fredy Peña Jiménez, de 32 años, a quien una bala en la pierna le fracturó varios huesos y en su necropsia se lee: “Sin signos de atención médica”. Y el de Andrés Felipe Melo Sánchez, de 26 años, que murió desangrado por un tiro en el brazo y con su camiseta atada en la herida en un intento de frenar la sangre.
Aunque Medicina Legal no aclara en esta última necropsia si hay indicios o no de que Melo Sánchez haya recibido asistencia médica, lo que cuentan reclusos y guardias de La Modelo es que solo hacia las 2 de la mañana el Inpec pudo retomar el control sobre la prisión. “La cárcel era de los presos”, dijo un interno. Entre ellos fueron ayudando a los heridos y poniendo los cuerpos en el centro de cada patio, según cuentan personas que estuvieron allí. En algunos patios habrían sido funcionarios del Inpec los que movieron los cuerpos.
El senador Iván Cepeda y el Comité de Solidaridad con Presos Políticos pusieron estos hechos en conocimiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) desde marzo pasado y han estado acompañando a algunos afectados. El senador del Polo le dijo a este diario que la CIDH ya le pidió información del caso al Estado colombiano, y que, aunque desde el comienzo vienen denunciando que lo ocurrido en la cárcel La Modelo podría quedar en la impunidad, las necropsias ahora muestran que, “hubo toda la intención de aleccionar a los reclusos al comienzo de la pandemia para cesar cualquier intento de protesta en un futuro. Y lo lograron”.
En la Procuraduría están próximos a tomar decisiones en el caso y en pocos días se espera que llegue al despacho de Fernando Carrillo un informe que resumirá todos los hechos de la noche del 21 de marzo en La Modelo. Human Rights Watch expresó su preocupación porque, a partir de enero próximo, quien tomará las riendas de esa entidad es Margarita Cabello, justamente quien, durante el motín, era la máxima autoridad del Inpec como ministra de Justicia. No obstante, por el funcionamiento propio del Ministerio Público, el caso no tendría que llegar a sus manos y este diario supo que en el empalme que hicieron Carrillo y Cabello no se habló de ningún caso específico, ni siquiera de este que la toca directamente.